Jóvenes de América Latina, los nuevos enemigos de la corrupción

Diferentes organizaciones juveniles se movilizan en la región para atacar este flagelo que impide el desarrollo pleno de sus sociedades

Rosario García Crespo
Lima, El País
En los últimos años, la lucha contra la corrupción se ubica en los primeros tres lugares como la principal preocupación en las sociedades latinoamericanas. El abuso de poder en el uso de fondos públicos para beneficio de los funcionarios y miembros de los gobiernos es uno de los problemas más graves para el desarrollo.


Según los Indicadores de Gobernanza Mundial, elaborados por el Banco Mundial, Latinoamérica se sitúa por detrás de América del Norte, Europa y Asia Central, y Asia Oriental y el Pacífico en control de la corrupción, con 52 puntos sobre 100.

La corrupción destruye la confianza de los cuidadanos en la gestión y la eficiencia del sector público, ya que permite que los recursos del Estado, aportados por todos los ciudadanos, caigan en manos privadas, afectando la calidad de los servicios públicos y debilitando las instituciones. En un continente acostumbrado a la corrupción y con una ciudadanía resignada y convencida de que “nada va a cambiar”, son varias las iniciativas impulsadas por jóvenes que están aflorando. Unos jóvenes inconformes y convencidos de que una democracia más limpia y transparente es posible.

Pablo Montes tiene 23 años y es director general de Democracia Primero, una agrupación juvenil que tiene el objetivo de impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas mediante el mejoramiento de la cultura democrática de los jóvenes mexicanos. Democracia Primero imparte “Talleres de Formación Ciudadana” en escuelas y universidades, a jóvenes de entre 14 y 20 años, sobre los aspectos básicos de la democracia.

En ellos tratan temas como la importancia de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de dar a conocer a los jóvenes sus derechos y evitar que sean extorsionados por autoridades. Pablo indica que la edad de los jóvenes a los que se dirigen es clave “porque van a comenzar a ejercer la ciudadanía y son los que tienen que tener más formados unos valores democráticos”.

“Mostramos los costos que la corrupción tiene en México y cómo ellos pueden ser un factor de cambio. En México se nos dice que la corrupción está muy arraigada. Justamente ellos, que no han formado parte todavía de actos corruptos, pueden detonar este cambio al decir que no”, añade.

La idea de Democracia Primero fue concebida, junto con un grupo de amigos, hace aproximadamente un año. Desarrollaron los contenidos y elaboraron un manual de procedimiento, el cual entregan a los directores de las escuelas para que se familiaricen con la propuesta. Posteriormente, documentan los talleres y encuestan a alumnos, directores y padres con el objetivo de poder medir el impacto y plantear un plan de acción al Gobierno mexicano. “La idea es generar la política pública para poder demostrar al gobierno que puede funcionar”, señala Pablo.
Núcleos anticorrupción

Una iniciativa similar a los Talleres de Formación Ciudadana es la Red Nacional Anticorrupción (RNA) en Perú, que nació en 2009 impulsada por la ONG Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. La RNA apuesta por crear y fortalecer núcleos anticorrupción de la sociedad civil en cada región del país, como respuesta a la desconfianza, indiferencia y falta de formación que se manifiesta en la sociedad civil frente a la lucha contra la corrupción.

Los miembros de los núcleos regionales de la RNA están conformados por representantes de organizaciones sociales, periodistas y estudiantes universitarios, que son capacitados de manera periódica en la Escuela Anticorrupción y cuentan con el acompañamiento técnico y el respaldo institucional de Proética para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y poner la corrupción en la agenda política local y nacional.

A sus 24 años, David Riveros es director ejecutivo y presidente de Reacción Paraguay, una organización de la sociedad civil situada en Ciudad del Este. Reacción Paraguay nació en 2009 como respuesta a un hecho de corrupción en la escuela de David, de la que era presidente del centro de estudiantes. Seis años después, se ha convertido en una de las principales organizaciones promotoras de participación ciudadana, transparencia y buena gobernanza del país. En 2015 han monitoreado las elecciones de 10 municipios y monitorearán los primeros 100 días de los gobiernos surgidos de esos comicios.

Además, con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad USAID-CEAMSO, han organizado el primer taller de Datos Abiertos en el interior del país. En 2014 ganaron un concurso con financiamiento de Transparencia Internacional, gracias al cual han desarrollado el primer monitoreo de ejecución física con datos abiertos que se realiza en Paraguay para investigar el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), y acaban de ganar el hackaton InnovandoPy del gobierno paraguayo para desarrollar una herramienta web y móvil basada en datos abiertos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay que facilitará información a los pacientes sobre la ubicación de establecimientos de salud, los medicamentos existentes, y reportar la ausencia de medicamentos y personal.

“La primera generación nacida en democracia en Paraguay. Una generación que manifiesta tener tolerancia cero a la corrupción”, pero “es difícil ver todavía el alcance de este cambio generacional en cuanto a la aplicación de la conciencia cívica”, afirma Riveros.

También destaca el papel fundamental de las tecnologías como potenciadoras del cambio, ya que “esta conciencia cívica es mucho más informada gracias a internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, y por la apertura que hay a conocer lo que se está haciendo en todo el mundo”.

Los objetivos de desarrollo del Banco Mundial están relacionados con la lucha contra la corrupción. Durante el pasado año, la Vicepresidencia de Integridad Institucional del organismo capacitó a más de 1000 personas, entre funcionarios de la institución, funcionarios públicos y contratistas para identificar señales de alerta y gestionar los riesgos contra la integridad. La detección temprana y la pronta acción de los equipos a cargo de los proyectos permitieron evitar que se otorgaran aproximadamente US$ 138 millones a empresas que habían intentado incurrir en conductas indebidas.

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