Italia niega a los países receptores de refugiados que los seleccionen ‘in situ’
España y otros querían enviar funcionarios a puntos calientes para escoger a recién llegados
Pablo Ordaz
Roma, El País
Si ponerse de acuerdo sobre el número de refugiados que cada país europeo deberá recibir ya fue complicado, ponerlo en práctica también está resultando difícil. Italia ha rechazado de plano la aspiración de algunos países –entre ellos España—de participar in situ en la selección de personas con derecho a asilo. “No estamos dispuestos”, asegura un alto cargo del Gobierno de Matteo Renzi, “a permitir que funcionarios de otros países escojan a los refugiados en Lampedusa o en Trapani. Una labor humanitaria no puede convertirse en un mercado”.
Los países receptores solo podrán rechazar a los refugiados enviados por Italia de forma “excepcional” y por “motivos justificados” de seguridad nacional. Según el plan de redistribución obligatoria diseñado por la Comisión Europea, a España le corresponden 14.931 refugiados, un 12,44% del cupo de 120.000.
Italia, que durante los dos últimos años se sintió abandonada por Europa en su lucha diaria contra los naufragios en el Mediterráneo, no está ahora dispuesta a permitir injerencias en su plan de redistribución de refugiados. Así de tajante quedó expuesto en la reunión que, el pasado miércoles día 28, celebraron en Roma los delegados de la Comisión Europea en Italia y los representantes diplomáticos de todos los países receptores. El plan del Gobierno italiano –al que ha tenido acceso este periódico-- consta de cinco fases y tendrá que ser ejecutado en un plazo máximo de dos meses.
La primera fase es ya la más complicada. Se trata de la identificación en cinco “puntos calientes” –Lampedusa, Augusta, Trapani, Pozzallo y Porto Empedocle-- de las personas procedentes de los cuatro países –Siria, Irak, Eritrea y República Centroafricana—que, en principio, tienen derecho a solicitar refugio. Se trata de un proceso difícil y delicado, por cuanto de ahí depende el destino de miles de personas. Los delegados de Frontex, Europol, ACNUR y Easo deberán hacer la distinción entre “refugiados políticos” e “inmigrantes económicos”. Los primeros tendrán derecho al estatuto de refugiado. A los segundos se les incoará un expediente de expulsión.
Durante la segunda fase, las autoridades italianas elaborarán un detallado expediente de cada refugiado, en el que además de nacionalidad, idioma o nivel de formación, se añadirá un exhaustivo examen sanitario para descartar enfermedades infecciosas. Las autoridades italianas presentes en la reunión del pasado miércoles insistieron en que, en ningún caso, los países receptores tendrán derecho a un segundo examen sanitario.
Una vez completada las primeras dos fases, las tres siguientes son ya meramente administrativas, y ahí ya las autoridades italianas se comunicarán con oficiales de enlace de cada uno de los países. Según el alto cargo del Gobierno de Renzi, “el cometido del enlace diplomático será el de facilitar la transferencia de los refugiados, en ningún caso el de obstaculizar un proceso que, por el bien de todos, no debe ir más allá de dos meses. Europa debe de hacerse cargo de que la situación en algunos de los centros de acogida del sur de Italia es muy delicada”.
Roma, El País
Si ponerse de acuerdo sobre el número de refugiados que cada país europeo deberá recibir ya fue complicado, ponerlo en práctica también está resultando difícil. Italia ha rechazado de plano la aspiración de algunos países –entre ellos España—de participar in situ en la selección de personas con derecho a asilo. “No estamos dispuestos”, asegura un alto cargo del Gobierno de Matteo Renzi, “a permitir que funcionarios de otros países escojan a los refugiados en Lampedusa o en Trapani. Una labor humanitaria no puede convertirse en un mercado”.
Los países receptores solo podrán rechazar a los refugiados enviados por Italia de forma “excepcional” y por “motivos justificados” de seguridad nacional. Según el plan de redistribución obligatoria diseñado por la Comisión Europea, a España le corresponden 14.931 refugiados, un 12,44% del cupo de 120.000.
Italia, que durante los dos últimos años se sintió abandonada por Europa en su lucha diaria contra los naufragios en el Mediterráneo, no está ahora dispuesta a permitir injerencias en su plan de redistribución de refugiados. Así de tajante quedó expuesto en la reunión que, el pasado miércoles día 28, celebraron en Roma los delegados de la Comisión Europea en Italia y los representantes diplomáticos de todos los países receptores. El plan del Gobierno italiano –al que ha tenido acceso este periódico-- consta de cinco fases y tendrá que ser ejecutado en un plazo máximo de dos meses.
La primera fase es ya la más complicada. Se trata de la identificación en cinco “puntos calientes” –Lampedusa, Augusta, Trapani, Pozzallo y Porto Empedocle-- de las personas procedentes de los cuatro países –Siria, Irak, Eritrea y República Centroafricana—que, en principio, tienen derecho a solicitar refugio. Se trata de un proceso difícil y delicado, por cuanto de ahí depende el destino de miles de personas. Los delegados de Frontex, Europol, ACNUR y Easo deberán hacer la distinción entre “refugiados políticos” e “inmigrantes económicos”. Los primeros tendrán derecho al estatuto de refugiado. A los segundos se les incoará un expediente de expulsión.
Durante la segunda fase, las autoridades italianas elaborarán un detallado expediente de cada refugiado, en el que además de nacionalidad, idioma o nivel de formación, se añadirá un exhaustivo examen sanitario para descartar enfermedades infecciosas. Las autoridades italianas presentes en la reunión del pasado miércoles insistieron en que, en ningún caso, los países receptores tendrán derecho a un segundo examen sanitario.
Una vez completada las primeras dos fases, las tres siguientes son ya meramente administrativas, y ahí ya las autoridades italianas se comunicarán con oficiales de enlace de cada uno de los países. Según el alto cargo del Gobierno de Renzi, “el cometido del enlace diplomático será el de facilitar la transferencia de los refugiados, en ningún caso el de obstaculizar un proceso que, por el bien de todos, no debe ir más allá de dos meses. Europa debe de hacerse cargo de que la situación en algunos de los centros de acogida del sur de Italia es muy delicada”.
