Colombia inicia una campaña para explicar el pacto de justicia y víctimas
Miembros de la delegación del Gobierno en La Habana comparecen públicamente para detallar los puntos más polémicos del acuerdo: la amnistía y la reparación material
Ana Marcos
Bogotá, El País
El proceso de paz en Colombia llegó el martes a un punto que desde el Gobierno se considera de no retorno. Tras el anuncio del acuerdo entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sobre el punto 5, el referido a las víctimas y al sistema de justicia especial, se inicia ahora una campaña institucional para intentar explicar la letra pequeña de un capítulo que ha costado año y medio de los tres que ya duran las conversaciones en La Habana. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, fue el primero en asumir esta tarea con tintes más propios de una campaña de marketing que de pedagogía.
El también miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos se ha dedicado la jornada del miércoles a asistir a ruedas de prensa, charlas digitales y a una reunión con el presidente colombiano. “Hemos conseguido que las FARC se comprometan a la reparación integral y material de las víctimas, lo que incluye las indemnizaciones que se concretarán en el punto 3, el del fin del conflicto”, dijo en un intento de aclarar uno de los aspectos más polémicos de lo pactado. Aunque Humberto de la Calle, jefe de la comitiva gubernamental, dio ejemplos de cómo sería esta compensación a través de tareas de desminado o reconstrucción de infraestructuras, aún sigue siendo una incógnita cómo se subsidiarán este tipo de ayudas una vez que se concrete la paz.
“El Tribunal de Justicia establecerá estas reparaciones en base a los hechos juzgados”, apostilló el Alto Comisionado, otra vez sin concretar si se ha verificado el patrimonio de la guerrilla y si será suficiente para dar respuesta a estas sentencias. Lo que sí recordó, como ya hizo el martes Juan Manuel Santos en una comparecencia pública, es que el programa de ayudas que el Gobierno implementa desde que se aprobara la ley de víctimas 1448 aprobada en 2011 es complementario a las medidas que se tomen una vez se llegue al fin del conflicto.
La justicia especial y, en concreto, los casos en los que se aplicará la amnistía y el indulto, se ha convertido en otro de los puntos más polémicos del acuerdo alcanzado. Desde el Gobierno y las FARC se trabaja para contrarrestar esa versión, encabezada por el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que considera que esta jurisdicción supondrá “una impunidad total” ante los crímenes de una guerra de 50 años. “Solo serán indultados los delitos políticos y sus conexos como el de rebelión”, reiteró Jaramillo, quien además añadió que en próximas conversaciones con la guerrilla se detallará qué otros crímenes, considerados comunes, pasarán a formar parte de esta categoría. Por el momento se desconoce si el narcotráfico será uno de ellos.
La extradición contemplada en el punto 75 del pacto de víctimas queda descartada en los litigios que se celebren en el marco de la justicia especial. “Si se cometen delitos penados con la extradición después del acuerdo sí se podrá aplicar esta medida”, apuntó el Alto Comisionado. En cuanto al procedimiento al que se someterá a la fuerza pública (como por ejemplo a los militares) ante el Tribunal de la Paz, el representante del Gobierno no fue más allá de lo ya anunciado: “El trato será diferenciado, pero equitativo en base a criterios de justicia”. Los expresidentes, en caso de ser juzgados, será en base al régimen constitucional vigente.
Jaramillo, como De la Calle, no mueve de su calendario la fecha del 23 de marzo para lograr la paz. “Es nuestra responsabilidad”, aseguró. Y adelantó que “el componente internacional” encargado de verificar la dejación de armas por parte de las FARC “ya está muy avanzado”, para así también cumplir ese segundo plazo: los 60 días que tiene la guerrilla para entregar su armamento una vez que se firme el final del conflicto.
Bogotá, El País
El proceso de paz en Colombia llegó el martes a un punto que desde el Gobierno se considera de no retorno. Tras el anuncio del acuerdo entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sobre el punto 5, el referido a las víctimas y al sistema de justicia especial, se inicia ahora una campaña institucional para intentar explicar la letra pequeña de un capítulo que ha costado año y medio de los tres que ya duran las conversaciones en La Habana. Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, fue el primero en asumir esta tarea con tintes más propios de una campaña de marketing que de pedagogía.
El también miembro de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos se ha dedicado la jornada del miércoles a asistir a ruedas de prensa, charlas digitales y a una reunión con el presidente colombiano. “Hemos conseguido que las FARC se comprometan a la reparación integral y material de las víctimas, lo que incluye las indemnizaciones que se concretarán en el punto 3, el del fin del conflicto”, dijo en un intento de aclarar uno de los aspectos más polémicos de lo pactado. Aunque Humberto de la Calle, jefe de la comitiva gubernamental, dio ejemplos de cómo sería esta compensación a través de tareas de desminado o reconstrucción de infraestructuras, aún sigue siendo una incógnita cómo se subsidiarán este tipo de ayudas una vez que se concrete la paz.
“El Tribunal de Justicia establecerá estas reparaciones en base a los hechos juzgados”, apostilló el Alto Comisionado, otra vez sin concretar si se ha verificado el patrimonio de la guerrilla y si será suficiente para dar respuesta a estas sentencias. Lo que sí recordó, como ya hizo el martes Juan Manuel Santos en una comparecencia pública, es que el programa de ayudas que el Gobierno implementa desde que se aprobara la ley de víctimas 1448 aprobada en 2011 es complementario a las medidas que se tomen una vez se llegue al fin del conflicto.
La justicia especial y, en concreto, los casos en los que se aplicará la amnistía y el indulto, se ha convertido en otro de los puntos más polémicos del acuerdo alcanzado. Desde el Gobierno y las FARC se trabaja para contrarrestar esa versión, encabezada por el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, que considera que esta jurisdicción supondrá “una impunidad total” ante los crímenes de una guerra de 50 años. “Solo serán indultados los delitos políticos y sus conexos como el de rebelión”, reiteró Jaramillo, quien además añadió que en próximas conversaciones con la guerrilla se detallará qué otros crímenes, considerados comunes, pasarán a formar parte de esta categoría. Por el momento se desconoce si el narcotráfico será uno de ellos.
La extradición contemplada en el punto 75 del pacto de víctimas queda descartada en los litigios que se celebren en el marco de la justicia especial. “Si se cometen delitos penados con la extradición después del acuerdo sí se podrá aplicar esta medida”, apuntó el Alto Comisionado. En cuanto al procedimiento al que se someterá a la fuerza pública (como por ejemplo a los militares) ante el Tribunal de la Paz, el representante del Gobierno no fue más allá de lo ya anunciado: “El trato será diferenciado, pero equitativo en base a criterios de justicia”. Los expresidentes, en caso de ser juzgados, será en base al régimen constitucional vigente.
Jaramillo, como De la Calle, no mueve de su calendario la fecha del 23 de marzo para lograr la paz. “Es nuestra responsabilidad”, aseguró. Y adelantó que “el componente internacional” encargado de verificar la dejación de armas por parte de las FARC “ya está muy avanzado”, para así también cumplir ese segundo plazo: los 60 días que tiene la guerrilla para entregar su armamento una vez que se firme el final del conflicto.
