García Linera admite que fue un error no controlar más el Fondo Indígena
El vicepresidente Álvaro García Linera admitió ayer que fue un error del Gobierno no ejercer un mayor control en la administración de recursos del Fondo Indígena. Sin embargo, dijo que no protegerán ni defenderán a nadie que tenga responsabilidad sobre los recursos que "se perdieron”.
"El segundo error es no haber ejercido un mayor control en los recursos del Fondo Indígena. Es un dinero que (se presupuestó) desde antes de nosotros por la venta de gas”, afirmó el Vicepresidente en una entrevista que concedió ayer a Bolivisión. El primer error -dijo- fue la elección de autoridades judiciales por voto popular.
García Linera explicó que el gobierno del MAS "heredó” el Fondo Indígena porque esta entidad fue creada por decreto (28571 del 22 de diciembre de 2005) en el gobierno del expresidente y ahora agente de Bolivia ante la Corte de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.
El Fondo Indígena fue creado -indica el decreto- con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas y para cumplir ese objetivo recibe un 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
"La administración quedó en manos de los dirigentes sociales, los hermanos, que por decreto de Rodríguez tenían la obligación de administrar esos recursos y no tomaron en cuenta los procedimientos que por lo general se utilizan para administrar recursos públicos, no puedes utilizar en cuentas personales, tienes que rendir cuentas de los desembolsos”, argumentó.
La mala administración de los recursos de los dirigentes del Fondo -según García Linera- se debe a dos factores: "No aprendieron” los procedimientos administrativos de la entidad de financiamiento o "no se informaron lo suficiente”.
"Eso dio lugar a lo que ahora conocemos: un uso discrecional de los recursos del Fondo Indígena. Hay como dos millones y medio que se han perdido y utilizado en obras ‘fantasma’. Esa parte también uno tiene que admitirla como un error”, explicó García Linera.
El decreto de creación del Fondo Indígena, recientemente abrogado, también señala que el directorio del Fondo Indígena estaba conformado por representantes de ocho organizaciones sociales y de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de la Presidencia, de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación y de Medio Ambiente.
Declaraciones positivas
Héctor Castellón, abogado de Marco Aramayo, detenido preventivamente en San Pedro por el caso Fondioc, calificó de positivas las declaraciones de García Linera y dijo que es "el primer paso que demuestra que todas nuestras denuncias no fueron falsas y que la investigación está mal hecha”.
"Lo vemos con buenos ojos porque el Gobierno se da cuenta que las investigaciones no se están realizando bien; la humilde aseveración del Vicepresidente da cuenta que ha reconocido un elemento importante”, afirmó.
Aramayo informó que en su gestión de director del Fondioc inició, de septiembre 2013 a diciembre de 2014, 12 procesos penales que fueron de conocimiento del directorio presidido por la exministra Nemesia Achacollo.
"Otra vez informé en enero de 2015 en la rendición pública de cuentas, pero Achacollo nunca se adhirió como querellante y lo anecdótico fue que Lariza Fuentes (liquidadora del Fondioc) ahora me acusa por los mismos 12 casos penales que yo inicié en la Fiscalía”, denunció Aramayo.
Críticas al caso
Investigación El presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado, Óscar Ortiz, afirmó que no existe la voluntad de procesar a los verdaderos responsables del Fondo Indígena y lamentó que la justicia no sea igual para todos, porque los principales dirigentes del MAS aún gozan de la protección del gobierno.
Antecedentes En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas. Posteriormente, en agosto del mismo año, tras seis meses de intervención al Fondioc, Lariza Fuentes informó un daño económico de 102,2 millones de bolivianos. El daño total alcanza a 173,2 millones.
Envían a Vásquez a Patacamaya
La jueza II de Instrucción en lo Penal Cautelar, Lía Cardozo, determinó ayer la detención preventiva para el asambleísta departamental de Cochabamba por el MAS Henry Vásquez en el penal de Patacamaya (La Paz), por su vinculación en dos proyectos "fantasma” del ex Fondo Indígena.
"La jueza ha dictado detención preventiva porque Vásquez no ha acreditado legalmente la actividad laboral que cumple”, explicó el abogado de la parte querellante, Eduardo León.
Por su parte, el fiscal Ángel Saravia explicó que se imputó a Vásquez por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
El asambleísta del MAS está presuntamente implicado en el informe de la Intervención del Fondo Indígena, en dos proyectos fantasma: uno de fortalecimiento de la gestión de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la implementación de unidades operativas para el acompañamiento de la década productiva comunitaria, por un total de 1.599.300 bolivianos, según reportó ayer la agencia gubernamental ABI.
