La Policía de Argentina desaloja el ente regulador de medios
El exjefe kirchnerista del organismo dice que el desahucio implica la suspensión de la ley
Alejandro Rebossio
Buenos Aires, El País
La pelea por la ley de medios audiovisuales de Argentina, uno de los emblemas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), escala en tensión. En la Nochebuena, uniformados de la Policía Federal desalojaron al desplazado presidente del órgano regulador de medios, el kirchnerista Martín Sabbatella. El político opositor al Gobierno del liberal Mauricio Macri aceptó el desahucio, pero exigió que en el acta del procedimiento policial quedara constancia de que esta acción vulneraba la ley de medios. El nuevo Ejecutivo de Macri había determinado por decreto que Sabbatella debía ser sustituido por un interventor.
El conflicto comenzó en 2008, cuando en la pelea de Kirchner con las patronales agrarias por un aumento tributario, la entonces presidenta argentina quebró su buena relación con el principal grupo de medios de Argentina, Clarín. Al año siguiente, el kirchnerismo, con el apoyo de parte del progresismo, votó una ley contra la concentración de emisoras de radio, canales de televisión y operadoras de TV de pago. Esa norma, bandera política levantada una y otra vez por Kirchner, fue ratificada por la Corte Suprema de Argentina y obliga a Clarín a vender parte de sus empresas, algo que ha postergado hasta 2016 gracias a la interposición de diversos recursos de amparo judiciales. Varios políticos progresistas que apoyaron la ley critican que el kirchnerismo la haya aplicado contra grupos económicos considerados enemigos y haya hecho la vista gorda contra sus amigos.
Macri, que siempre fue un crítico de la ley de medios, decretó el primer día de su Gobierno —el pasado 10 de diciembre— que el órgano regulador de esa norma, a cargo de Sabbatella, pasara a depender del nuevo Ministerio de Comunicaciones, en manos de Oscar Aguad. Sabbatella se quejó entonces alegando que la ley de medios establecía que su organismo era “autárquico y descentralizado” y no podía depender de Aguad. Bastó aquella medida para que miles de militantes kirchneristas salieran dos veces a la calle a protestar. El ministro además había prometido reformar la ley, aunque a partir de marzo próximo, cuando acaba el receso del Congreso en el verano austral.
Pero la pelea se ahondó el pasado martes. Macri echó mano otra vez de un decreto para desplazar a Sabbatella y al presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, Norberto Berner, que tenían mandato por ley hasta 2017, para nombrar en su lugar a interventores por seis meses. El jefe del ente de control de medios anunció que se quedaría en sus oficinas y presentó un recurso de amparo contra el nuevo decreto presidencial. El interventor que lo reemplaza, Agustín Garzón, reaccionó denunciándolo por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Un fiscal tomó su acusación y le pidió a un juez que ordenara el desalojo de las oficinas. Así que fue los policías se presentaron a las tres de la tarde del jueves en el edificio para ordenarle a Sabbatella que lo abandonara. Lo hizo siete horas después. El político kirchnerista dice que dejó la oficina cuando consiguió “incorporar al acta” del desalojo “que la clausura” de la oficina “significa la suspensión de la ley” de medios, “un verdadero atropello”. Pero el ministro Aguad replica: “La intervención también está prevista en la Constitución”.
Buenos Aires, El País
La pelea por la ley de medios audiovisuales de Argentina, uno de los emblemas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), escala en tensión. En la Nochebuena, uniformados de la Policía Federal desalojaron al desplazado presidente del órgano regulador de medios, el kirchnerista Martín Sabbatella. El político opositor al Gobierno del liberal Mauricio Macri aceptó el desahucio, pero exigió que en el acta del procedimiento policial quedara constancia de que esta acción vulneraba la ley de medios. El nuevo Ejecutivo de Macri había determinado por decreto que Sabbatella debía ser sustituido por un interventor.
El conflicto comenzó en 2008, cuando en la pelea de Kirchner con las patronales agrarias por un aumento tributario, la entonces presidenta argentina quebró su buena relación con el principal grupo de medios de Argentina, Clarín. Al año siguiente, el kirchnerismo, con el apoyo de parte del progresismo, votó una ley contra la concentración de emisoras de radio, canales de televisión y operadoras de TV de pago. Esa norma, bandera política levantada una y otra vez por Kirchner, fue ratificada por la Corte Suprema de Argentina y obliga a Clarín a vender parte de sus empresas, algo que ha postergado hasta 2016 gracias a la interposición de diversos recursos de amparo judiciales. Varios políticos progresistas que apoyaron la ley critican que el kirchnerismo la haya aplicado contra grupos económicos considerados enemigos y haya hecho la vista gorda contra sus amigos.
Macri, que siempre fue un crítico de la ley de medios, decretó el primer día de su Gobierno —el pasado 10 de diciembre— que el órgano regulador de esa norma, a cargo de Sabbatella, pasara a depender del nuevo Ministerio de Comunicaciones, en manos de Oscar Aguad. Sabbatella se quejó entonces alegando que la ley de medios establecía que su organismo era “autárquico y descentralizado” y no podía depender de Aguad. Bastó aquella medida para que miles de militantes kirchneristas salieran dos veces a la calle a protestar. El ministro además había prometido reformar la ley, aunque a partir de marzo próximo, cuando acaba el receso del Congreso en el verano austral.
Pero la pelea se ahondó el pasado martes. Macri echó mano otra vez de un decreto para desplazar a Sabbatella y al presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, Norberto Berner, que tenían mandato por ley hasta 2017, para nombrar en su lugar a interventores por seis meses. El jefe del ente de control de medios anunció que se quedaría en sus oficinas y presentó un recurso de amparo contra el nuevo decreto presidencial. El interventor que lo reemplaza, Agustín Garzón, reaccionó denunciándolo por “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Un fiscal tomó su acusación y le pidió a un juez que ordenara el desalojo de las oficinas. Así que fue los policías se presentaron a las tres de la tarde del jueves en el edificio para ordenarle a Sabbatella que lo abandonara. Lo hizo siete horas después. El político kirchnerista dice que dejó la oficina cuando consiguió “incorporar al acta” del desalojo “que la clausura” de la oficina “significa la suspensión de la ley” de medios, “un verdadero atropello”. Pero el ministro Aguad replica: “La intervención también está prevista en la Constitución”.
