México no extraditará a ‘El Chapo’ Guzmán en el corto plazo
La recaptura del capo descongela los procesos judiciales que tiene en México, donde puede estar algunos meses antes de ir a EE UU
Luis Pablo Beauregard
México, El País
Con la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, se pone en duda si el Gobierno mexicano decidirá extraditarlo a Estados Unidos o intentará retenerlo en las prisiones mexicanas de máxima seguridad, de donde el narcotraficante se ha fugado en dos ocasiones. El equipo legal del criminal ha anunciado su intención de sembrar nuevamente de amparos el intrincado camino que la Fiscalía mexicana debe seguir para entregar al capo a Washington, lo que hace difícil que la extradición se logre en el corto plazo.
El Chapo y su defensa urdieron una estrategia legal para impedir la extradición meses después de haber sido capturado por segunda ocasión en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa. En enero de 2015 su equipo legal tramitó dos amparos para frenar su envío a Estados Unidos, donde tiene expedientes abiertos en cortes de siete estados y donde se le han girado ocho órdenes de aprehensión desde 1995. La ofensiva jurídica le hizo ganar tiempo para que el 11 de julio de 2015 El Chapo pudiera escapar de la cárcel por un túnel, poniendo en ridículo al Gobierno que lo capturó. Ya fugado, en octubre del año pasado, un juez le otorgó una nueva suspensión provisional a la extradición que impedía a las autoridades moverlo a otro reclusorio. Estos amparos ya han sido sobreseídos, pero la Fiscalía mexicana ha dicho que otros "siguen en trámite".
Extradiciones inmediatas
Son pocos los narcotraficantes mexicanos que han sido puestos en manos estadounidenses inmediatamente después de su detención. Uno de ellos fue Juan García Abrego, uno de los fundadores del Cártel del Golfo. Fue detenido en 1996 y deportado rápidamente porque tenía la ciudadanía estadounidense. Ahora cumple una pena de once cadenas perpetuas en la ADX Florence, de Colorado, una prisión de máxima seguridad en Colorado. Francisco Javier Arellano Félix, del cártel de Tijuana, también fue enviado al norte después de haber sido detenido en 2006 por agentes de la DEA, la agencia antidrogas, en aguas internacionales.
“El Chapo no puede ser extraditado inmediatamente”, dice Ricardo Sánchez Reyes Retana, un abogado que tiene experiencia en casos de delincuencia organizada. Cuando Guzmán se fugó a través del túnel que sus hombres cavaron debajo de la prisión del Altiplano, los procesos penales que tenía abiertos en México en su contra se suspendieron. Su recaptura los ha reanudado, incluyendo dos peticiones de extradición hechas por Estados Unidos en junio y agosto de 2015. Un proceso de este tipo, señala el abogado, toma un año y medio en concretarse. Sin embargo, la intervención de la oficina jurídica de la presidencia podría acelerar el proceso.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha explicado este sábado en un comunicado que los procesos de extradición han sido reanudados. "El reclamado contará con un término de tres días para oponer expeciones y 20 días más para probarlas", señala el texto. Este último plazo puede ser extendido. Después de eso, un juez de distrito en materia de procesos federales debe dar su opinión después de valorar la conveniencia o no de enviarlo al norte. El expediente deberá de ser validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tiene 20 días para emitir los acuerdos de extradición.
“Si el juez concluye que Guzmán es extraditable, no se le tiene que entregar a Estados Unidos inmediatamente”, explica Sánchez Reyes Retana. Aquí es donde entra el valor político de un caso judicial. El Gobierno de Enrique Peña Nieto no desea mostrar debilidad. “Sería un error extraditarlo ahora. Mostraría que México es muy vulnerable, que no confiamos en nuestras instituciones y que la presión que ejerce Estados Unidos tiene efectos inmediatos”, afirma Eduardo Guerrero, un especialista en seguridad nacional que trabajó en las áreas de inteligencia en el Gobierno de Felipe Calderón. Ambos consideran que Guzmán estará al menos seis meses en México antes de ser enviado a Estados Unidos. “El Chapo tiene información de la estructura criminal que debe ser conocida por agentes de seguridad en México”, considera Guerrero.
La Fiscalía (PGR) mexicana deberá operar con mucha cautela el proceso en contra del criminal. “Deben ser cuidadosos para que no haya acusaciones de faltas al debido proceso”, afirma Guerrero. Errores de procedimiento cometidos por la procuraduría han dejado en libertad a otros delincuentes. Uno de los casos recientes es el de Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue liberado en dos ocasiones por imprecisiones del ministerio público.
El viernes el júbilo y el triunfalismo marcaron los anuncios de la captura que hicieron el presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete. El mandatario no mencionó en su breve discurso en Palacio Nacional el reclamo que Estados Unidos ha hecho del capo. Tampoco lo comentaron más tarde Miguel Ángel Osorio Chong, ministro de Gobernación (Interior), ni la fiscal Gómez, que no mencionó la palabra extradición en su informe de la captura. Los ministros, en cambio, destacaron la fortaleza de las instituciones en México.
La fuga de El Chapo en julio de 2015 obligó a Peña Nieto a corregir su política de extradiciones. A su llegada a la presidencia, en 2012, disminuyó el ritmo de envíos de criminales a Estados Unidos que mantuvo su antecesor, Felipe Calderón. “Este Gobierno fue muy soberbio al principio, lo que provocó un enfriamiento con Washington en materia de seguridad”, afirma Guerrero.
En octubre de 2015, México rectificó y mandó a Estados Unidos a 13 criminales de alta peligrosidad. Entre ellos estaba Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, detenido en agosto de 2010. Esta semana, este sanguinario sicario del cártel de los Beltrán Leyva se declaró culpable en un tribunal de Atlanta, Georgia, de traficar drogas y de haber blanqueado dinero. Está por verse si México podrá ver a El Chapo, su más grande capo, admitir sus crímenes frente a un tribunal de Estados Unidos.
México, El País
Con la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, se pone en duda si el Gobierno mexicano decidirá extraditarlo a Estados Unidos o intentará retenerlo en las prisiones mexicanas de máxima seguridad, de donde el narcotraficante se ha fugado en dos ocasiones. El equipo legal del criminal ha anunciado su intención de sembrar nuevamente de amparos el intrincado camino que la Fiscalía mexicana debe seguir para entregar al capo a Washington, lo que hace difícil que la extradición se logre en el corto plazo.
El Chapo y su defensa urdieron una estrategia legal para impedir la extradición meses después de haber sido capturado por segunda ocasión en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa. En enero de 2015 su equipo legal tramitó dos amparos para frenar su envío a Estados Unidos, donde tiene expedientes abiertos en cortes de siete estados y donde se le han girado ocho órdenes de aprehensión desde 1995. La ofensiva jurídica le hizo ganar tiempo para que el 11 de julio de 2015 El Chapo pudiera escapar de la cárcel por un túnel, poniendo en ridículo al Gobierno que lo capturó. Ya fugado, en octubre del año pasado, un juez le otorgó una nueva suspensión provisional a la extradición que impedía a las autoridades moverlo a otro reclusorio. Estos amparos ya han sido sobreseídos, pero la Fiscalía mexicana ha dicho que otros "siguen en trámite".
Extradiciones inmediatas
Son pocos los narcotraficantes mexicanos que han sido puestos en manos estadounidenses inmediatamente después de su detención. Uno de ellos fue Juan García Abrego, uno de los fundadores del Cártel del Golfo. Fue detenido en 1996 y deportado rápidamente porque tenía la ciudadanía estadounidense. Ahora cumple una pena de once cadenas perpetuas en la ADX Florence, de Colorado, una prisión de máxima seguridad en Colorado. Francisco Javier Arellano Félix, del cártel de Tijuana, también fue enviado al norte después de haber sido detenido en 2006 por agentes de la DEA, la agencia antidrogas, en aguas internacionales.
“El Chapo no puede ser extraditado inmediatamente”, dice Ricardo Sánchez Reyes Retana, un abogado que tiene experiencia en casos de delincuencia organizada. Cuando Guzmán se fugó a través del túnel que sus hombres cavaron debajo de la prisión del Altiplano, los procesos penales que tenía abiertos en México en su contra se suspendieron. Su recaptura los ha reanudado, incluyendo dos peticiones de extradición hechas por Estados Unidos en junio y agosto de 2015. Un proceso de este tipo, señala el abogado, toma un año y medio en concretarse. Sin embargo, la intervención de la oficina jurídica de la presidencia podría acelerar el proceso.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha explicado este sábado en un comunicado que los procesos de extradición han sido reanudados. "El reclamado contará con un término de tres días para oponer expeciones y 20 días más para probarlas", señala el texto. Este último plazo puede ser extendido. Después de eso, un juez de distrito en materia de procesos federales debe dar su opinión después de valorar la conveniencia o no de enviarlo al norte. El expediente deberá de ser validado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tiene 20 días para emitir los acuerdos de extradición.
“Si el juez concluye que Guzmán es extraditable, no se le tiene que entregar a Estados Unidos inmediatamente”, explica Sánchez Reyes Retana. Aquí es donde entra el valor político de un caso judicial. El Gobierno de Enrique Peña Nieto no desea mostrar debilidad. “Sería un error extraditarlo ahora. Mostraría que México es muy vulnerable, que no confiamos en nuestras instituciones y que la presión que ejerce Estados Unidos tiene efectos inmediatos”, afirma Eduardo Guerrero, un especialista en seguridad nacional que trabajó en las áreas de inteligencia en el Gobierno de Felipe Calderón. Ambos consideran que Guzmán estará al menos seis meses en México antes de ser enviado a Estados Unidos. “El Chapo tiene información de la estructura criminal que debe ser conocida por agentes de seguridad en México”, considera Guerrero.
La Fiscalía (PGR) mexicana deberá operar con mucha cautela el proceso en contra del criminal. “Deben ser cuidadosos para que no haya acusaciones de faltas al debido proceso”, afirma Guerrero. Errores de procedimiento cometidos por la procuraduría han dejado en libertad a otros delincuentes. Uno de los casos recientes es el de Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, el capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue liberado en dos ocasiones por imprecisiones del ministerio público.
El viernes el júbilo y el triunfalismo marcaron los anuncios de la captura que hicieron el presidente Enrique Peña Nieto y su Gabinete. El mandatario no mencionó en su breve discurso en Palacio Nacional el reclamo que Estados Unidos ha hecho del capo. Tampoco lo comentaron más tarde Miguel Ángel Osorio Chong, ministro de Gobernación (Interior), ni la fiscal Gómez, que no mencionó la palabra extradición en su informe de la captura. Los ministros, en cambio, destacaron la fortaleza de las instituciones en México.
La fuga de El Chapo en julio de 2015 obligó a Peña Nieto a corregir su política de extradiciones. A su llegada a la presidencia, en 2012, disminuyó el ritmo de envíos de criminales a Estados Unidos que mantuvo su antecesor, Felipe Calderón. “Este Gobierno fue muy soberbio al principio, lo que provocó un enfriamiento con Washington en materia de seguridad”, afirma Guerrero.
En octubre de 2015, México rectificó y mandó a Estados Unidos a 13 criminales de alta peligrosidad. Entre ellos estaba Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, detenido en agosto de 2010. Esta semana, este sanguinario sicario del cártel de los Beltrán Leyva se declaró culpable en un tribunal de Atlanta, Georgia, de traficar drogas y de haber blanqueado dinero. Está por verse si México podrá ver a El Chapo, su más grande capo, admitir sus crímenes frente a un tribunal de Estados Unidos.
