Gobierno dice que no hay pacto de ‘complicidad’ ni de ‘impunidad’ en caso Fondioc
Página Siete Digital / La Paz
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó hoy que en el Gobierno no hay pacto de ‘complicidad’ ni de ‘impunidad’ en el caso de presunta corrupción en el Fondo Indígena que involucra supuestamente a exutoridades del gobernante MAS y a dirigentes afines al Gobierno.
"El viejo sistema de la democracia formal neoliberal tenía como ley de gravedad la impunidad, el pacto de complicidad, el pacto de silencio, por tanto casi imposible que alguien fuera a caer a manos de la justicia, hoy no, en el Estado Plurinacional los ladrones, los que se roban la plata del pueblo boliviano tienen que ir a rendir cuentas al Ministerio Público y si este define se van a la cárcel, no hay pacto de complicidad, no hay impunidad, hemos dicho caiga quien caiga”, dijo en una entrevista con medios estatales, Patria Nueva y BoliviaTv.
Hasta ahora hay siete líderes indígenas, incluidos dos senadores del oficialismo MAS y la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, detenidos preventivamente, mientras que otros cinco permanecen con detención domiciliaria.
Quintana insistió que en el Ejecutivo "no hay ningún pacto, ningún sistema de protección, va caer el que quiera”, aludiendo posiblemente a nuevas aprehensiones anunciadas por el fiscal General, Ramiro Guerrero.
La oposición expresó su extrañeza porque hasta ahora no fue convocada a declarar ante la justicia la exminista Nemesia Achacollo, de cuyo despacho dependía el Fondo de Desarrollo Indígena y cuyo directorio presidía. Achacollo se vio forzada a renunciar por el escándalo en agosto pasado.
Guerrero confirmó en días pasados que Achacollo será llamada a prestar declaraciones de acuerdo a un cronograma ya establecido y aseguró que "nadie será excluido" de presentarse ante la justicia.
Quintana afirmó que, según la derecha, los que se roban en este Gobierno y son detenidos pasan a la categoría a "perseguidos políticos”. "La derecha es tan ruin, tan doble moral, hasta tan cobarde políticamente, que cuando hoy día se roba alguien de la derecha, en este Gobierno, cuando hay algún ladrón de la derecha como Ernesto Suárez, Carmelo Lens (ambos opositores y exgobenadores del Beni), como los resentidos Damián Condori (exdirigente de la CSUTCB y afín al MAS) y otros, resulta que esos que se han robado (al país) pasan a la categoría de perseguidos políticos, ¿qué te parece?”, añadió.
Recordó que en los gobiernos anteriores al MAS (2006-2015), los presuntos ladrones eran ministros y diputados. "En el viejo régimen neoliberal todos los ladrones eran ministros, diputados, impunidad absoluta. En estos años de Gobierno los que se roban, los de la oposición, son perseguidos políticos, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, (expresidente) Gonzalo Sánchez de Lozada, Mario Cossío, y todos estos perseguidos políticos, ¿qué te parece?”, dijo.
La liquidadora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, detectó un presunto daño económico de 35 millones de dólares por una treintena de proyectos no ejecutados o fantasmas y por más de 700 proyectos inconclusos que recibieron fondos que fueron desembolsados a cuentas personales.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó hoy que en el Gobierno no hay pacto de ‘complicidad’ ni de ‘impunidad’ en el caso de presunta corrupción en el Fondo Indígena que involucra supuestamente a exutoridades del gobernante MAS y a dirigentes afines al Gobierno.
"El viejo sistema de la democracia formal neoliberal tenía como ley de gravedad la impunidad, el pacto de complicidad, el pacto de silencio, por tanto casi imposible que alguien fuera a caer a manos de la justicia, hoy no, en el Estado Plurinacional los ladrones, los que se roban la plata del pueblo boliviano tienen que ir a rendir cuentas al Ministerio Público y si este define se van a la cárcel, no hay pacto de complicidad, no hay impunidad, hemos dicho caiga quien caiga”, dijo en una entrevista con medios estatales, Patria Nueva y BoliviaTv.
Hasta ahora hay siete líderes indígenas, incluidos dos senadores del oficialismo MAS y la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, detenidos preventivamente, mientras que otros cinco permanecen con detención domiciliaria.
Quintana insistió que en el Ejecutivo "no hay ningún pacto, ningún sistema de protección, va caer el que quiera”, aludiendo posiblemente a nuevas aprehensiones anunciadas por el fiscal General, Ramiro Guerrero.
La oposición expresó su extrañeza porque hasta ahora no fue convocada a declarar ante la justicia la exminista Nemesia Achacollo, de cuyo despacho dependía el Fondo de Desarrollo Indígena y cuyo directorio presidía. Achacollo se vio forzada a renunciar por el escándalo en agosto pasado.
Guerrero confirmó en días pasados que Achacollo será llamada a prestar declaraciones de acuerdo a un cronograma ya establecido y aseguró que "nadie será excluido" de presentarse ante la justicia.
Quintana afirmó que, según la derecha, los que se roban en este Gobierno y son detenidos pasan a la categoría a "perseguidos políticos”. "La derecha es tan ruin, tan doble moral, hasta tan cobarde políticamente, que cuando hoy día se roba alguien de la derecha, en este Gobierno, cuando hay algún ladrón de la derecha como Ernesto Suárez, Carmelo Lens (ambos opositores y exgobenadores del Beni), como los resentidos Damián Condori (exdirigente de la CSUTCB y afín al MAS) y otros, resulta que esos que se han robado (al país) pasan a la categoría de perseguidos políticos, ¿qué te parece?”, añadió.
Recordó que en los gobiernos anteriores al MAS (2006-2015), los presuntos ladrones eran ministros y diputados. "En el viejo régimen neoliberal todos los ladrones eran ministros, diputados, impunidad absoluta. En estos años de Gobierno los que se roban, los de la oposición, son perseguidos políticos, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez Berzaín, (expresidente) Gonzalo Sánchez de Lozada, Mario Cossío, y todos estos perseguidos políticos, ¿qué te parece?”, dijo.
La liquidadora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, detectó un presunto daño económico de 35 millones de dólares por una treintena de proyectos no ejecutados o fantasmas y por más de 700 proyectos inconclusos que recibieron fondos que fueron desembolsados a cuentas personales.