Un nuevo caso de corrupción salpica al hijo de Lula
Si Petrobras destapó la corrupción en el sector de la construcción, la Operación Zelotes amenaza con hacerlo en el sector automotriz
Afonso Benites / Gil Alessi
Brasilia / São Paulo, El País
Si el caso Petrobras destapó la corrupción en el sector de la construcción en Brasil, la Operación Zelotes amenaza con hacer lo mismo en el sector automotriz, uno de los principales del país. La policía investiga desde 2014 a empresas que sobornaban a inspectores de Hacienda para librarse de multas, una estrategia con la que podrían haber evadido 4.831 millones de dólares de las arcas públicas. Las denuncias salpican incluso al hijo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Claudio.
Con la guerra política desatada en el país, el nombre de un familiar del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores en la Operación Zelotes alimenta aún más la furia de los brasileños contra el Gobierno de Dilma Rousseff, también del PT, implicado en otras denuncias de corrupción y con la popularidad por los suelos.
La operación arrancó con una denuncia anónima a la policía federal. Según el soplo, varias empresas corrompían a funcionarios públicos para intervenir en decisiones del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), una especie de tribunal del Ministerio de Hacienda para multar al sector privado por irregularidades en el pago de impuestos.
En una primera etapa, la policía puso bajo investigación 74 decisiones del CARF que involucran a grandes grupos, como Gerdau, Ford, Mitsubishi, Petrobras, y bancos como Safra, Bradesco y Santander. La policía cree que las empresas sobornaban a los fiscales para reducir las multas, algunas de más de 730.000 dólares. El Partido Progresista, conservador a pesar del nombre, y con varios nombres involucrados en los sobornos de Petrobras, también está bajo investigación. Lo que parecía ser un escándalo en el sector económico fue ganando dimensión política a medida que se descubrió la acción de consultoras y abogados de empresas como Marcondes y Mautoni, que representaban a algunas compañías frente al CARF. La policía averiguó que la agencia trabajaba para influir en la aprobación de leyes que concedían ventajas fiscales para el sector automotriz junto a parlamentarios en el Congreso brasileño. Ocurrió, supuestamente, en 2010, cuando Lula aún era presidente. La consultora tenía como clientes a dos fabricantes de automóviles, Mitsubishi y CAOA, esta última responsable de la marca Hyundai en Brasil.
Oficina registrada
Fue justamente Marcondes y Mautoni (dos de cuyos ejecutivos fueron detenidos el lunes) la que supuestamente hizo negocios con el hijo de Lula. La policía debe escuchar a Luis Claudio da Silva para aclarar esta conexión, ya que la consultora no tiene negocios en el sector de deportes en el que él trabaja (promueve el fútbol americano en Brasil). El lunes pasado, su oficina fue registrada en búsqueda de documentos. En la mira de la policía también está el exministro de Lula y de Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, sospechoso por haberse reunido con grupos de presión para hablar sobre las ventajas fiscales, que forman parte de una ley aprobada en 1999 por el expresidente Fernando Henrique Cardoso. La norma ha sido renovada y mantenida por los siguientes Gobiernos, dado el papel vital de la industria automotriz en la economía: genera muchos empleos y es una de la que más impuestos más.
Por eas razones el PT ve la divulgación de esas informaciones sobre la investigación como una estrategia de los enemigos políticos del expresidente. Brasil celebrará elecciones municipales el próximo año y a los adversarios del Gobierno les conviene que el partido esté vinculado a escándalos de corrupción, incluso hasta 2018, cuando habrá nuevos comicios presidenciales. Ya que parte del país atribuye a Rousseff, y no a Lula, la actual crisis política y económica, la oposición trabaja para arrastrar al nombre del expresidente al centro de la crisis.
Durante un encuentro del PT, el expresidente aseguró ayer que está preparado para ser golpeado durante los próximos tres años. Pero advirtió de que va a reaccionar. "Pueden pegarme, porque yo voy a sobrevivir", avisó.
A su vez el escándalo, que invade las portadas de la prensa, alimenta aún más la guerra política dentro del Congreso. La Cámara aprovecha para retrasar las votaciones importantes para que el país salga de la crisis, y fomenta el enfrentamiento en las calles con los defensores de Lula de un lado, y los que desean que sea investigado y detenido de otro. Para todos, sin embargo, una cosa está clara: el PT cosecha lo que sembró por haberse implicado en escándalos de corrupción.
Brasilia / São Paulo, El País
Si el caso Petrobras destapó la corrupción en el sector de la construcción en Brasil, la Operación Zelotes amenaza con hacer lo mismo en el sector automotriz, uno de los principales del país. La policía investiga desde 2014 a empresas que sobornaban a inspectores de Hacienda para librarse de multas, una estrategia con la que podrían haber evadido 4.831 millones de dólares de las arcas públicas. Las denuncias salpican incluso al hijo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Claudio.
Con la guerra política desatada en el país, el nombre de un familiar del expresidente y líder del Partido de los Trabajadores en la Operación Zelotes alimenta aún más la furia de los brasileños contra el Gobierno de Dilma Rousseff, también del PT, implicado en otras denuncias de corrupción y con la popularidad por los suelos.
La operación arrancó con una denuncia anónima a la policía federal. Según el soplo, varias empresas corrompían a funcionarios públicos para intervenir en decisiones del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), una especie de tribunal del Ministerio de Hacienda para multar al sector privado por irregularidades en el pago de impuestos.
En una primera etapa, la policía puso bajo investigación 74 decisiones del CARF que involucran a grandes grupos, como Gerdau, Ford, Mitsubishi, Petrobras, y bancos como Safra, Bradesco y Santander. La policía cree que las empresas sobornaban a los fiscales para reducir las multas, algunas de más de 730.000 dólares. El Partido Progresista, conservador a pesar del nombre, y con varios nombres involucrados en los sobornos de Petrobras, también está bajo investigación. Lo que parecía ser un escándalo en el sector económico fue ganando dimensión política a medida que se descubrió la acción de consultoras y abogados de empresas como Marcondes y Mautoni, que representaban a algunas compañías frente al CARF. La policía averiguó que la agencia trabajaba para influir en la aprobación de leyes que concedían ventajas fiscales para el sector automotriz junto a parlamentarios en el Congreso brasileño. Ocurrió, supuestamente, en 2010, cuando Lula aún era presidente. La consultora tenía como clientes a dos fabricantes de automóviles, Mitsubishi y CAOA, esta última responsable de la marca Hyundai en Brasil.
Oficina registrada
Fue justamente Marcondes y Mautoni (dos de cuyos ejecutivos fueron detenidos el lunes) la que supuestamente hizo negocios con el hijo de Lula. La policía debe escuchar a Luis Claudio da Silva para aclarar esta conexión, ya que la consultora no tiene negocios en el sector de deportes en el que él trabaja (promueve el fútbol americano en Brasil). El lunes pasado, su oficina fue registrada en búsqueda de documentos. En la mira de la policía también está el exministro de Lula y de Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, sospechoso por haberse reunido con grupos de presión para hablar sobre las ventajas fiscales, que forman parte de una ley aprobada en 1999 por el expresidente Fernando Henrique Cardoso. La norma ha sido renovada y mantenida por los siguientes Gobiernos, dado el papel vital de la industria automotriz en la economía: genera muchos empleos y es una de la que más impuestos más.
Por eas razones el PT ve la divulgación de esas informaciones sobre la investigación como una estrategia de los enemigos políticos del expresidente. Brasil celebrará elecciones municipales el próximo año y a los adversarios del Gobierno les conviene que el partido esté vinculado a escándalos de corrupción, incluso hasta 2018, cuando habrá nuevos comicios presidenciales. Ya que parte del país atribuye a Rousseff, y no a Lula, la actual crisis política y económica, la oposición trabaja para arrastrar al nombre del expresidente al centro de la crisis.
Durante un encuentro del PT, el expresidente aseguró ayer que está preparado para ser golpeado durante los próximos tres años. Pero advirtió de que va a reaccionar. "Pueden pegarme, porque yo voy a sobrevivir", avisó.
A su vez el escándalo, que invade las portadas de la prensa, alimenta aún más la guerra política dentro del Congreso. La Cámara aprovecha para retrasar las votaciones importantes para que el país salga de la crisis, y fomenta el enfrentamiento en las calles con los defensores de Lula de un lado, y los que desean que sea investigado y detenido de otro. Para todos, sin embargo, una cosa está clara: el PT cosecha lo que sembró por haberse implicado en escándalos de corrupción.
