Juez acusado de extorsión enerva al Estado que lo quiere tras de rejas
La Paz, ABI
El Estado boliviano reaccionaba el jueves, en algunos casos airado, para sancionar a un juez, Marcelo Barrientos que, pese a ser filmado por su víctima cuando la extorsionaba, dijo que en el proceso que se le ha radicado "demostrará" su inocencia, a sabiendas que para la legislación local las grabaciones no sirven de prueba preconstituida, en el más reciente caso de la degradación sin pausa de la justicia en Bolivia.
"Con la notificación del Consejo de la Magistratura asumiré mi defensa, donde demostraré mi inocencia del delito que se me acusa, de la supuesta extorsión, tomando en cuenta que el Tribunal como tal es colegiado, constituido por tres personas, entre esos los jueces técnicos", señaló Barrientos cuando las autoridades le notificaron que debía responder a una denuncia de extorsión en su contra.
Con soltura indesmentible, Barrientos encaró a los periodistas, ante cuyas preguntas alegó inocencia y, más aún, dijo desconocer el vídeo en que busca timar, entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer que, a su merced, se muestra dispuesta incluso a cohecharlo para evitar que su hijo sea procesado por violación y no por el delito con que inicialmente lo procesaron: estupro.
Barrientos había montado con sus auxiliares y secretaria, todos cómplices, una red extorsiva.
La secretaria del juez que se azota contra la mayor evidencia en su contra y, no obstante, dice ser inocente, se cerciora que todos los que van a ser extorsionados ingresen a la oficina del juez sin ningún aparato con que pueda grabarse, en audio, la conversación.
Barrientos fue registrado con una diminuta cámara de vídeo incrustada en los anteojos de la mujer a quien trató de timar.
La secretaria, se ve en el vídeo, revisa las carteras de las mujeres que ingresan a la oficina de Barrientos y hasta retiene los celulares de ellas. Deben entrar limpios. Es probable que también "cache" (requise) a los hombres.
Antes de ir directamente al hueso, Barrientos confirma que la mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, no tenga a mano nada con qué grabar la conversación, muestra el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.
Convencido que no sería grabado de ninguna forma, Barrientos pide el dinero y hasta involucra a un fiscal, cuyo nombre no menciona.
"El fiscal pide....", se le escucha decir y requiere el dinero indiferente a que la mujer no dejaba de sollozar durante toda la filmación.
"Lo que dice la ley nomás doctor", implora la mujer después que Barrientos se dice poco dispuesto a cambiar la calificación del delito supuestamente cometido.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, se ha indignado después de escuchar que Barrientos anunciara que demostrará su inocencia y que desconocía la procedencia del vídeo.
"Vamos a ser implacables en este caso. Tiene que ir a la cárcel. No vamos a permitir que la gente siga sufriendo", sostuvo la Ministra.
"Es una barbaridad que digan todavía que el vídeo no es prueba", clamó la autoridad entrevistada por el magazine nocturno de Red Uno.
Por último demandó "al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Fiscal del Estado celeridad para llevar a la cárcel este caso".
El Consejo de la Magistratura anunció el comienzo de un proceso disciplinario al juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, acusado de extorsión y filmado cuando trataba de timar entre 15.000 y 18.000 dólares a una mujer que buscaba se califique a su hijo de acuerdo con el tipo penal en que incurrió.
"Estamos viniendo a verificar y controlar el despacho en razón a la denuncia de extorsión en los medios de comunicación, es un acto indebido y vamos a procesar conforme a las faltas gravísimas para una destitución", explicó la encargada distrital del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, al entregar la notificación.
Informó que según el nuevo reglamento disciplinario, el juez disciplinario decidirá la suspensión del juez sin goce de haber y el fallo final se conocerá en un plazo de dos meses, lo que antes demoraba 6 meses.
"Por tratarse de un hecho 'flagrante' de corrupción la demanda penal se formalizó ante el Ministerio Público, porque no se puede tolerar, proteger ni encubrir a funcionarios judiciales denunciados por delitos de extorsión", sentenció Limachi.
El caso enervó también a las autoridades de la Fiscalía General del Estado en momentos en que su titular, Ramiro Guerrero, dirige en persona la reforma del Ministerio Público en Oruro.
