Maduro se aferra al Supremo para neutralizar a la oposición
La oposición analiza cómo responder a la sentencia que declara en desacato al Parlamento por dejar tomar posesión a tres diputados
Alfredo Meza
Caracas, El País
El Gobierno venezolano ahondó este martes en el enfrentamiento con el Parlamento, de mayoría opositora, con un desafío inédito. El presidente Nicolás Maduro no presentará el viernes su mensaje anual a la nación desde el hemiciclo, como lo obliga la Constitución, mientras la Asamblea Nacional no retire a los tres diputados cuya elección está recurrida. La oposición analiza cómo responder a la sentencia que declara en desacato al Parlamento por dejarles tomar posesión.
“El presidente Maduro ha dicho que se apega a la legalidad”, defendió el martes el diputado oficialista Pedro Carreño. “El mensaje anual debe darse según indica la Constitución. Pero si la Asamblea no entra en razón, tendrá que celebrarse en otra parte”, agregó el también diputado Diosdado Cabello en apoyo de la posición que defiende el oficialismo desde que el lunes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional. Cabello transmitió que el Supremo puede asumir los poderes del Parlamento.
La decisión judicial vino en respuesta a un recurso presentado hace una semana por la bancada oficialista en la que pedía al Supremo que se pronunciara sobre la presunta inconstitucionalidad del acto de jura del cargo de los asambleístas opositores cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender cautelarmente tras las elecciones del pasado diciembre.
En rigor, la toma de posesión del escaño de los diputados Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, del Estado de Amazonas, fue apenas un acto simbólico, pero de enorme trascendencia para los electores opositores y para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que agrupa a los partidos contrarios al régimen de Caracas. La oposición había prometido juramentarlos porque considera írritas las decisiones del Supremo, controlado por el Gobierno. No obstante, esos tres votos pendientes del recurso electoral aún por resolver no se sumaron a la cuenta opositora en los acuerdos aprobados aquella jornada en la segunda sesión plenaria de la nueva Cámara.
La bancada chavista ha considerado esa jura del cargo de los tres diputados como un desafío a los otros poderes y ha colocado a la oposición en un dilema. Seguir avanzando como hasta ahora o anular la incorporación a la Asamblea Nacional de los diputados, como lo exige la sentencia del Supremo, para que la Cámara no termine convertida en la práctica en un foro donde se discutan asuntos políticos sin ningún valor legal.
El dilema de la MUD
Ese dilema pareció haberse instalado con la suspensión de la sesión plenaria convocada para el martes. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, se negó a comentar las razones y solo se refirió a la falta de quórum para celebrar la sesión. Según fuentes de la oposición, ésta busca unificar sus criterios ante las cartas echadas por el Gobierno.
Algunos diputados son partidarios de evitar las confrontaciones no sustantivas y terminar de conquistar al electorado que les apoyó en diciembre elaborando leyes que beneficien a la amplia clientela descontenta con el chavismo. Otro grupo, sin dejar de apoyar esa idea, tiene como prioridad hacer respetar el amplio resultado electoral y avanzar en la recuperación de la identidad republicana de Venezuela.
Con el amparo judicial, que impide que la oposición tenga los dos tercios de la Cámara, el chavismo ha evitado que sus adversarios puedan avanzar en cumplir el objetivo mayor que se ha planteado para los próximos meses: decidir con cuál de las fórmulas establecidas en la Carta Magna sustituye al régimen de Nicolás Maduro. Al bloquear la Asamblea también ha trasladado la lucha política a la interpretación de la gaseosa Constitución venezolana, cuyas lagunas permiten a quien controle al Supremo conseguir interpretaciones que se conviertan en jurisprudencia.
El chavismo se ha apegado en esta hora al artículo de la Carta Magna que describe las atribuciones de la Sala Constitucional del Supremo. En el criterio de los juristas que asesoran a la bancada chavista esa instancia puede asumir las competencias del Parlamento cuando este entre en desacato.
En esa línea, Diosdado Cabello, que fue presidente del Parlamento, leyó el martes a la prensa un apartado sobre las atribuciones de la Sala Constitucional con el que defendió que esa instancia puede decidir y sustituir a otros poderes del Estado.
Al chavismo le interesa una pronta decisión del Supremo. Es el Parlamento el que decide si se aprueban o no los créditos adicionales para el pago de la nómina y los proyectos del Gobierno central.
Entrada la tarde en Venezuela, la oposición discutía qué estrategia seguir: si retirar la proclamación a los diputados del Estado de Amazonas para continuar con sus planes o continuar enfrentándose a lo que hasta ahora califican como un desconocimiento flagrante del resultado de las elecciones de diciembre.
Caracas, El País
El Gobierno venezolano ahondó este martes en el enfrentamiento con el Parlamento, de mayoría opositora, con un desafío inédito. El presidente Nicolás Maduro no presentará el viernes su mensaje anual a la nación desde el hemiciclo, como lo obliga la Constitución, mientras la Asamblea Nacional no retire a los tres diputados cuya elección está recurrida. La oposición analiza cómo responder a la sentencia que declara en desacato al Parlamento por dejarles tomar posesión.
“El presidente Maduro ha dicho que se apega a la legalidad”, defendió el martes el diputado oficialista Pedro Carreño. “El mensaje anual debe darse según indica la Constitución. Pero si la Asamblea no entra en razón, tendrá que celebrarse en otra parte”, agregó el también diputado Diosdado Cabello en apoyo de la posición que defiende el oficialismo desde que el lunes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional. Cabello transmitió que el Supremo puede asumir los poderes del Parlamento.
La decisión judicial vino en respuesta a un recurso presentado hace una semana por la bancada oficialista en la que pedía al Supremo que se pronunciara sobre la presunta inconstitucionalidad del acto de jura del cargo de los asambleístas opositores cuyas proclamaciones el máximo tribunal había ordenado suspender cautelarmente tras las elecciones del pasado diciembre.
En rigor, la toma de posesión del escaño de los diputados Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla, del Estado de Amazonas, fue apenas un acto simbólico, pero de enorme trascendencia para los electores opositores y para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que agrupa a los partidos contrarios al régimen de Caracas. La oposición había prometido juramentarlos porque considera írritas las decisiones del Supremo, controlado por el Gobierno. No obstante, esos tres votos pendientes del recurso electoral aún por resolver no se sumaron a la cuenta opositora en los acuerdos aprobados aquella jornada en la segunda sesión plenaria de la nueva Cámara.
La bancada chavista ha considerado esa jura del cargo de los tres diputados como un desafío a los otros poderes y ha colocado a la oposición en un dilema. Seguir avanzando como hasta ahora o anular la incorporación a la Asamblea Nacional de los diputados, como lo exige la sentencia del Supremo, para que la Cámara no termine convertida en la práctica en un foro donde se discutan asuntos políticos sin ningún valor legal.
El dilema de la MUD
Ese dilema pareció haberse instalado con la suspensión de la sesión plenaria convocada para el martes. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, se negó a comentar las razones y solo se refirió a la falta de quórum para celebrar la sesión. Según fuentes de la oposición, ésta busca unificar sus criterios ante las cartas echadas por el Gobierno.
Algunos diputados son partidarios de evitar las confrontaciones no sustantivas y terminar de conquistar al electorado que les apoyó en diciembre elaborando leyes que beneficien a la amplia clientela descontenta con el chavismo. Otro grupo, sin dejar de apoyar esa idea, tiene como prioridad hacer respetar el amplio resultado electoral y avanzar en la recuperación de la identidad republicana de Venezuela.
Con el amparo judicial, que impide que la oposición tenga los dos tercios de la Cámara, el chavismo ha evitado que sus adversarios puedan avanzar en cumplir el objetivo mayor que se ha planteado para los próximos meses: decidir con cuál de las fórmulas establecidas en la Carta Magna sustituye al régimen de Nicolás Maduro. Al bloquear la Asamblea también ha trasladado la lucha política a la interpretación de la gaseosa Constitución venezolana, cuyas lagunas permiten a quien controle al Supremo conseguir interpretaciones que se conviertan en jurisprudencia.
El chavismo se ha apegado en esta hora al artículo de la Carta Magna que describe las atribuciones de la Sala Constitucional del Supremo. En el criterio de los juristas que asesoran a la bancada chavista esa instancia puede asumir las competencias del Parlamento cuando este entre en desacato.
En esa línea, Diosdado Cabello, que fue presidente del Parlamento, leyó el martes a la prensa un apartado sobre las atribuciones de la Sala Constitucional con el que defendió que esa instancia puede decidir y sustituir a otros poderes del Estado.
Al chavismo le interesa una pronta decisión del Supremo. Es el Parlamento el que decide si se aprueban o no los créditos adicionales para el pago de la nómina y los proyectos del Gobierno central.
Entrada la tarde en Venezuela, la oposición discutía qué estrategia seguir: si retirar la proclamación a los diputados del Estado de Amazonas para continuar con sus planes o continuar enfrentándose a lo que hasta ahora califican como un desconocimiento flagrante del resultado de las elecciones de diciembre.
