Las maniobras del chavismo para retener el Congreso
El Gobierno emplea varias tácticas para favorecer al oficialismo en las legislativas
Ewald Scharfenberg
Caracas, El País
La noche del jueves 26 de noviembre, una novedad en las pantallas de televisión sorprendió a los venezolanos. En horario estelar, los canales privados Globovisión y Venevisión —uno, adquirido en 2013 por capitales vinculados al chavismo; el otro, deliberadamente descafeinado para convivir con la revolución— accedían a transmitir en estreno el anuncio publicitario de la campaña de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones parlamentarias. Parecía el preámbulo de una nueva e inédita era de juego limpio en los eventos electorales venezolanos.
Cuatro días más tarde, las aguas volvieron a su cauce. El Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, denunciaba que Globovisión dejó de incluir sus comerciales. El canal, en cambio, participó de buena gana en una virtual transmisión conjunta que cubrió el jueves el cierre de campaña del oficialismo, que solamente en Caracas incluyó a nueve estaciones de televisión y ocho de radio en frecuencia modulada.
El episodio ilustra con elocuencia las inequidades que la oposición venezolana debe remontar antes del día de las votaciones para alcanzar un buen resultado. Las asimetrías para favorecer al oficialismo forman parte del diseño del torneo electoral de este domingo, y no se limitan al asunto de la propaganda.
Unos votos valen más que otros. Por lo general, los escaños de zonas pobres y rurales —donde el oficialismo suele tener mayor control político— requieren de menos votos que los de circuitos urbanos, donde la oposición se ha hecho fuerte. Ocho de cada diez venezolanos viven en ciudades. Esta injusta ponderación ya se hizo sentir en las elecciones de 2010, cuando la oposición obtuvo más votos que el Gobierno pero menos asientos en la Asamblea Nacional.
Un partido para despistar. El ente rector de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado de cerca por el poder Ejecutivo—, aceptó el registro para esta oportunidad de un partido fantasmal, MIN-Unidad, que busca confundirse con las siglas y colores de la MUD-Unidad. Su lema de campaña es “Somos la oposición”. En el tarjetón electoral su casilla se ubica al lado de la de la plancha unitaria de oposición. Algunos estudios han cuantificado la proporción de votos destinados a la oposición que esta sencilla treta desviará en el momento del sufragio: 7%.
Candidatos inhabilitados. La Contraloría General de la República, dependiente del Ejecutivo, aplicó con pretextos nimios sanciones políticas y administrativas a algunos líderes de oposición que lucían como candidaturas naturales al Parlamento. El caso más obvio es el de María Corina Machado, exdiputada, despojada de su escaño de manera sumaria por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Luego la Contraloría dictaminó que Machado había presentado declaraciones incompletas de su patrimonio, por lo que la inhabilitó un año para desempeñar cargos públicos.
Candidatos-funcionarios. El ente electoral ha hecho la vista gorda ante la presencia de exministros, que el régimen designó como candidatos a diputados, en actos oficiales. Algunos de ellos, como el exministro de Vivienda Ricardo Molina candidato a diputado por el Estado de Aragua, siguen apareciendo en programas televisivos en los que se asignan apartamentos gratuitos y otras prebendas clientelares. El exministro de Transporte Haiman El Troudi comisionado para ganar una curul (escaño) en el estado de Miranda —coto del líder opositor, Henrique Capriles Radonski—, inaugura autopistas y estaciones de metro con un título a la medida, el de coordinador honorario de la Misión Transporte.
Acceso desigual a medios de comunicación. El Estado chavista es un verdadero magnate de los medios. Cuenta con 19 canales de televisión, 11 radios de la banda AM, innumerables estaciones “comunitarias”, decenas de periódicos de circulación nacional y local. El presidente de la República convoca con frecuencia a cadenas nacionales de radio y televisión, en las que confisca por horas el espacio radioléctrico y no duda en hacer campaña. Buena parte de los medios privados han sido adquiridos por inversionistas próximos al régimen, que ponen a disposición de la propaganda oficial sus espacios. Aunque el CNE restringe a unos minutos diarios de televisión las apariciones de las distintas opciones, en canales privados la frecuencia de mensajes del oficialismo cuadruplica a la de oposición.
Estado de excepción. Dos docenas de diputados —de un total de 164 por votación directa— se eligen en los municipios fronterizos con Colombia, donde desde agosto el presidente Maduro suspendió seis garantías constitucionales, por razones de seguridad. Entre los derechos suspendidos están la libertad de reunión y la de libre tránsito, fundamentales para la actividad política. Todavía no queda claro cómo estas limitaciones pueden condicionar el voto en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
Más facilidades para las bases chavistas. El CNE se jacta de haber habilitado más de un millar de nuevos centros de votación en zonas populares. Pero lo que pasa por un acto de justicia para poblaciones preteridas tiene otro trasfondo: esos centros se instalan en sedes de servicios del Estado, donde las misiones de asistencia social y otros registros oficiales tienen un control cercano sobre el comportamiento de los electores. Algo que pone en evidencia esa circunstancia es que al menos 43 de los centros electorales se llaman Hugo Chávez.
Caracas, El País
La noche del jueves 26 de noviembre, una novedad en las pantallas de televisión sorprendió a los venezolanos. En horario estelar, los canales privados Globovisión y Venevisión —uno, adquirido en 2013 por capitales vinculados al chavismo; el otro, deliberadamente descafeinado para convivir con la revolución— accedían a transmitir en estreno el anuncio publicitario de la campaña de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones parlamentarias. Parecía el preámbulo de una nueva e inédita era de juego limpio en los eventos electorales venezolanos.
Cuatro días más tarde, las aguas volvieron a su cauce. El Secretario Ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, denunciaba que Globovisión dejó de incluir sus comerciales. El canal, en cambio, participó de buena gana en una virtual transmisión conjunta que cubrió el jueves el cierre de campaña del oficialismo, que solamente en Caracas incluyó a nueve estaciones de televisión y ocho de radio en frecuencia modulada.
El episodio ilustra con elocuencia las inequidades que la oposición venezolana debe remontar antes del día de las votaciones para alcanzar un buen resultado. Las asimetrías para favorecer al oficialismo forman parte del diseño del torneo electoral de este domingo, y no se limitan al asunto de la propaganda.
Unos votos valen más que otros. Por lo general, los escaños de zonas pobres y rurales —donde el oficialismo suele tener mayor control político— requieren de menos votos que los de circuitos urbanos, donde la oposición se ha hecho fuerte. Ocho de cada diez venezolanos viven en ciudades. Esta injusta ponderación ya se hizo sentir en las elecciones de 2010, cuando la oposición obtuvo más votos que el Gobierno pero menos asientos en la Asamblea Nacional.
Un partido para despistar. El ente rector de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado de cerca por el poder Ejecutivo—, aceptó el registro para esta oportunidad de un partido fantasmal, MIN-Unidad, que busca confundirse con las siglas y colores de la MUD-Unidad. Su lema de campaña es “Somos la oposición”. En el tarjetón electoral su casilla se ubica al lado de la de la plancha unitaria de oposición. Algunos estudios han cuantificado la proporción de votos destinados a la oposición que esta sencilla treta desviará en el momento del sufragio: 7%.
Candidatos inhabilitados. La Contraloría General de la República, dependiente del Ejecutivo, aplicó con pretextos nimios sanciones políticas y administrativas a algunos líderes de oposición que lucían como candidaturas naturales al Parlamento. El caso más obvio es el de María Corina Machado, exdiputada, despojada de su escaño de manera sumaria por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Luego la Contraloría dictaminó que Machado había presentado declaraciones incompletas de su patrimonio, por lo que la inhabilitó un año para desempeñar cargos públicos.
Candidatos-funcionarios. El ente electoral ha hecho la vista gorda ante la presencia de exministros, que el régimen designó como candidatos a diputados, en actos oficiales. Algunos de ellos, como el exministro de Vivienda Ricardo Molina candidato a diputado por el Estado de Aragua, siguen apareciendo en programas televisivos en los que se asignan apartamentos gratuitos y otras prebendas clientelares. El exministro de Transporte Haiman El Troudi comisionado para ganar una curul (escaño) en el estado de Miranda —coto del líder opositor, Henrique Capriles Radonski—, inaugura autopistas y estaciones de metro con un título a la medida, el de coordinador honorario de la Misión Transporte.
Acceso desigual a medios de comunicación. El Estado chavista es un verdadero magnate de los medios. Cuenta con 19 canales de televisión, 11 radios de la banda AM, innumerables estaciones “comunitarias”, decenas de periódicos de circulación nacional y local. El presidente de la República convoca con frecuencia a cadenas nacionales de radio y televisión, en las que confisca por horas el espacio radioléctrico y no duda en hacer campaña. Buena parte de los medios privados han sido adquiridos por inversionistas próximos al régimen, que ponen a disposición de la propaganda oficial sus espacios. Aunque el CNE restringe a unos minutos diarios de televisión las apariciones de las distintas opciones, en canales privados la frecuencia de mensajes del oficialismo cuadruplica a la de oposición.
Estado de excepción. Dos docenas de diputados —de un total de 164 por votación directa— se eligen en los municipios fronterizos con Colombia, donde desde agosto el presidente Maduro suspendió seis garantías constitucionales, por razones de seguridad. Entre los derechos suspendidos están la libertad de reunión y la de libre tránsito, fundamentales para la actividad política. Todavía no queda claro cómo estas limitaciones pueden condicionar el voto en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.
Más facilidades para las bases chavistas. El CNE se jacta de haber habilitado más de un millar de nuevos centros de votación en zonas populares. Pero lo que pasa por un acto de justicia para poblaciones preteridas tiene otro trasfondo: esos centros se instalan en sedes de servicios del Estado, donde las misiones de asistencia social y otros registros oficiales tienen un control cercano sobre el comportamiento de los electores. Algo que pone en evidencia esa circunstancia es que al menos 43 de los centros electorales se llaman Hugo Chávez.
