En la UMSA hay 33 procesos judiciales por falsificación de títulos
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) lleva en curso 33 procesos judiciales por falsificación de títulos. El último de los casos que ahora se encuentra en el Ministerio Público, fue el de un funcionario de la Defensoría del Pueblo. El rector Waldo Albarracín advirtió sobre mafias que se dedican a esa actividad ilícita y demandó una acción estatal.
La denuncia pública que efectuó la UMSA hace una semana en contra de una persona que falsificó su título profesional, y que se desempeñaba en un cargo laboral alto en la Defensoría del Pueblo, se constituye en uno de los 33 procesos que esa casa de estudios inició por el delito de falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado.
La asesora jurídica de la universidad, María del Carmen Villanueva, precisó a ANF que los procesos se deben al hallazgo de títulos adulterados de tipo académico, de provisión nacional y de bachiller. Agregó que la UMSA se establece como parte denunciante y que a veces coadyuva con la institución que fue “víctima” de las personas que incurrieron en el delito.
Para el rector Waldo Albarracín, los casos tienen que permitir dar con los autores materiales directos que cambian los nombres y números de los cartones y otros documentos personales. “Nos interesa dar con las mafias que fabrican estos títulos. Quienes tienen que investigar son las instituciones del Estado y nosotros vamos a prestar todo el apoyo”, sostuvo en declaraciones a esta agencia.
El rector relató que la UMSA detecta estas irregularidades cuando se presentan denuncias directas o cuando las instituciones o empresas envían listas de los profesiones que contratan para que se emitan certificaciones o se revise si los documentos son legítimos.
En el caso del funcionario de la Defensoría -continuó- se recibió una denuncia y se hizo la respectiva verificación. El caso fue derivado al Ministerio Público y esa instancia procedió a revisar el folder del sindicado.
Al respecto, Villanueva explicó que la sanción penal por este tipo de delito puede ser de seis a ocho años de cárcel. Sin embargo, destacó que el objetivo es dar con las redes que alteran los documentos académicos.
Con todo, el rector dijo que el tema preocupa a la UMSA y que por el último caso se decidió dar parte al Ministerio de Transparencia. Recordó también que esa cartera debía emitir una circular a las oficinas públicas y privadas para que soliciten la verificación de los perfiles de sus trabajadores.
