Maduro acusa a Chile de “injerencia” por objetar la condena a López
El Gobierno de Bachelet indicó que espera que “se observen las garantías judiciales"
Rocío Montes
Santiago de Chile, El País
Pese a que el Gobierno chileno ha evitado condenar directamente la sentencia contra el opositor venezolano, Leopoldo López, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores realizada el sábado pasado ha desatado la molestia de Caracas. En un comunicado, el régimen chavista acusó este lunes a la Administración de Michelle Bachelet de emitir “juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana” y realizó un llamado a evitar “inmiscuirse en los asuntos internos por acción directa o influencia de potencias externas”.
La Cancillería chilena señaló el fin de semana que Chile reconoce y respeta las facultades que tienen los Tribunales de Justicia de un Estado soberano, lo que fue criticado por los sectores que hubiesen esperado un rechazo firme y abierto a la condena contra López.
En paralelo, sin embargo, el Gobierno socialista de Bachelet indicó que espera que “se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia”.
El ministerio chileno expresó su disposición a colaborar en la reducción del clima de polarización que se observa en Venezuela y, junto con condenar la violencia, llamó a propiciar “un diálogo político amplio y constructivo entre los diversos actores políticos y sociales”.
El comunicado venezolano publicado este lunes señala que “resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público”. En ese sentido, agrega, “cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano”.
La declaración del Gobierno de Nicolás Maduro hace mención a aspectos especialmente sensibles para Chile y para la Administración de Bachelet: “Sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera derechos humanos de mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile", indica el comunicado que firma el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”.
Nueva cónsul
El intercambio epistolar entre ambos países se produce, justamente, cuando las máximas autoridades políticas chilenas están alertas ante el posible nombramiento de la jueza que condenó a López como la nueva cónsul venezolana en Chile. El canciller chileno Heraldo Muñoz reiteró este lunes que, hasta ahora, no existe ninguna notificación oficial sobre la llegada de Susana Barreiro. El ministro, sin embargo, recordó que las designaciones a nivel consular no necesitan el beneplácito del Gobierno, a diferencia de lo que ocurre con los embajadores.
El eventual nombramiento, aunque no se ha confirmado, ha producido movimientos a nivel parlamentario. El diputado Jorge Tarud, del oficialista Partido por la Democracia (PPD), indicó que “si el Gobierno de Maduro insiste en nominarla como cónsul en Chile, queremos advertirle del amplio rechazo que va a tener. Ella no va a poder cumplir su misión diplomática”.
Rocío Montes
Santiago de Chile, El País
Pese a que el Gobierno chileno ha evitado condenar directamente la sentencia contra el opositor venezolano, Leopoldo López, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores realizada el sábado pasado ha desatado la molestia de Caracas. En un comunicado, el régimen chavista acusó este lunes a la Administración de Michelle Bachelet de emitir “juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana” y realizó un llamado a evitar “inmiscuirse en los asuntos internos por acción directa o influencia de potencias externas”.
La Cancillería chilena señaló el fin de semana que Chile reconoce y respeta las facultades que tienen los Tribunales de Justicia de un Estado soberano, lo que fue criticado por los sectores que hubiesen esperado un rechazo firme y abierto a la condena contra López.
En paralelo, sin embargo, el Gobierno socialista de Bachelet indicó que espera que “se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia”.
El ministerio chileno expresó su disposición a colaborar en la reducción del clima de polarización que se observa en Venezuela y, junto con condenar la violencia, llamó a propiciar “un diálogo político amplio y constructivo entre los diversos actores políticos y sociales”.
El comunicado venezolano publicado este lunes señala que “resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público”. En ese sentido, agrega, “cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano”.
La declaración del Gobierno de Nicolás Maduro hace mención a aspectos especialmente sensibles para Chile y para la Administración de Bachelet: “Sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera derechos humanos de mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile", indica el comunicado que firma el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”.
Nueva cónsul
El intercambio epistolar entre ambos países se produce, justamente, cuando las máximas autoridades políticas chilenas están alertas ante el posible nombramiento de la jueza que condenó a López como la nueva cónsul venezolana en Chile. El canciller chileno Heraldo Muñoz reiteró este lunes que, hasta ahora, no existe ninguna notificación oficial sobre la llegada de Susana Barreiro. El ministro, sin embargo, recordó que las designaciones a nivel consular no necesitan el beneplácito del Gobierno, a diferencia de lo que ocurre con los embajadores.
El eventual nombramiento, aunque no se ha confirmado, ha producido movimientos a nivel parlamentario. El diputado Jorge Tarud, del oficialista Partido por la Democracia (PPD), indicó que “si el Gobierno de Maduro insiste en nominarla como cónsul en Chile, queremos advertirle del amplio rechazo que va a tener. Ella no va a poder cumplir su misión diplomática”.