Gobierno concentra el control y organizaciones tienen menos poder en el nuevo Fondo Indígena
El Decreto Supremo 2493 que crea el Fondo de Desarrollo Indígena y dispone la liquidación de la anterior institución, por un millonario daño al Estado, concentra un mayor poder en la representación gubernamental y disminuye de 12 a cinco, el número de representantes de las organizaciones sociales en el Consejo Consultivo.
El último informe de la Interventora remató con el Fondo Indígena, en el que se identificó al menos Bs 102 millones de daño económico al Estado. Antes, la Contraloría General del Estado encontró en 153 proyectos inconclusos con un posible daño al Estado de Bs 71 millones. En un escenario de irregularidades, la administración de Evo Morales determinó la liquidación de esta entidad y crear una nueva.
Al menos once diferencias principales resaltan entre los dos decretos supremos, uno que fue aprobado el 2005 y otro que fue promulgado 10 años después. Entre los cambios en la última norma destaca la estructura, el modelo de gestión, los criterios de distribución de recursos económicos, entre otros.
Para Morales, una de las principales causas para la mala administración y gestión del exFondo es la desequilibrada conformación del directorio, que de acuerdo al decreto abrogado, cinco ministros de Estado representaban al gobierno y 12 eran delegados de las organizaciones sociales; mientras que en la nueva norma se aumenta a seis ministros y se reduce a cinco los dirigentes de las organizaciones que conformarán al consejo consultivo (Ver cuadro).
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, cada una tiene un delegado que es el máximo dirigente.
Respecto a la anterior estructura, eliminaron a los delegados de tres organizaciones indígenas: la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz y del Beni. El Ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, dice que esta nueva estructura ve la necesidad de asesoramiento técnico de los ministerios. No obstante en el exFondo también había representación gubernamental.
Otra gran diferencia es que la aprobación de los proyectos ahora estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y del Director Ejecutivo; mientras que en el pasado era el directorio que aprobaba o rechazaba los presupuestos. Ello, según el Presidente Morales, evitará el “cuoteo” en el que mantuvieron algunos dirigentes a la institución.
La jefa de la bancada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, duda que la nueva norma mejore la situación de los beneficiarios. “El Fondo Indígena era para las naciones indígenas debería ser para las comunidades indígenas y no incluir a nombre de la nueva Constitución a los cocaleros y a los campesinos que son facciones internas del MAS”, observó la asambleísta.
La legisladora cree que con los cambios, esta institución fortalecerá a las organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, cuando el objetivo de disponer recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos era mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas.
