El proceso de extradición de ‘El Chapo’ Guzmán tomará al menos un año
La Agencia de Investigación Criminal ha notificado al capo de que EE UU lo reclama
Luis Pablo Beauregard
México, El País
México ha iniciado el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Miembros de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Interpol notificaron al capo del cartel de Sinaloa que EE UU lo reclama mediante dos órdenes de detención con fines de extradición. Es el inicio de un proceso judicial que podría concluir con El Chapo en un avión rumbo al norte para comparecer ante los tribunales en alguno de los seis Estados de EE UU donde es buscado. “Puede llevar un tiempo considerable…puede ser de un año en adelante”, advirtió ayer José Manuel Merino, director de procesos internacionales de la fiscalía mexicana.
Desde la notificación, El Chapo cuenta con tres días para oponerse al proceso, y tendrá 20 días para dar argumentos para frenar su envío a Estados Unidos, donde tiene decenas de causas penales abiertas, entre ellas de asesinato, en cortes de seis Estados. La Fiscalía ha informado de las etapas del procedimiento. Los jueces deberán analizar las pruebas y cuando emitan una opinión, a favor o en contra de la extradición, esta será turnada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ministerio deberá emitir los acuerdos para entregar al capo.
Mucho ha cambiado el panorama en solo un año. En febrero de 2015, el traficante se encontraba recluido en el penal del Altiplano fraguando su espectacular fuga por un túnel que llegaba hasta el baño de su celda. Jesús Murillo Karam, entonces fiscal general, había dicho que esperaba quecumpliera los 20 años de sentencia que quedaron truncados con su primera fuga en 2001. “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, comentó con arrogancia el fiscal en otra ocasión.
La espectacular fuga del pasado julio modificó la posición del Gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI, el partido en el Gobierno. Tras la tercera captura del capo, el pasado viernes, los dirigentes priístas en el Senado y en la Cámara de Diputados se mostraron, por primera vez, a favor de la extradición. El PAN, que también había visto escapar de entre sus manos a El Chapo en 2001, ha respaldado el proceso.
Pero ningún funcionario de alto nivel ha hablado en público del proceso de extradición, ni ha mencionado si se le dará celeridad. En cambio, el ministro del Interior, Miguel Osorio Chong, y la fiscal general, Arely Gómez, han subrayado que el sistema de justicia será muy cuidadoso con el procedimiento para no facilitarle a la defensa del narcotraficante el trámite de más amparos.
Pero parece que deshacerse del capo no será sencillo. La fiscalía ha dejado claro que Guzmán Loera tiene la posibilidad de recurrir a un juicio de amparo para frenar su extradición. Esta ha sido su estrategia hasta ahora. Sus abogados han promovido una decena de amparos entre 2014 y 2015. Algunos han sido sobreseídos, otros seis siguen su curso.
El abogado del capo, Juan Carlos Badillo, interpuso otro el pasado sábado para evitar que su cliente sea entregado a Washington. “Japón, Israel, Francia, Inglaterra no extraditan a sus connacionales. ¿Por qué nuestro México tiene que vender a sus ciudadanos como si fueran un barril devaluado de petróleo?”, dijo el letrado.
La lluvia de amparos puede empantanar el proceso. “Puede llevar un tiempo considerable, hemos tenido procesos que nos han llevado cuatro y hasta seis años, dependiendo de los recursos que interponga la defensa”, dijo ayer el responsable de procesos internacionales de la fiscalía. Eso ocurrió con Edgar Valdés Villarreal, un sanguinario sicario del cartel de los Beltrán Leyva. La Barbie, como lo apodan, fue detenido en agosto de 2010. La justicia mexicana autorizó su extradición a EE UU en 2011, pero los recursos retrasaron la entrega hasta octubre de 2015. El Chapo y sus abogados podrían seguir esta misma ruta y apelar a las excepciones de la Ley de Extradición: que el capo podría ser condenado a muerte. La fiscalía de EE UU, sin embargo, no solicitará esta pena para evitar que el proceso descarrile.
Luis Pablo Beauregard
México, El País
México ha iniciado el proceso de extradición del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Miembros de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Interpol notificaron al capo del cartel de Sinaloa que EE UU lo reclama mediante dos órdenes de detención con fines de extradición. Es el inicio de un proceso judicial que podría concluir con El Chapo en un avión rumbo al norte para comparecer ante los tribunales en alguno de los seis Estados de EE UU donde es buscado. “Puede llevar un tiempo considerable…puede ser de un año en adelante”, advirtió ayer José Manuel Merino, director de procesos internacionales de la fiscalía mexicana.
Desde la notificación, El Chapo cuenta con tres días para oponerse al proceso, y tendrá 20 días para dar argumentos para frenar su envío a Estados Unidos, donde tiene decenas de causas penales abiertas, entre ellas de asesinato, en cortes de seis Estados. La Fiscalía ha informado de las etapas del procedimiento. Los jueces deberán analizar las pruebas y cuando emitan una opinión, a favor o en contra de la extradición, esta será turnada a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El ministerio deberá emitir los acuerdos para entregar al capo.
Mucho ha cambiado el panorama en solo un año. En febrero de 2015, el traficante se encontraba recluido en el penal del Altiplano fraguando su espectacular fuga por un túnel que llegaba hasta el baño de su celda. Jesús Murillo Karam, entonces fiscal general, había dicho que esperaba quecumpliera los 20 años de sentencia que quedaron truncados con su primera fuga en 2001. “El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, comentó con arrogancia el fiscal en otra ocasión.
La espectacular fuga del pasado julio modificó la posición del Gobierno de Enrique Peña Nieto y del PRI, el partido en el Gobierno. Tras la tercera captura del capo, el pasado viernes, los dirigentes priístas en el Senado y en la Cámara de Diputados se mostraron, por primera vez, a favor de la extradición. El PAN, que también había visto escapar de entre sus manos a El Chapo en 2001, ha respaldado el proceso.
Pero ningún funcionario de alto nivel ha hablado en público del proceso de extradición, ni ha mencionado si se le dará celeridad. En cambio, el ministro del Interior, Miguel Osorio Chong, y la fiscal general, Arely Gómez, han subrayado que el sistema de justicia será muy cuidadoso con el procedimiento para no facilitarle a la defensa del narcotraficante el trámite de más amparos.
Pero parece que deshacerse del capo no será sencillo. La fiscalía ha dejado claro que Guzmán Loera tiene la posibilidad de recurrir a un juicio de amparo para frenar su extradición. Esta ha sido su estrategia hasta ahora. Sus abogados han promovido una decena de amparos entre 2014 y 2015. Algunos han sido sobreseídos, otros seis siguen su curso.
El abogado del capo, Juan Carlos Badillo, interpuso otro el pasado sábado para evitar que su cliente sea entregado a Washington. “Japón, Israel, Francia, Inglaterra no extraditan a sus connacionales. ¿Por qué nuestro México tiene que vender a sus ciudadanos como si fueran un barril devaluado de petróleo?”, dijo el letrado.
La lluvia de amparos puede empantanar el proceso. “Puede llevar un tiempo considerable, hemos tenido procesos que nos han llevado cuatro y hasta seis años, dependiendo de los recursos que interponga la defensa”, dijo ayer el responsable de procesos internacionales de la fiscalía. Eso ocurrió con Edgar Valdés Villarreal, un sanguinario sicario del cartel de los Beltrán Leyva. La Barbie, como lo apodan, fue detenido en agosto de 2010. La justicia mexicana autorizó su extradición a EE UU en 2011, pero los recursos retrasaron la entrega hasta octubre de 2015. El Chapo y sus abogados podrían seguir esta misma ruta y apelar a las excepciones de la Ley de Extradición: que el capo podría ser condenado a muerte. La fiscalía de EE UU, sin embargo, no solicitará esta pena para evitar que el proceso descarrile.
