La tragedia de la discoteca derriba el Gobierno rumano

Las protestas por la corrupción y sus propios escándalos empujan a Ponta a dejar su cargo. El socialdemócrata arrastra consigo a su Gabinete

María R. Sahuquillo
Rumania (ENVIADA ESPECIAL), El País
El primer ministro rumano, Victor Ponta, ha anunciado este miércoles su dimisión, y por tanto la de todo su Gabinete, tras el incendio en un club de Bucarest que se ha cobrado ya 32 muertos. Ayer, miles de personas salieron a las calles de la capital rumana para exigir la dimisión del Ejecutivo y responsabilidades por la tragedia, rodeada de irregularidades. El socialdemócrata Ponta, que perdió las elecciones presidenciales en noviembre y que está imputado en varios casos de corrupcion, estaba ya en una situación muy débil dentro de su partido.


“Presento mi dimisión como primer ministro", ha declarado Ponta en una intervención televisada. "Y espero que la dimisión del Gobierno satisfaga a las personas que han salido a la calle”, ha dicho. Su inesperado gesto busca tranquilizar a una ciudadanía exhausta por los múltiples escándalos de corrupción que gangrenan el país, y para la que el caso del Club Colectiv —un local que se ha descubierto plagado de anomalías sobre las que planean sospechas de connivencia de la Administración— ha sido la gota que colma el vaso.

El presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, ha iniciado ya la ronda de consultas para la formación de un nuevo Gobierno. “Ha tenido que morir gente para que el Ejecutivo dimita”, ha criticado Iohannis, que había exigido reiteradamente la salida de Ponta. Su formación, el Partido Nacional Liberal (PNL), la principal oposición, ha exigido que se convoquen elecciones generales anticipadas. “Esa es la solución más razonable y equilibrada, y la que espera la sociedad civil”, dicen.

La salida de Ponta y de su Gabinete —por supuesto también el ministro de Interior, Gabriel Oprea, otro blanco de la ira de los ciudadanos— puede propiciar un realineamiento político en Rumania, donde una coalición de tres partidos de izquierda forman mayoría en el Parlamento. Aunque se prevé que la coalición tripartita se mantenga y que el nuevo Gobierno salga de sus filas, los expertos no descartan tampoco un nuevo Ejecutivo formado por tecnócratas.

Ponta, de 43 años, está imputado por varios cargos de blanqueo de capitales, complicidad para la evasión fiscal "de forma continuada" y 17 infracciones de falsedad documental en escritura pública, en casos previos a su época como primer ministro. Los escándalos —que convirtieron al Ponta en el único primer ministro de la UE que ostenta el cargo imputado por la justicia— se remontan al periodo entre 2007 y 2011, cuando dirigía un bufete de abogados.

Aseguraba que las acusaciones de corrupción eran parte de una campaña para derribarle y dañar al Partido Socialdemócrata. “Yo puedo enfrentar cualquier tipo de batalla política, pero no puedo luchar contra el pueblo”, ha dicho Ponta, que propuso al titular de Defensa, Mircea Dusa, como primer ministro interino.

“Alguien tenía que asumir la responsabilidad por lo que ha ocurrido. Este es un asunto muy serio y prometemos una solución rápida”, ha declarado el secretario general del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragea, una de las voces que más ha presionado para desalojar a Ponta.

En una sociedad donde es poco frecuente salir a la calle a manifestarse, las protestas por la tragedia del Colectiv han asustado a los socialdemócratas. Con las elecciones locales previstas para junio de 2016 y las legislativas en noviembre de ese año, el Partido Socialdemócrata teme que este escándalo contribuya a perjudicar todavía más la dañada imagen del partido, tocado por los escándalos de corrupción de Ponta y otros líderes de primer nivel. Por eso, analiza el analista de la Fundación para una Sociedad Abierta Ovidiu Voicu, ha presionado para sacrificarlo.

Irónicamente y de alguna forma, la dimisión de Ponta le estropea un poco su día de gloria a su rival político Klaus Iohannis, anfitrión este miércoles en Bucarest de una minicumbre de países del Este miembros de la OTAN, para hacer frente común ante la pujanza rusa.

Nuevas manifestaciones

M. R. S., Bucarest

Miles de personas protestan en Bucarest, el 4 de noviembre de 2015. / INQUAM PHOTOS (Reuters)

Miles de rumanos han vuelto a manifestarse este miércoles en todo el país para exigir un verdadero cambio en todas las instituciones. Los ciudadanos, que reclamaron de nuevo responsabilidades por lo ocurrido en el Club Colectiv de Bucarest, no se conforman con haber logrado la dimisión del Gobierno y del alcalde del sector donde se hallaba la discoteca incendiada. Algunos piden ya una convocatoria anticipada de elecciones.

"Queremos hospitales, no catedrales", reclamaban muchos. El incendio de viernes, que se ha cobrado ya 32 muertos y casi 200 heridos —90 de ellos en estado muy grave—, ha puesto en evidencia la debilidad de los servicios públicos del país. Los hospitales de la capital, muy dañados por los recortes, se han visto desbordados por lo ocurrido.

"Hemos salido a la calle para exigir un cambio del sistema politico al completo. Estamos hartos de corruptos y de ladrones", reclama Claudiu Popa, estudiante de Historia de 22 años, en la Plaza de la Universidad de Bucarest, donde este miércoles se han congregado unas 35.000 personas. Popa explica que dos de los fallecidos en el incendio del Colectiv eran estudiantes de su facultad. La mayoría de los fallecidos y de los heridos en la tragedia eran jóvenes. Todos habían acudido a la discoteca a la presentación del nuevo disco de un famoso grupo de rock local.

El grupo formado por Mircea, Mihai, Alexandra, Amalia y Andrea tambíen han salido a la calle, en Bucarest, por segunda noche consecutiva. Estos estudiantes universitarios creen que los problemas del país no se solucionan con un par de dimisiones. Enfundados en banderas de Rumania, instan a una reforma de base.

Pese a este caso, y pese a las continuas reclamaciones, tanto desde la oposición como desde las filas de su propio partido para que abandonase el cargo, este antiguo abogado y fiscal se había aferrado reiteradamente a su silla. Sólo renunció a la secretaría del PSD y había prometido que cumpliría su mandato como jefe de Gobierno hasta el final de 2016.

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