Quintana se retracta sobre participación voluntaria en Ley de Incentivos
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se retractó en sus afirmaciones en poco más de dos días. El viernes dijo que el Gobierno determinó que el aporte para el incentivo a la exploración de hidrocarburos será voluntario, pese a que el Senado había sancionado de manera contraria. Hoy dijo que todos –gobernaciones, municipios y universidades públicas- deben acatar y aportar al fondo de incentivo. Justificó su declaración de hace 48 horas porque lo había dicho "pensando a futuro” y que ahora, incluso, la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera ya fue promulgada por el presidente Evo Morales.
El viernes declaró en Cochabamba que el aporte para el fondo petrolero era voluntario: "Dejamos en absoluta libertad a municipios, gobernaciones y universidades para que se adhieran a la política de incentivos. Dicho de otra manera, si quieres ganar, si quieres tener más ingresos te sumas a esto; si no quieres tener ingresos, simplemente te retiras de la ley de incentivos, es absolutamente voluntario”, afirmó entonces Quintana.
Incluso justificó que el Ejecutivo tomó esta decisión con el propósito de evitar los reclamos de algunos gobiernos locales y posibles conflictos con la vigencia de la norma.
El ministro de l Presidencia también anunció, entonces, que el Tesoro General del Estado (TGE) hará el aporte al fondo petrolero por las regiones o municipios que no lo hagan, pero los mismos no podrán recibir los beneficios. "Esos recursos que no estarían siendo aportados por gobernación o municipio, los aportará el TGE. Dicho de otra manera, gobernación o municipio que no forme parte de este proyecto de incentivos, tampoco tendrá la posibilidad de recibir los recursos derivados de los ingresos los próximos años”, añadió.
Hoy, después de asistir a una entrevista en medios estatales en La Paz, dijo que las gobernaciones, municipios y universidades públicas deben realizar sus aportes al fondo petrolero y que sus declaraciones del viernes eran "pensando a futuro”.
"Cuando yo dije la declaración (el viernes), estaba pensando a futuro, si a futuro existiera otras opciones. La norma a futuro, la más creativa, la más propositiva debiera ser el que invierte gana, en otros grandes proyectos de industrialización. Pero ya la ley de creación del fondo, esa se acata como corresponde”, señaló. Un periodista le preguntó si se refería a gobernaciones, municipios y universidades; Quinta respondió: "Todos acatan”.
Ayer, incluso el alcalde de La Paz, Luis Revilla, una de las autoridades locales que rechaza el aporte petrolero, al conocer las declaraciones de Quintana, expresó que "es un buen paso de tal forma que cada uno de los municipios y gobernaciones podamos decidir si queremos o no participar en este proyecto".
El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, René Joaquino, informó la semana anterior que el proyecto de ley fue consensuado con el Sistema Universitario, la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Federación de Asociaciones Municipales y siete de las nueve gobernaciones del país, pues La Paz y Santa Cruz la rechazaron.
Objetivo de la ley
La futura norma prevé que los recursos del fondo petrolero serán utilizados únicamente contra entrega de la producción de Petróleo o Condensado resultante de las actividades de exploración y explotación exitosas, sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, garantizando que dichos recursos económicos, luego de la comercialización de los hidrocarburos, generen réditos en favor de todos los beneficiarios.
Se establece también que para la ejecución de actividades de exploración y explotación, YPFB podrá suscribir, tanto en áreas reservadas como en áreas libres, Contratos de Servicios Petroleros con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, bajo cualquiera de las modalidades contractuales vigentes. Y, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía establecerá los lineamientos para la suscripción de estos contratos y para la selección de empresas mediante Resolución Ministerial.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, explicó el miércoles que la norma pretende otorgar incentivos económicos para garantizar la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética en el país, ante la eventual caída del precio del petróleo a nivel internacional.
"Aquí la decisión es generar un pequeño monto de incentivo a las empresas petroleras para que puedan explorar, aumentar su producción y de esa manera, primero asegurarnos mejores reservas, y segundo asegurarnos una mejor recaudación por el IDH que nos permita pasar este mal momento que sin duda vive el precio internacional del petróleo", explicó.
