Una matanza policial golpea la credibilidad del Gobierno mexicano
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia la muerte a tiros de cinco personas desarmadas y de otra que ya se había rendido en Apatzingán (Michoacán)
Jan Martínez Ahrens
México, El País
La cúpula policial mexicana vuelve a estar en tela de juicio. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado la matanza perpetrada el 6 de enero pasado por la Policía Federal en Apatzingán, la capital de Tierra Caliente (Michoacán). En la sangría que murieron 10 personas, cinco de ellas acribilladas a balazos pese a no llevar armas, y otra cuando ya se había rendido. La reconstrucción, un fresco de la barbarie que aún impera en amplias zonas de México, supone un nuevo golpe a la credibilidad del Ejecutivo, ya muy debilitado por la fuga de El Chapo y por masacres como de Tanhuato, en la que 42 supuestos narcos fueron liquidados a tiros por las fuerzas federales.
La estocada es profunda. El informe de la comisión acredita una escalofriante cadena violaciones de los derechos humanos y deja a la intemperie a las autoridades federales que durante meses, e incluso ante el Parlamento, sostuvieron la pulcritud de la operación. Esta defensa no era inocente. Su objetivo ultimo era salvaguardar la política aplicada por el Gobierno para apaciguar la convulsa Michoacán. Un tablero que alcanzó notoriedad internacional y donde el presidente Enrique Peña Nieto, al inicio de su mandato, lanzó una de sus grandes apuestas. Para derribar al narco y desmontar el movimiento de las autodefensas, el mandatario envió a este volcánico territorio a Alfredo Castillo Cervantes, un hombre de su confianza y al que otorgó poderes extraordinarios, sólo equiparables a los de la comisión encargada de frenar la sublevación zapatista en los noventa.
Con un ejército de 10.000 policías y soldados bajo su mando, la irrupción del adelantado presidencial tuvo un arranque fulgurante. El enloquecido cártel de Los Caballeros Templarios, que había hecho de Tierra Caliente su feudo, perdió a sus líderes y vio agostarse en meses sus fuentes de financiación. A su ocaso siguió el de las autodefensas. Estas partidas de origen popular, que se habían alzado contra la depredación del narco, fueron conducidas al campo de la legalidad mediante la promesa de un sueldo y su absorción en las Fuerzas Rurales. En el trayecto, su principal cabecilla, el irredento doctor José Manuel Mireles, fue encarcelado.
Pero la paz nunca llegó a cuajar. En poco tiempo, el espacio dejado por los templarios fue ocupado por grupos ultraviolentos de sicarios. Y las viejas y laberínticas rivalidades entre los comandantes de las autodefensas, ahora reconvertidos en autoridades armadas, resurgieron. Las matanzas de todo signo empezaron a sucederse. La podredumbre volvió a emerger. Tierra Caliente seguía siendo ingobernable.
La puntilla llegó el pasado 6 de enero cuando una banda de sicarios, Los Viagra, utilizados para acabar con los templarios y que se negaban a entregar sus armas, se infiltró en una protesta ciudadana que había tomado el Ayuntamiento de Apatzingán. Su desalojo y un enfrentamiento posterior derivaron en un baño de sangre. Aunque la versión oficial negó cualquier abuso, el comisionado Castillo fue depuesto dos semanas después.
El episodio que detonó su caída mantiene perfiles confusos. El informe de la comisión divide la acción policial en dos fases. La primera se registró de madrugada, cuando las fuerzas federales entraron en la sede municipal, donde se mezclaban sicarios y vecinos. En el operativo intervinieron 44 agentes y 287 soldados. El resultado fue una muerte por atropello, 18 heridos y 44 detenidos. En ocho casos, según la investigación, se registraron malos tratos. Pero la sangría aún no había llegado.
Poco antes de las ocho de la mañana, fuera de las dependencias municipales, la Policía Federal se enfrentó con un grupo de vecinos, identificados como autodefensas por la comisión, cuyos vehículos se les habían acercado a gran velocidad. Los agentes, presumiblemente temerosos de una represalia del narco, hicieron fuego y acribillaron a nueve personas. Cinco de ellos, según la reconstrucción, iban desarmados y otro recibió 14 impactos después de alzar las manos en señal de rendición. Es lo que el informe denomina una “ejecución extrajudicial”.
Los heridos tampoco se libraron de la pesadilla. A cuatro se les denegó la atención médica urgente, lo que causó al menos un fallecimiento. El informe también menciona omisiones en las necropsias de 10 cuerpos, irregularidades en la identificación de dos cadáveres y una larga lista de negligencias en la cadena de custodia de las pruebas.
Ante la andanada, el Ejecutivo mexicano evitó ayer entrar en polémica. “En lo que atañe al uso desproporcionado de la fuerza en contra de cinco personas y la ejecución extrajudicial de un civil, debemos decir que se acepta en sus términos la recomendación emitida”, señaló el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. Su jefe, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, guardó silencio.
México, El País
La cúpula policial mexicana vuelve a estar en tela de juicio. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha denunciado la matanza perpetrada el 6 de enero pasado por la Policía Federal en Apatzingán, la capital de Tierra Caliente (Michoacán). En la sangría que murieron 10 personas, cinco de ellas acribilladas a balazos pese a no llevar armas, y otra cuando ya se había rendido. La reconstrucción, un fresco de la barbarie que aún impera en amplias zonas de México, supone un nuevo golpe a la credibilidad del Ejecutivo, ya muy debilitado por la fuga de El Chapo y por masacres como de Tanhuato, en la que 42 supuestos narcos fueron liquidados a tiros por las fuerzas federales.
La estocada es profunda. El informe de la comisión acredita una escalofriante cadena violaciones de los derechos humanos y deja a la intemperie a las autoridades federales que durante meses, e incluso ante el Parlamento, sostuvieron la pulcritud de la operación. Esta defensa no era inocente. Su objetivo ultimo era salvaguardar la política aplicada por el Gobierno para apaciguar la convulsa Michoacán. Un tablero que alcanzó notoriedad internacional y donde el presidente Enrique Peña Nieto, al inicio de su mandato, lanzó una de sus grandes apuestas. Para derribar al narco y desmontar el movimiento de las autodefensas, el mandatario envió a este volcánico territorio a Alfredo Castillo Cervantes, un hombre de su confianza y al que otorgó poderes extraordinarios, sólo equiparables a los de la comisión encargada de frenar la sublevación zapatista en los noventa.
Con un ejército de 10.000 policías y soldados bajo su mando, la irrupción del adelantado presidencial tuvo un arranque fulgurante. El enloquecido cártel de Los Caballeros Templarios, que había hecho de Tierra Caliente su feudo, perdió a sus líderes y vio agostarse en meses sus fuentes de financiación. A su ocaso siguió el de las autodefensas. Estas partidas de origen popular, que se habían alzado contra la depredación del narco, fueron conducidas al campo de la legalidad mediante la promesa de un sueldo y su absorción en las Fuerzas Rurales. En el trayecto, su principal cabecilla, el irredento doctor José Manuel Mireles, fue encarcelado.
Pero la paz nunca llegó a cuajar. En poco tiempo, el espacio dejado por los templarios fue ocupado por grupos ultraviolentos de sicarios. Y las viejas y laberínticas rivalidades entre los comandantes de las autodefensas, ahora reconvertidos en autoridades armadas, resurgieron. Las matanzas de todo signo empezaron a sucederse. La podredumbre volvió a emerger. Tierra Caliente seguía siendo ingobernable.
La puntilla llegó el pasado 6 de enero cuando una banda de sicarios, Los Viagra, utilizados para acabar con los templarios y que se negaban a entregar sus armas, se infiltró en una protesta ciudadana que había tomado el Ayuntamiento de Apatzingán. Su desalojo y un enfrentamiento posterior derivaron en un baño de sangre. Aunque la versión oficial negó cualquier abuso, el comisionado Castillo fue depuesto dos semanas después.
El episodio que detonó su caída mantiene perfiles confusos. El informe de la comisión divide la acción policial en dos fases. La primera se registró de madrugada, cuando las fuerzas federales entraron en la sede municipal, donde se mezclaban sicarios y vecinos. En el operativo intervinieron 44 agentes y 287 soldados. El resultado fue una muerte por atropello, 18 heridos y 44 detenidos. En ocho casos, según la investigación, se registraron malos tratos. Pero la sangría aún no había llegado.
Poco antes de las ocho de la mañana, fuera de las dependencias municipales, la Policía Federal se enfrentó con un grupo de vecinos, identificados como autodefensas por la comisión, cuyos vehículos se les habían acercado a gran velocidad. Los agentes, presumiblemente temerosos de una represalia del narco, hicieron fuego y acribillaron a nueve personas. Cinco de ellos, según la reconstrucción, iban desarmados y otro recibió 14 impactos después de alzar las manos en señal de rendición. Es lo que el informe denomina una “ejecución extrajudicial”.
Los heridos tampoco se libraron de la pesadilla. A cuatro se les denegó la atención médica urgente, lo que causó al menos un fallecimiento. El informe también menciona omisiones en las necropsias de 10 cuerpos, irregularidades en la identificación de dos cadáveres y una larga lista de negligencias en la cadena de custodia de las pruebas.
Ante la andanada, el Ejecutivo mexicano evitó ayer entrar en polémica. “En lo que atañe al uso desproporcionado de la fuerza en contra de cinco personas y la ejecución extrajudicial de un civil, debemos decir que se acepta en sus términos la recomendación emitida”, señaló el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales. Su jefe, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, guardó silencio.
