El Tribunal Superior catalán insta a Mas a que deje de reclutar magistrados
El Gobierno advirtió este viernes que reclutar jueces autonómicos va contra la Constitución
Pere Ríos / Fernando Garea
Barcelona / Madrid, El País
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclamó este viernes a la Generalitat que sancione a Santiago Vidal, un cargo de confianza contratado por la Administración autonómica que está reclutando jueces para cubrir las plazas que queden vacantes en una hipotética Cataluña independiente. El tribunal cree que esa actuación del juez Vidal, que está suspendido por tres años por participar en la redacción de la Constitución catalana, "compromete gravemente" la "confianza colectiva en el Poder Judicial" y por eso reclama al Gobierno catalán "que exija las responsabilidades correspondientes" y ponga fin a la situación.
La comisión permanente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reunió este viernes de manera extraordinaria ante la información publicada por EL PAÍS que relataba la actividad que está llevando a cabo Santiago Vidal y en la que él mismo detalla los pasos que había dado para reclutar a unos 250 jueces en un futuro Estado atalán. Esa es la estimación de las plazas que quedarían vacías, de un total de 800, cuando se proclame la independencia.
"De ninguna manera puede aceptarse que se cuestione la continuidad en el ejercicio jurisdiccional independiente, imparcial y responsable, conforme a la Constitución, de los jueces y juezas de este territorio", dice el tribunal superior, que también considera inaceptable "que se pueda trasladar a la opinión pública que la efectiva protección de los derechos y libertades de la ciudadanía se encargará a un número indeterminado de personas sin ninguna sujeción a los procedimientos previstos en la ley". La nota emitida tras la reunión considera que la actuación de Vidal "ha comprometido gravemente" la "confianza colectiva” en el poder judicial.
El Departamento de Justicia negó este viernes que se estuviesen reclutando jueces y que Vidal no había recibido el encargo. También declinó pronunciarse sobre si adoptaría medidas sancionadoras contra este magistrado. Horas después del desmentido de la Generalitat, el magistrado suspendido se sumó a esa tesis y negó por completo lo que el día anterior había explicado.
Vidal relató el pasado jueves a EL PAÍS con toda clase de detalles que tenía el encargo del consejero de Justicia, Germà Gordó, para reclutar a los jueces en el marco de la elaboración del Libro Blanco de la Justicia. También explicó los requisitos que se exigirían a esos jueces, que no se celebraría convocatoria para seleccionarlos y reconoció que había mantenido entrevistas con varios de ellos para que se presentaran una vez lograda la independencia.
Del mismo modo, Vidal explicó que había hablado con los representantes de los jueces y los fiscales sustitutos y con los decanos de los colegios de abogados para que colaborasen en el reclutamiento de jueces. Incluso anunció que el trabajo que está realizando será presentado el 9 de octubre en el Observatorio Catalán de Justicia. "Queremos despolitizar al máximo la justicia y no buscamos ningún perfil ideológico concreto", declaró Vidal el jueves. Este viernes se negó a atender la llamada de EL PAÍS tras ese cambio de posicionamiento.
Sin embargo, una de las personas entrevistadas por Vidal para sumarse al nuevo cuerpo de jueces confirmó que Vidal le explicó todos los detalles que explicaba la información. En esa entrevista, celebrada hace unos días, Vidal dijo del consejero Gordó, que "estaba amortizado políticamente" y se le recolocaría en una empresa privada, pues la nueva consejera de Justicia sería una exdiputada de Esquerra Republicana.
Mientras, el Gobierno advirtió este viernes que reclutar jueces catalanes va contra la Constitución y, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, atenta contra la independencia del Poder Judicial. "El poder judicial es único e independiente y, por tanto, no es posible crear uno propio", explicó. Santamaría insistió en que esa actuación sería perturbar la independencia judicial, porque la ley prevé la posibilidad de actuar contra quien lo haga. El artículo 14 de la ley Orgánica del Poder Judicial asegura que "el Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".
La número dos del Gobierno aprovechó para advertir de que mantendrá su estrategia de llevar al Tribunal Constitucional cada paso que de la Generalitat para crear la estructura de Estado y forzar así su suspensión. En este caso, fuentes del Gobierno explican que no es posible actuar porque no consta ninguna decisión o acto oficial que ampare ese reclutamiento de jueces.
Barcelona / Madrid, El País
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclamó este viernes a la Generalitat que sancione a Santiago Vidal, un cargo de confianza contratado por la Administración autonómica que está reclutando jueces para cubrir las plazas que queden vacantes en una hipotética Cataluña independiente. El tribunal cree que esa actuación del juez Vidal, que está suspendido por tres años por participar en la redacción de la Constitución catalana, "compromete gravemente" la "confianza colectiva en el Poder Judicial" y por eso reclama al Gobierno catalán "que exija las responsabilidades correspondientes" y ponga fin a la situación.
La comisión permanente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reunió este viernes de manera extraordinaria ante la información publicada por EL PAÍS que relataba la actividad que está llevando a cabo Santiago Vidal y en la que él mismo detalla los pasos que había dado para reclutar a unos 250 jueces en un futuro Estado atalán. Esa es la estimación de las plazas que quedarían vacías, de un total de 800, cuando se proclame la independencia.
"De ninguna manera puede aceptarse que se cuestione la continuidad en el ejercicio jurisdiccional independiente, imparcial y responsable, conforme a la Constitución, de los jueces y juezas de este territorio", dice el tribunal superior, que también considera inaceptable "que se pueda trasladar a la opinión pública que la efectiva protección de los derechos y libertades de la ciudadanía se encargará a un número indeterminado de personas sin ninguna sujeción a los procedimientos previstos en la ley". La nota emitida tras la reunión considera que la actuación de Vidal "ha comprometido gravemente" la "confianza colectiva” en el poder judicial.
El Departamento de Justicia negó este viernes que se estuviesen reclutando jueces y que Vidal no había recibido el encargo. También declinó pronunciarse sobre si adoptaría medidas sancionadoras contra este magistrado. Horas después del desmentido de la Generalitat, el magistrado suspendido se sumó a esa tesis y negó por completo lo que el día anterior había explicado.
Vidal relató el pasado jueves a EL PAÍS con toda clase de detalles que tenía el encargo del consejero de Justicia, Germà Gordó, para reclutar a los jueces en el marco de la elaboración del Libro Blanco de la Justicia. También explicó los requisitos que se exigirían a esos jueces, que no se celebraría convocatoria para seleccionarlos y reconoció que había mantenido entrevistas con varios de ellos para que se presentaran una vez lograda la independencia.
Del mismo modo, Vidal explicó que había hablado con los representantes de los jueces y los fiscales sustitutos y con los decanos de los colegios de abogados para que colaborasen en el reclutamiento de jueces. Incluso anunció que el trabajo que está realizando será presentado el 9 de octubre en el Observatorio Catalán de Justicia. "Queremos despolitizar al máximo la justicia y no buscamos ningún perfil ideológico concreto", declaró Vidal el jueves. Este viernes se negó a atender la llamada de EL PAÍS tras ese cambio de posicionamiento.
Sin embargo, una de las personas entrevistadas por Vidal para sumarse al nuevo cuerpo de jueces confirmó que Vidal le explicó todos los detalles que explicaba la información. En esa entrevista, celebrada hace unos días, Vidal dijo del consejero Gordó, que "estaba amortizado políticamente" y se le recolocaría en una empresa privada, pues la nueva consejera de Justicia sería una exdiputada de Esquerra Republicana.
Mientras, el Gobierno advirtió este viernes que reclutar jueces catalanes va contra la Constitución y, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, atenta contra la independencia del Poder Judicial. "El poder judicial es único e independiente y, por tanto, no es posible crear uno propio", explicó. Santamaría insistió en que esa actuación sería perturbar la independencia judicial, porque la ley prevé la posibilidad de actuar contra quien lo haga. El artículo 14 de la ley Orgánica del Poder Judicial asegura que "el Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".
La número dos del Gobierno aprovechó para advertir de que mantendrá su estrategia de llevar al Tribunal Constitucional cada paso que de la Generalitat para crear la estructura de Estado y forzar así su suspensión. En este caso, fuentes del Gobierno explican que no es posible actuar porque no consta ninguna decisión o acto oficial que ampare ese reclutamiento de jueces.
