Varios dirigentes del MAS van a la cárcel por corrupción
Los detenidos, muy afines a Evo Morales, son acusados de financiamiento ilegal
Fernando Molina
La Paz, El País
Dos de las principales líderes de los indígenas bolivianos, Melva Hurtado y Julia Ramos, esta última antigua ministra del gobierno de Evo Morales, así como el representante nacional de los campesinos y dos senadores de la misma afiliación, todos ellos militantes del oficialismo, han sido encarcelados por una comisión especial de fiscales que investiga una trama en el Fondo Indígena. Esta institución, alimentada con el dinero de la exportación de gas, ofrecía financiamiento a los dirigentes para realizar proyectos de desarrollo en las comunidades “originarias”.
Los detenidos son “dirigentes históricos” del movimiento social boliviano y colaboraron con Evo Morales desde la primera etapa de formación de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha puesto en situación incómoda al oficialismo, que se halla en medio de la campaña para lograr que los bolivianos den luz verde a una reforma constitucional que permitiría una cuarta postulación de Morales a la presidencia en 2019.
El gobierno intenta demostrar que la investigación y sus resultados se derivan de su propia intolerancia frente a la corrupción, pero este discurso pierde fuerza ante la demanda de la oposición de imputar a Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural, es decir, responsable de la cartera de Estado encargada del Fondo Indígena, quien tuvo que renunciar por el escándalo, pero que los fiscales han respetado hasta ahora, se supone que porque la protege su estrecha amistad con el presidente.
Este es el peor de los varios casos de corrupción que enfrenta hoy día el gobierno boliviano, y que le impiden mantener la imagen de “renovación de la política tradicional” que lo elevó al poder y que explicó buena parte de sus éxitos electorales. Una imagen a la que debe volver a apelar si quiere vencer en el referendo sobre la reelección que se efectuará en febrero, en el que cuenta con una desventaja de al menos 10 puntos, según las últimas encuestas.
“Reserva moral”
En 2014 el gobierno de Morales tuvo que intervenir el Fondo Indígena, y más tarde liquidarlo, por múltiples denuncias sobre la existencia de proyectos que al final no se realizaban (“proyectos fantasmas”). Se sospecha de que al menos 250 proyectos sirvieron para enriquecer a sus promotores. El monto exacto del desfalco no se ha determinado, pero las estimaciones más modestas lo fijan en alrededor de 35 millones de dólares. Varios dirigentes tuvieron que devolver grandes sumas de dinero que, tal como establecían los procedimientos de este Fondo, se les habían depositado en sus cuentas personales. Las comunidades y organizaciones que representaban no poseen cuentas mancomunadas y, puesto que el Fondo constituía una “conquista” de la lucha librada por los indígenas hace una década por una nueva repartición de las ganancias petroleras del país, la institución buscaba eludir la mediación de organizaciones no gubernamentales y de los municipios, y entregar el dinero directamente a los beneficiarios.
Testimonios falsos a cambio de ajo
Un caso ilustrativo lo constituye un financiamiento para plantar una hectárea de ajo para cada una de las familias de un grupo de 500 que viven en Puerto Acosta. Según la denuncia, tres dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, organización fundadora del MAS, engañaron a estas familias y lograron que firmaran testimonios de que recibieron el beneficio completo, a cambio de medio kilo de ajo para cada una.
Por la misma razón, ocho de los nueve espacios del directorio estaban ocupados por los dirigentes nacionales de los campesinos y los indígenas, todos ellos militantes del MAS. La presidenta del directorio era la ministra Nemesia Achacollo, quien tuvo que renunciar pero hasta ahora no se halla imputada.
El escándalo desestabilizó el discurso oficial sobre la probidad de los indígenas, considerados un día por el presidente Evo Morales “reserva moral de la humanidad”.
La Paz, El País
Dos de las principales líderes de los indígenas bolivianos, Melva Hurtado y Julia Ramos, esta última antigua ministra del gobierno de Evo Morales, así como el representante nacional de los campesinos y dos senadores de la misma afiliación, todos ellos militantes del oficialismo, han sido encarcelados por una comisión especial de fiscales que investiga una trama en el Fondo Indígena. Esta institución, alimentada con el dinero de la exportación de gas, ofrecía financiamiento a los dirigentes para realizar proyectos de desarrollo en las comunidades “originarias”.
Los detenidos son “dirigentes históricos” del movimiento social boliviano y colaboraron con Evo Morales desde la primera etapa de formación de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha puesto en situación incómoda al oficialismo, que se halla en medio de la campaña para lograr que los bolivianos den luz verde a una reforma constitucional que permitiría una cuarta postulación de Morales a la presidencia en 2019.
El gobierno intenta demostrar que la investigación y sus resultados se derivan de su propia intolerancia frente a la corrupción, pero este discurso pierde fuerza ante la demanda de la oposición de imputar a Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural, es decir, responsable de la cartera de Estado encargada del Fondo Indígena, quien tuvo que renunciar por el escándalo, pero que los fiscales han respetado hasta ahora, se supone que porque la protege su estrecha amistad con el presidente.
Este es el peor de los varios casos de corrupción que enfrenta hoy día el gobierno boliviano, y que le impiden mantener la imagen de “renovación de la política tradicional” que lo elevó al poder y que explicó buena parte de sus éxitos electorales. Una imagen a la que debe volver a apelar si quiere vencer en el referendo sobre la reelección que se efectuará en febrero, en el que cuenta con una desventaja de al menos 10 puntos, según las últimas encuestas.
“Reserva moral”
En 2014 el gobierno de Morales tuvo que intervenir el Fondo Indígena, y más tarde liquidarlo, por múltiples denuncias sobre la existencia de proyectos que al final no se realizaban (“proyectos fantasmas”). Se sospecha de que al menos 250 proyectos sirvieron para enriquecer a sus promotores. El monto exacto del desfalco no se ha determinado, pero las estimaciones más modestas lo fijan en alrededor de 35 millones de dólares. Varios dirigentes tuvieron que devolver grandes sumas de dinero que, tal como establecían los procedimientos de este Fondo, se les habían depositado en sus cuentas personales. Las comunidades y organizaciones que representaban no poseen cuentas mancomunadas y, puesto que el Fondo constituía una “conquista” de la lucha librada por los indígenas hace una década por una nueva repartición de las ganancias petroleras del país, la institución buscaba eludir la mediación de organizaciones no gubernamentales y de los municipios, y entregar el dinero directamente a los beneficiarios.
Testimonios falsos a cambio de ajo
Un caso ilustrativo lo constituye un financiamiento para plantar una hectárea de ajo para cada una de las familias de un grupo de 500 que viven en Puerto Acosta. Según la denuncia, tres dirigentes de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, organización fundadora del MAS, engañaron a estas familias y lograron que firmaran testimonios de que recibieron el beneficio completo, a cambio de medio kilo de ajo para cada una.
Por la misma razón, ocho de los nueve espacios del directorio estaban ocupados por los dirigentes nacionales de los campesinos y los indígenas, todos ellos militantes del MAS. La presidenta del directorio era la ministra Nemesia Achacollo, quien tuvo que renunciar pero hasta ahora no se halla imputada.
El escándalo desestabilizó el discurso oficial sobre la probidad de los indígenas, considerados un día por el presidente Evo Morales “reserva moral de la humanidad”.
