La violencia irrumpe en la campaña electoral venezolana
La oposición ha denunciado cinco ataques, dos de ellos armados, a sus aspirantes en los primeros 13 días de la campaña electoral
Alfredo Meza
Caracas, El País
Van 13 días desde que se inició la campaña electoral en Venezuela, que renovará su Parlamento el próximo 6 de diciembre, y la oposición ha denunciado cinco ataques —dos de ellos armados— a sus aspirantes. El último de ellos, ocurrido al final de la tarde del miércoles, se cobró la vida de Luis Manuel Díaz, dirigente local del opositor Acción Democrática, al término de un mitin en el que participó Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López.
Las versiones iniciales indican que Díaz, quien también es dirigente sindical, recibió varios disparos mientras esperaba en una escalera el término de un mitin en la ciudad de Altagracia de Orituco, en el Estado de Guárico (llanos centrales venezolanos) para apoyar a candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores. El acto contaba con la presencia de Lilian Tintori, la esposa del dirigente Leopoldo López, que denunció ayer intentos para matarla. La noticia se confirmó a primera hora de la noche a través de la cuenta de Twitter del secretario general de Acción Democrática, (AD, socialdemócrata), Henry Ramos Allup, quien responsabilizó “a las bandas armadas” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela de dispersar a balazos una concentración que, según testigos, se desarrollaba en calma hasta que se escuchó una ráfaga de disparos.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que hay elementos que señalan que la muerte por un disparo de un dirigente local de la oposición al concluir un acto de campaña en el centro del país fue consecuencia de un enfrentamiento de bandas. “El ministro de Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajustes de cuentas de bandas rivales, dedicadas a las situaciones criminales irregulares”, afirmó el mandatario. La oposición rechaza de plano esa explicación.
Investigación oficial
El ministerio público ha ordenado a dos fiscales que se pongan al frente de las investigaciones. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha revelado que ya está identificado uno de los supuestos autores materiales.
El Gobierno busca liberar a sus adeptos de cualquier responsabilidad. Desde que a finales de 2000 el chavismo contribuyó a atomizar el movimiento sindical venezolano, las bandas armadas controlan la asignación de empleos en las obras y es frecuente que las diferencias entre las organizaciones se diriman a balazos.
La dirigencia no ha dejado pasar por alto la relación del homicidio con los ataques al aspirante Miguel Pizarro, al que se disparó en Petare, una barriada popular del este de Caracas; y con el hostigamiento vivido en eventos encabezados por el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, o por el candidato de uno de los circuitos de Caracas, Tomás Guanipa.
El asesinato de Díaz ha recibido la condena unánime de la misión de Unasur, del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y del secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, informa Silvia Ayuso desde Washington. “El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia”, dijo Almagro. “Y una sucesión de hechos de violencia política en un proceso electoral es la muerte de mucha democracia”, añadió.
Nunca antes el chavismo había llegado a una contienda electoral con menos intención de voto que sus rivales. Acosado por la inflación, la crónica escasez y el colapso de un modelo económico que hostiga a la empresa privada y asume la producción de bienes y servicios mediante importaciones, el Gobierno busca remontar una brecha amplia en las encuestas —entre 20 y 30 puntos en la intención de voto— para mantener el control del legislativo.
Aunque es muy probable que esa diferencia no se vea reflejada en los resultados finales por varios factores. Se trata de una elección a la medida de los intereses del chavismo, que hace uso de los recursos del Estado para acarrear votantes. El Gobierno ha iniciado una campaña del miedo para advertir a sus electores de la supuesta pérdida de las ayudas sociales con un Parlamento controlado por la oposición. A su vez, la oposición muestra su debilidad al ser incapaz de garantizar la presencia de sus testigos en todo el país para evitar fraudes en la votación.
Parte de ese temor surge de las palabras del propio presidente, Nicolás Maduro, en las últimas semanas. El gobernante ha advertido que la revolución debe ganar “como sea” los comicios. En la penúltima edición de su programa de televisión, En contacto con Maduro, subió el tono: “Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya para que haya paz y tranquilidad. Porque si no, nos vamos para la calle y en la calle nosotros somos candanga con burundanga [un grupo dado a la anarquía]. Los revolucionarios estamos mejor como estamos ahora, tranquilitos, entregando pensiones para los viejitos, vivienda para el pueblo y educación pública. Y todos felices”.
Caracas, El País
Van 13 días desde que se inició la campaña electoral en Venezuela, que renovará su Parlamento el próximo 6 de diciembre, y la oposición ha denunciado cinco ataques —dos de ellos armados— a sus aspirantes. El último de ellos, ocurrido al final de la tarde del miércoles, se cobró la vida de Luis Manuel Díaz, dirigente local del opositor Acción Democrática, al término de un mitin en el que participó Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López.
Las versiones iniciales indican que Díaz, quien también es dirigente sindical, recibió varios disparos mientras esperaba en una escalera el término de un mitin en la ciudad de Altagracia de Orituco, en el Estado de Guárico (llanos centrales venezolanos) para apoyar a candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores. El acto contaba con la presencia de Lilian Tintori, la esposa del dirigente Leopoldo López, que denunció ayer intentos para matarla. La noticia se confirmó a primera hora de la noche a través de la cuenta de Twitter del secretario general de Acción Democrática, (AD, socialdemócrata), Henry Ramos Allup, quien responsabilizó “a las bandas armadas” del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela de dispersar a balazos una concentración que, según testigos, se desarrollaba en calma hasta que se escuchó una ráfaga de disparos.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que hay elementos que señalan que la muerte por un disparo de un dirigente local de la oposición al concluir un acto de campaña en el centro del país fue consecuencia de un enfrentamiento de bandas. “El ministro de Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajustes de cuentas de bandas rivales, dedicadas a las situaciones criminales irregulares”, afirmó el mandatario. La oposición rechaza de plano esa explicación.
Investigación oficial
El ministerio público ha ordenado a dos fiscales que se pongan al frente de las investigaciones. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, ha revelado que ya está identificado uno de los supuestos autores materiales.
El Gobierno busca liberar a sus adeptos de cualquier responsabilidad. Desde que a finales de 2000 el chavismo contribuyó a atomizar el movimiento sindical venezolano, las bandas armadas controlan la asignación de empleos en las obras y es frecuente que las diferencias entre las organizaciones se diriman a balazos.
La dirigencia no ha dejado pasar por alto la relación del homicidio con los ataques al aspirante Miguel Pizarro, al que se disparó en Petare, una barriada popular del este de Caracas; y con el hostigamiento vivido en eventos encabezados por el gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, o por el candidato de uno de los circuitos de Caracas, Tomás Guanipa.
El asesinato de Díaz ha recibido la condena unánime de la misión de Unasur, del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y del secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), Luis Almagro, informa Silvia Ayuso desde Washington. “El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia”, dijo Almagro. “Y una sucesión de hechos de violencia política en un proceso electoral es la muerte de mucha democracia”, añadió.
Nunca antes el chavismo había llegado a una contienda electoral con menos intención de voto que sus rivales. Acosado por la inflación, la crónica escasez y el colapso de un modelo económico que hostiga a la empresa privada y asume la producción de bienes y servicios mediante importaciones, el Gobierno busca remontar una brecha amplia en las encuestas —entre 20 y 30 puntos en la intención de voto— para mantener el control del legislativo.
Aunque es muy probable que esa diferencia no se vea reflejada en los resultados finales por varios factores. Se trata de una elección a la medida de los intereses del chavismo, que hace uso de los recursos del Estado para acarrear votantes. El Gobierno ha iniciado una campaña del miedo para advertir a sus electores de la supuesta pérdida de las ayudas sociales con un Parlamento controlado por la oposición. A su vez, la oposición muestra su debilidad al ser incapaz de garantizar la presencia de sus testigos en todo el país para evitar fraudes en la votación.
Parte de ese temor surge de las palabras del propio presidente, Nicolás Maduro, en las últimas semanas. El gobernante ha advertido que la revolución debe ganar “como sea” los comicios. En la penúltima edición de su programa de televisión, En contacto con Maduro, subió el tono: “Ustedes pónganse a rezar, oligarcas de la derecha, porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya para que haya paz y tranquilidad. Porque si no, nos vamos para la calle y en la calle nosotros somos candanga con burundanga [un grupo dado a la anarquía]. Los revolucionarios estamos mejor como estamos ahora, tranquilitos, entregando pensiones para los viejitos, vivienda para el pueblo y educación pública. Y todos felices”.
