El tercer juez implicado en video sabía del soborno, dice la Fiscalía
El tercer juez que formaba parte del Tribunal de Sentencia Anticorrupción, Ernesto Escobar, conocía del soborno de al menos 3.000 dólares que pedían sus colegas, José Barrientos y Jorge Viscarra, para reducir una pena, según la investigación de la Fiscalía.
"La señora (Patricia, víctima del cohecho) manifiesta que le hubiera contado (a Escobar) todo el problema y que tenía que entregar un dinero, y que el juez le manifestó que hable nomás con las personas que tenían que ver con la entrega de ese dinero, es decir, con el juez Barrientos”, informó ayer la fiscal Rosario Venegas.
La semana pasada fue difundido un video en el que se observa a la secretaria de ese tribunal, Micaela Alí, revisar la cartera y el celular de Patricia -por instrucción de Barrientos- para cerciorarse de que no tenía ningún dispositivo de grabación.
Después de la revisión, el ahora exjuez y su colega, Viscarra, negocian la reducción de una pena contra el hijo de la víctima.
Escobar -según la declaración de Patricia- tenía el mismo modo de operar que sus compañeros. Pues antes de reunirse con ella, Alí se llevó su cartera y su celular para que tampoco pudiera grabar el encuentro. Al salir, sus pertenencias le fueron devueltas.
Por ello, la fiscal decidió imputar al juez por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes; pese a que no se lo observa en el denominado video extorsión.
En una anterior entrevista con Página Siete, Escobar manifestó que no conocía lo que tramaban sus compañeros del tribunal, que no tenía nada que esconder y que se sometería a las investigaciones, penal y disciplinaria.
Sin embargo ayer, en audiencia cautelar, el juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió enviarlo al penal de Patacamaya con detención preventiva. De esta manera se unirá a sus compañeros, Viscarra y Barrientos, quienes fueron trasladados a la misma prisión, imputados por cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Alí también está detenida en el penal para mujeres de Obrajes, imputada por cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
El exfiscal Félix Marín, señalado por Barrientos como el que pidió 15.000 dólares de coima, se presentó el viernes ante Venegas voluntariamente; pero hasta ayer aún aguardaba su citación.
Los cargos
Penas Los cuatro detenidos fueron imputados por: cohecho pasivo (2 a 6 años de cárcel), incumplimiento de deberes (1 mes a 1 año) y uso indebido de influencias (2 a 8 años).
Más denuncias Prudencio Flores, exabogado de la víctima de extorsión, denunció a Barrientos y Viscarra por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Jueza niega que exigiera coima y pide investigar a un abogado
La jueza segunda de Instrucción Penal Cautelar, Lía Cardozo, negó ayer la denuncia en su contra por el pedido 9.000 dólares como un soborno para reducir la pena en un delito por violación; es el mismo caso por el cual tres de sus colegas fueron imputados y encarcelados.
"Niego rotundamente esas afirmaciones de que yo habría pedido, en algún momento, dinero. Desconozco este extremo y soy la interesada directa, ahora, en saber quién es la abogada que ha solicitado dinero a mi nombre”, dijo Cardozo.
La semana pasada, la mujer que filmó a dos jueces cuando la extorsionaban denunció que meses atrás su abogado le indicó que la jueza pidió los 9.000 dólares para bajar la pena a su hijo, imputado por violación.
"Antes (el caso de mi hijo) estaba con la jueza Lía Cardozo y, según mi abogado, dice (que pidió) 9.000 dólares y yo lo dejé así porque no tenía ese monto, lo dejé (en manos del) abogado, no tenía pruebas”, contó la mujer a ERBOL.
Cardozo ahora pide que se investigue al abogado y anunció una querella contra éste por difamación. Además, dijo que se someterá a la investigación que inició la Fiscalía y que está a la espera de una citación para declarar.
El presidente de la Asociación de Magistrados de La Paz, Orlando Rojas, respaldó a su colega al afirmar que hay abogados que engañan a su clientes para obtener dinero con la excusa de que es un soborno para el juez.
"Es el abogado quien habría solicitado el monto de dinero. Nosotros exigimos se investigue esto, toda vez que la corrupción parte muchas veces de los abogados e incluso algunas veces de los litigantes”, dijo Rojas.
Jueces acuerdan que atenderán a los litigantes fuera de sus despachos
La Asociación de Magistrados de La Paz (AMLP) decidió que todos los jueces atiendan a las partes litigantes en el mostrador de los juzgados, a la vista del público, y no en la privacidad de sus oficinas. La medida, adoptada tras la difusión del "video extorsión” en un tribunal anticorrupción, tiene el propósito de transparentar su trabajo.
"La asociación tomó la iniciativa. Ordenar a todos los jueces que las partes y abogados sean recibidos en el mostrador, en presencia del público litigante para que no estén señalando que se pidió dinero. Es para transparentar nuestras actuaciones”, manifestó ayer el presidente de la AMLP, Orlando Rojas.
Rojas aclaró que no existe ninguna sanción o represalia contra quien continúe recibiendo a las partes en su despacho. "De por sí ya es una falta que el juez se reúna sólo con una de las partes para tratar temas referentes al fondo del proceso, pero a veces los litigantes tienen consultas sobre el avance o el cumplimiento de plazos y el juez debe atenderlos. Por eso decidimos que se haga a la vista de todos”.
La semana pasada el ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su intención de colocar cámaras de videovigilancia en los juzgados para precautelar el derecho de la población a una justicia pronta y transparente.
Rojas sostuvo que no se oponen a esta ni a cualquier otra acción que busque garantizar la honestidad de su trabajo, "siempre y cuando se respete nuestros derechos”.
Aunque es probable que ninguna de estas medidas tenga el efecto esperado, pues en las últimas horas la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó que recibió denuncias de tres jueces de La Paz que extorsionan a sus víctimas en oficinas privadas. "He recibido denuncias de que jueces tienen oficinas particulares y sus negocios son ahí”.
