Estados Unidos compensará a los secuestrados en su Embajada en Irán
La ley de presupuestos concede hasta 4,4 millones de dólares a cada uno de los 53 rehenes
Joan Faus
Washington, El País
Tras más de 30 años de lucha, llega la victoria. Los 53 ciudadanos estadounidenses que pasaron más de un año secuestrados en la Embajada norteamericana en Irán recibirán por primera vez una compensación económica significativa, según recoge el presupuesto del Gobierno federal aprobado el pasado viernes. Cada uno de ellos podría recibir hasta 4,4 millones de dólares. La indemnización, impulsada por el Congreso, llega en un momento de creciente deshielo entre EE UU e Irán tras el acuerdo nuclear de julio.
El malestar de muchos legisladores, la mayoría republicanos, por el pacto que limita el programa nuclear de Irán a cambio de un levantamiento de sanciones dio un impulso en el Capitolio a la lucha por las indemnizaciones a los secuestrados.
A ello se sumaron ventajas económicas: parte de las compensaciones prevén pagarse con la multa de 9.000 millones de dólares del Departamento de Justicia al banco francés BNP Paribas por violar el régimen de sanciones estadounidenses contra Irán, Cuba y Sudán. El resto de fondos se espera que provengan de otros procesos judiciales sobre terrorismo.
Una turba radical de estudiantes asaltó en noviembre de 1979 la sede diplomática estadounidense en Teherán en protesta por el hecho de que Washington hubiese permitido la entrada del sha Mohammad Reza Pahlaví, que había sido depuesto en enero de ese año por la revolución islámica. Un total de 52 estadounidenses -la mayoría personal diplomático y militar- pasaron 444 días secuestrados en la Embajada. Otro rehén fue liberado antes por motivos de salud.
Esa crisis fue uno de los motivos que frustró la reelección del entonces inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Jimmy Carter. Y provocó que, desde 1980, EE UU no mantenga relaciones diplomáticas con Irán.
Desde su liberación, los rehenes reclamaron una indemnización por el impacto del cautiverio. Pero toparon con el rechazo de los tribunales y la pasividad del Gobierno. Su suerte dependía del Congreso, de que los legisladores aprobaran una compensación oficial.
10.000 dólares por día
La ley de presupuestos establece que cada uno de los 53 rehenes (37 de ellos siguen vivos) recibirá pagos de hasta 10.000 dólares por cada día de secuestro. Las parejas e hijos están autorizados a recibir un único pago de hasta 600.000 dólares, según publicó este jueves el diario The New York Times, que reveló la provisión del presupuesto que detalla las indemnizaciones.
La ley prevé indemnizar también a otras víctimas de terrorismo patrocinado por Estados, como los atentados contra embajadas estadounidenses en el este de África en 1998.
A su vuelta a Estados Unidos, los rehenes y sus familias recibieron del Gobierno estadounidense un pago en efectivo de 50 dólares por cada día de cautiverio. Pero el Acuerdo de Argel, que desencadenó su liberación en enero de 1981, impedía a los secuestrados reclamar en los tribunales mayores compensaciones de EE UU, ni aspirar a algún tipo de restauración por parte de Irán.
El Congreso fracasó en su intento de anular el blindaje judicial del Acuerdo de Argel. El resultado es que los demandantes tenían “jurisdicción para perseguir su caso pero sin una causa judicial de acción”, según un informe de noviembre del Servicio de Investigación del Congreso. Ahora, han logrado el aval final de los legisladores.
Washington, El País
Tras más de 30 años de lucha, llega la victoria. Los 53 ciudadanos estadounidenses que pasaron más de un año secuestrados en la Embajada norteamericana en Irán recibirán por primera vez una compensación económica significativa, según recoge el presupuesto del Gobierno federal aprobado el pasado viernes. Cada uno de ellos podría recibir hasta 4,4 millones de dólares. La indemnización, impulsada por el Congreso, llega en un momento de creciente deshielo entre EE UU e Irán tras el acuerdo nuclear de julio.
El malestar de muchos legisladores, la mayoría republicanos, por el pacto que limita el programa nuclear de Irán a cambio de un levantamiento de sanciones dio un impulso en el Capitolio a la lucha por las indemnizaciones a los secuestrados.
A ello se sumaron ventajas económicas: parte de las compensaciones prevén pagarse con la multa de 9.000 millones de dólares del Departamento de Justicia al banco francés BNP Paribas por violar el régimen de sanciones estadounidenses contra Irán, Cuba y Sudán. El resto de fondos se espera que provengan de otros procesos judiciales sobre terrorismo.
Una turba radical de estudiantes asaltó en noviembre de 1979 la sede diplomática estadounidense en Teherán en protesta por el hecho de que Washington hubiese permitido la entrada del sha Mohammad Reza Pahlaví, que había sido depuesto en enero de ese año por la revolución islámica. Un total de 52 estadounidenses -la mayoría personal diplomático y militar- pasaron 444 días secuestrados en la Embajada. Otro rehén fue liberado antes por motivos de salud.
Esa crisis fue uno de los motivos que frustró la reelección del entonces inquilino de la Casa Blanca, el demócrata Jimmy Carter. Y provocó que, desde 1980, EE UU no mantenga relaciones diplomáticas con Irán.
Desde su liberación, los rehenes reclamaron una indemnización por el impacto del cautiverio. Pero toparon con el rechazo de los tribunales y la pasividad del Gobierno. Su suerte dependía del Congreso, de que los legisladores aprobaran una compensación oficial.
10.000 dólares por día
La ley de presupuestos establece que cada uno de los 53 rehenes (37 de ellos siguen vivos) recibirá pagos de hasta 10.000 dólares por cada día de secuestro. Las parejas e hijos están autorizados a recibir un único pago de hasta 600.000 dólares, según publicó este jueves el diario The New York Times, que reveló la provisión del presupuesto que detalla las indemnizaciones.
La ley prevé indemnizar también a otras víctimas de terrorismo patrocinado por Estados, como los atentados contra embajadas estadounidenses en el este de África en 1998.
A su vuelta a Estados Unidos, los rehenes y sus familias recibieron del Gobierno estadounidense un pago en efectivo de 50 dólares por cada día de cautiverio. Pero el Acuerdo de Argel, que desencadenó su liberación en enero de 1981, impedía a los secuestrados reclamar en los tribunales mayores compensaciones de EE UU, ni aspirar a algún tipo de restauración por parte de Irán.
El Congreso fracasó en su intento de anular el blindaje judicial del Acuerdo de Argel. El resultado es que los demandantes tenían “jurisdicción para perseguir su caso pero sin una causa judicial de acción”, según un informe de noviembre del Servicio de Investigación del Congreso. Ahora, han logrado el aval final de los legisladores.
