Críticas al plan danés de requisar objetos de valor a los refugiados

Un proyecto de ley del Gobierno prevé retirar las posesiones valiosas para contribuir a su mantenimiento

El País
Madrid
La propuesta del Gobierno danés de confiscar los bienes de valor a los solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular que lleguen al país para costear su mantenimiento ha recibido duras críticas. El plan del Ejecutivo de centroderecha, que también apoyan el Partido Popular danés y el conservador, prevé que la policía pueda retirar cantidades de dinero superiores a 3.000 coronas (400 euros) y “activos tangibles de un valor considerable”.


La nueva normativa, que según un comunicado también recoge que quien tenga recursos económicos no pueda recibir ayudas del sistema, pasará por el Parlamento en enero de 2016 y entraría en vigor en febrero. Hasta el 31 de noviembre, Dinamarca ha recibido algo más de 13.400 peticiones de asilo; ha aceptado el 68% de ellas. En 2014, con un número de peticiones similar, se aceptaron 6.100.

Si el proyecto de ley sale adelante, los solicitantes de asilo deberán informar de las pertenencias que llevan consigo a su llegada. Sólo se les permitirá conservar “el dinero y los objetos de valor necesarios para mantener un nivel de vida modesto”, explicó el ministro de Justicia, Soren Pind en una entrevista en televisión. “Estamos hablando de una situación en la que alguien viene con una caja llena de diamantes y pide protección en Dinamarca”, aseguró Pind, que apuntó que los bienes con valor sentimental —como las alianzas de matrimonio— no peligraban. La propuesta también se aplica a los refugiados que ya están en el país.

La medida de confiscar los bienes de valor se ha comparado en Dinamarca a lo ocurrido con los judíos durante el nazismo, a quienes se les confiscaron todos sus bienes. Dinamarca fue ocupada por la Alemania nazi de 1940 a 1945. La propuesta inicial “se parecía a lo que ocurrió durante la persecución de las minorías por los nazis”, apuntó el gran rabino de Dinamarca, Bent Melchior, que aseguró que el Gobierno había explicado mal su plan.

El proyecto de ley que recoge la polémica medida llega después de que Dinamarca aprobase otras que limitan los derechos de los refugiados: se han endurecido los requisitos para la reagrupación familiar —que pasan de ser un año a tres—, se han recortado los beneficios sociales y también la duración de los permisos de residencia.

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