Alemania facilita la expulsión de criminales extranjeros
Las agresiones a mujeres en Nochevieja fuerzan al Gobierno de Merkel a adoptar medidas
Luis Doncel
Berlín, El País
Alemania, abrumada por la presión migratoria, está decidida a reducir de forma significativa el flujo de refugiados. Las agresiones a mujeres en Nochevieja han forzado al Gobierno a tomar medidas a toda velocidad, como el acuerdo presentado ayer por los ministros del Interior y de Justicia para facilitar las expulsiones de aquellos extranjeros que hayan cometido agresiones físicas o sexuales o se hayan enfrentado a la policía. La decisión de agilizar las deportaciones viene de antes de que los sucesos de Colonia conmocionaran al país. Su vecino austriaco ya nota desde hace días el endurecimiento de las normas.
La canciller Angela Merkel se juega su futuro político en la consecución de un objetivo al que se ha comprometido ante su partido: que las cifras de llegadas queden este año sustancialmente por debajo de los 1,1 millones de solicitantes de asilo de 2015. Y en el complicadísimo puzle en el que se ha convertido la política migratoria alemana, Merkel no solo debe convencer a los socios europeos de que acepten un reparto más equitativo de los refugiados, y a Turquía para que contribuya a asegurar la frontera exterior europea. Berlín considera también crucial agilizar la devolución de aquellos que tengan pocas perspectivas de lograr la ansiada condición de refugiado en Alemania.
Berlín y Viena incrementan los controles fronterizos
Enero comenzó con un reforzado control de las fronteras en países como Suecia y Dinamarca. De rebote, Alemania envía cada vez más personas a su frontera austriaca, según ha advertido la policía de este país. Si a finales de 2015 las autoridades alemanas devolvían cada día a Austria a unas 60 personas, esa cifra ronda ahora los 200. La policía de Múnich confirma este incremento de devoluciones, pero se escuda en que las cifras varían en función de las circunstancias concretas, no porque hayan recibido órdenes en este sentido.
Desde Viena, el tono también se endurece. El canciller austriaco, Werner Faymann, aseguró ayer que su Gobierno estudia aumentar los controles fronterizos para impedir que “inmigrantes económicos” entren al país. “Estamos deliberando cómo reducir el número de refugiados”, dijo Faymann. Austria, un país con 8,5 millones de habitantes, recibió el año pasado 90.000 solicitantes de asilo, tres veces más que en 2014.
La idea es permitir la entrada de los sirios, que huyen de una guerra civil que acumula más de 250.000 muertos. Y al mismo tiempo ponérselo más difíciles a otras nacionalidades, como afganos, iraníes o marroquíes. “Las personas que están llegando ahora a Alemania son refugiados clásicos, que huyen de la violencia y de la persecución. Nadie puede defender seriamente que Afganistán es un país seguro”, asegura por teléfono desde Fráncfort Karl Kopp, de la ONG Pro Asyl.
En este contexto, los sucesos de Colonia han funcionado como sal en la herida. Las dimensiones del escándalo no paran de crecer: ayer se presentaron 100 nuevas denuncias por agresiones, con lo que la suma total ya supera las 650. Los ministros del Interior y de Justicia —representantes cada uno de los dos grandes partidos que gobiernan en coalición, democristianos y socialdemócratas— presentaron el resultado de unas negociaciones maratonianas con las que quieren mostrar a la ciudadanía que los agresores van a pagar muy caro sus abusos.
Los dos ministros anunciaron sus planes para deportar a los extranjeros declarados culpables de abusos físicos y sexuales, de resistirse a la policía o de dañar la propiedad pública o privada. Según la normativa actual, la mayoría de estas acciones no implican la expulsión del país. Merkel mostró su satisfacción por el acuerdo.
Domicilio fijo
“Tenemos que asegurarnos de que entre en vigor cuanto antes”, dijo la canciller. El endurecimiento de las normas para los criminales extranjeros no es la única medida que baraja el Gobierno como respuesta a lo ocurrido en Colonia. Varios ministros o dirigentes de los partidos han propuesto destinar a cada refugiado a un domicilio fijo, además de aumentar la presencia policial y las cámaras en lugares públicos.
La cuestión de las devoluciones calienta el debate público en Alemania desde hace meses. La prensa publica a menudo noticias sobre la dificultad de expulsar efectivamente a los inmigrantes a los que se les ha denegado el asilo político. “El absurdo de los refugiados. ¿Por qué dura tanto el proceso de expulsión?”, se preguntaba en su portada con letras gigantescas el tabloide Bild, el más leído del país, hace unos meses.
Entre enero y noviembre del año pasado, 18.363 extranjeros fueron expulsados de Alemania. De las casi 500.000 solicitudes de asilo cursadas ese mismo año, más de la mitad fueron rechazadas por las autoridades. Lo que muestra esta diferencia tan grande es que para la Administración resulta muy difícil expulsar a aquellos que en teoría no tienen derecho a permanecer en Alemania.
Berlín, El País
Alemania, abrumada por la presión migratoria, está decidida a reducir de forma significativa el flujo de refugiados. Las agresiones a mujeres en Nochevieja han forzado al Gobierno a tomar medidas a toda velocidad, como el acuerdo presentado ayer por los ministros del Interior y de Justicia para facilitar las expulsiones de aquellos extranjeros que hayan cometido agresiones físicas o sexuales o se hayan enfrentado a la policía. La decisión de agilizar las deportaciones viene de antes de que los sucesos de Colonia conmocionaran al país. Su vecino austriaco ya nota desde hace días el endurecimiento de las normas.
La canciller Angela Merkel se juega su futuro político en la consecución de un objetivo al que se ha comprometido ante su partido: que las cifras de llegadas queden este año sustancialmente por debajo de los 1,1 millones de solicitantes de asilo de 2015. Y en el complicadísimo puzle en el que se ha convertido la política migratoria alemana, Merkel no solo debe convencer a los socios europeos de que acepten un reparto más equitativo de los refugiados, y a Turquía para que contribuya a asegurar la frontera exterior europea. Berlín considera también crucial agilizar la devolución de aquellos que tengan pocas perspectivas de lograr la ansiada condición de refugiado en Alemania.
Berlín y Viena incrementan los controles fronterizos
Enero comenzó con un reforzado control de las fronteras en países como Suecia y Dinamarca. De rebote, Alemania envía cada vez más personas a su frontera austriaca, según ha advertido la policía de este país. Si a finales de 2015 las autoridades alemanas devolvían cada día a Austria a unas 60 personas, esa cifra ronda ahora los 200. La policía de Múnich confirma este incremento de devoluciones, pero se escuda en que las cifras varían en función de las circunstancias concretas, no porque hayan recibido órdenes en este sentido.
Desde Viena, el tono también se endurece. El canciller austriaco, Werner Faymann, aseguró ayer que su Gobierno estudia aumentar los controles fronterizos para impedir que “inmigrantes económicos” entren al país. “Estamos deliberando cómo reducir el número de refugiados”, dijo Faymann. Austria, un país con 8,5 millones de habitantes, recibió el año pasado 90.000 solicitantes de asilo, tres veces más que en 2014.
La idea es permitir la entrada de los sirios, que huyen de una guerra civil que acumula más de 250.000 muertos. Y al mismo tiempo ponérselo más difíciles a otras nacionalidades, como afganos, iraníes o marroquíes. “Las personas que están llegando ahora a Alemania son refugiados clásicos, que huyen de la violencia y de la persecución. Nadie puede defender seriamente que Afganistán es un país seguro”, asegura por teléfono desde Fráncfort Karl Kopp, de la ONG Pro Asyl.
En este contexto, los sucesos de Colonia han funcionado como sal en la herida. Las dimensiones del escándalo no paran de crecer: ayer se presentaron 100 nuevas denuncias por agresiones, con lo que la suma total ya supera las 650. Los ministros del Interior y de Justicia —representantes cada uno de los dos grandes partidos que gobiernan en coalición, democristianos y socialdemócratas— presentaron el resultado de unas negociaciones maratonianas con las que quieren mostrar a la ciudadanía que los agresores van a pagar muy caro sus abusos.
Los dos ministros anunciaron sus planes para deportar a los extranjeros declarados culpables de abusos físicos y sexuales, de resistirse a la policía o de dañar la propiedad pública o privada. Según la normativa actual, la mayoría de estas acciones no implican la expulsión del país. Merkel mostró su satisfacción por el acuerdo.
Domicilio fijo
“Tenemos que asegurarnos de que entre en vigor cuanto antes”, dijo la canciller. El endurecimiento de las normas para los criminales extranjeros no es la única medida que baraja el Gobierno como respuesta a lo ocurrido en Colonia. Varios ministros o dirigentes de los partidos han propuesto destinar a cada refugiado a un domicilio fijo, además de aumentar la presencia policial y las cámaras en lugares públicos.
La cuestión de las devoluciones calienta el debate público en Alemania desde hace meses. La prensa publica a menudo noticias sobre la dificultad de expulsar efectivamente a los inmigrantes a los que se les ha denegado el asilo político. “El absurdo de los refugiados. ¿Por qué dura tanto el proceso de expulsión?”, se preguntaba en su portada con letras gigantescas el tabloide Bild, el más leído del país, hace unos meses.
Entre enero y noviembre del año pasado, 18.363 extranjeros fueron expulsados de Alemania. De las casi 500.000 solicitudes de asilo cursadas ese mismo año, más de la mitad fueron rechazadas por las autoridades. Lo que muestra esta diferencia tan grande es que para la Administración resulta muy difícil expulsar a aquellos que en teoría no tienen derecho a permanecer en Alemania.
