Hollande quiere más poderes permanentes para la policía
El presidente admite que "el estado de excepción no tiene vocación de durar en democracia"
Ana Teruel
París, El País
Al mismo tiempo que un individuo inspirado por el Estado Islámico intentaba atacar una comisaría al norte de París, el presidente francés, François Hollande, se encontraba en la jefatura de la policía de París para rendir homenaje a los tres agentes muertos en los atentados de enero de 2015 y felicitar el año a los cuerpos de seguridad. Estos efectivos se encuentran en primera línea en la lucha contra el terrorismo y por ello, pasado el estado de excepción, el mandatario anunció su voluntad de reforzar sus poderes de forma permanente. “Para hacer frente a este desafío, necesitáis disponer de los medios necesarios”, señaló.
La instauración del estado de excepción, decretado tras los atentados del 13 de noviembre y en vigor hasta finales de febrero, ha permitido la apertura de 25 investigaciones judiciales directamente relacionadas con el terrorismo, según Hollande. Se han incautado unas 400 armas, de las que unas 40 son armas de guerra. Pero el estado de excepción “no tiene vocación de durar en una democracia”, aseguró el mandatario. Por ello anunció su voluntad de poner en marcha nuevas medidas que otorguen mayor poder de actuación a las fuerzas de seguridad.
En primer lugar, adelantó la necesidad de poner bajo arresto domiciliario a los retornados de Siria y de Irak “por un tiempo limitado”. “La mayoría están bajo control judicial, pero no todos”, indicó. Según el proyecto de ley que el ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado para recabar su opinión antes de aprobarse en Consejo de Ministros a principios de febrero y al que ha tenido acceso el diario Le Monde, prevé que la medida —el arresto se limita a 12 horas diarias y tres controles en comisaría por semana— se pueda dictar por decisión del Ministerio del Interior contra quienes no hay elementos suficientes para abrir una investigación judicial. En su discurso, Hollande insistió sin embargo en que “todas estas medidas estarán sometidas a control judicial”.
Otra pista evocada es la posibilidad para los agentes de realizar registros a vehículos y controles de identidad a personas en los perímetros de seguridad de lugares considerados sensibles. La nueva ley ampliará también y detallará las condiciones en las que los policías pueden hacer uso de sus armas para frenar la huida de posibles terroristas. Hollande mencionó también la necesidad de aumentar la lucha contra el tráfico de armas y la vigilancia de los flujos financieros.
Hollande ha recordado que de aquí a 2017 se aumentará en 5.000 el número de policías y gendarmes, a los que se sumarán unos 2.000 agentes para los servicios de inteligencia. El pasado año, se dictaron 200 prohibiciones de abandonar el territorio nacional, se impidió la entrada a más de 50 personas y se bloqueó el acceso a casi un centenar de páginas en Internet que hacían la apología del terrorismo.
Las filtraciones sobre el proyecto de ley provocaron reacciones de inmediato. Los representantes de los principales sindicatos llamaron a mantener el equilibrio entre seguridad y libertades públicas. “Para luchar contra el terrorismo, necesitamos más medios para las fuerzas de seguridad pero no deben suponer menos libertades para los ciudadanos y las organizaciones”, declaró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General de Trabajadores.
Ana Teruel
París, El País
Al mismo tiempo que un individuo inspirado por el Estado Islámico intentaba atacar una comisaría al norte de París, el presidente francés, François Hollande, se encontraba en la jefatura de la policía de París para rendir homenaje a los tres agentes muertos en los atentados de enero de 2015 y felicitar el año a los cuerpos de seguridad. Estos efectivos se encuentran en primera línea en la lucha contra el terrorismo y por ello, pasado el estado de excepción, el mandatario anunció su voluntad de reforzar sus poderes de forma permanente. “Para hacer frente a este desafío, necesitáis disponer de los medios necesarios”, señaló.
La instauración del estado de excepción, decretado tras los atentados del 13 de noviembre y en vigor hasta finales de febrero, ha permitido la apertura de 25 investigaciones judiciales directamente relacionadas con el terrorismo, según Hollande. Se han incautado unas 400 armas, de las que unas 40 son armas de guerra. Pero el estado de excepción “no tiene vocación de durar en una democracia”, aseguró el mandatario. Por ello anunció su voluntad de poner en marcha nuevas medidas que otorguen mayor poder de actuación a las fuerzas de seguridad.
En primer lugar, adelantó la necesidad de poner bajo arresto domiciliario a los retornados de Siria y de Irak “por un tiempo limitado”. “La mayoría están bajo control judicial, pero no todos”, indicó. Según el proyecto de ley que el ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado para recabar su opinión antes de aprobarse en Consejo de Ministros a principios de febrero y al que ha tenido acceso el diario Le Monde, prevé que la medida —el arresto se limita a 12 horas diarias y tres controles en comisaría por semana— se pueda dictar por decisión del Ministerio del Interior contra quienes no hay elementos suficientes para abrir una investigación judicial. En su discurso, Hollande insistió sin embargo en que “todas estas medidas estarán sometidas a control judicial”.
Otra pista evocada es la posibilidad para los agentes de realizar registros a vehículos y controles de identidad a personas en los perímetros de seguridad de lugares considerados sensibles. La nueva ley ampliará también y detallará las condiciones en las que los policías pueden hacer uso de sus armas para frenar la huida de posibles terroristas. Hollande mencionó también la necesidad de aumentar la lucha contra el tráfico de armas y la vigilancia de los flujos financieros.
Hollande ha recordado que de aquí a 2017 se aumentará en 5.000 el número de policías y gendarmes, a los que se sumarán unos 2.000 agentes para los servicios de inteligencia. El pasado año, se dictaron 200 prohibiciones de abandonar el territorio nacional, se impidió la entrada a más de 50 personas y se bloqueó el acceso a casi un centenar de páginas en Internet que hacían la apología del terrorismo.
Las filtraciones sobre el proyecto de ley provocaron reacciones de inmediato. Los representantes de los principales sindicatos llamaron a mantener el equilibrio entre seguridad y libertades públicas. “Para luchar contra el terrorismo, necesitamos más medios para las fuerzas de seguridad pero no deben suponer menos libertades para los ciudadanos y las organizaciones”, declaró Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General de Trabajadores.
