El Gobierno y las FARC dan un paso clave en el proceso de paz en Colombia
El Ejecutivo y la guerrilla anuncian la creación de un mecanismo judicial que juzgará a todos los actores del conflicto
Santos y Timochenko se dan seis meses para la firma definitiva
Javier Lafuente
Bogotá, El País
La paz, esa bajo la que sueñan vivir desde hace más de 50 años generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quimérica. El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes y ha dejado siete millones de víctimas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, anunciaron la creación de un mecanismo judicial que juzgará a todos los actores del conflicto. Además, el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla se dieron seis meses para la firma definitiva del acuerdo de paz.
Santos, acompañado por representantes de diversas formaciones políticas, entre las que no se encontraba el uribismo, los mayores críticos con el proceso, viajó a La Habana antes de partir a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que el presidente colombiano acude a la capital cubana en estos tres años de negociaciones con las FARC. “Haré escala en La Habana para reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto. La paz está cerca”, tuiteó a primera hora de la mañana el presidente colombiano.
Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo que ultiman el Gobierno y la guerrilla, según fuentes de ambas partes conocedoras del texto, conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar, según las mismas fuentes, que celebran haber logrado un equilibrio con lo exigido por la Corte Penal Internacional, cuya base, el Estatuto de Roma, está refrendada por Colombia.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán penas o sanciones –dependiendo de la fuente consultada esta emplea uno u otro término- más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos. Estas penas estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. En ningún caso este tipo de penas implicaría cárcel alguna. Solo en caso de que no se aporte verdad y reconozca responsabilidad la persona acusada será juzgada y en caso de resultar culpable podría ser condenado a cárcel.
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel. “Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Desde la Casa de Nariño se garantiza que habrá privación de libertad. Las fuentes conocedoras del acuerdo incidente en que el sistema asegura que no habrá impunidad para ningún actor del conflicto siempre y cuando aporten verdad y asuman responsabilidad.
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.
Más de 218.000 muertos y millones de desplazados
Sally Palomino, Bogotá
El conflicto armado de Colombia ha dejado más de 218.000 víctimas mortales. De ellas, 177.307 eran civiles y el resto, combatientes, según los datos el Centro de Memoria Histórica colombiano.
La guerra que ha marcado la historia reciente del país ha afectado de una u otra forma a unos siete millones de personas, según indica el Registro Único de Víctimas.
Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima en 6.414.700 las personas desplazadas por la violencia.
Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. El registro de víctimas calcula también que más de 130.000 personas han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas.
En los diferentes registros se habla, además, de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Santos y Timochenko se dan seis meses para la firma definitiva
Javier Lafuente
Bogotá, El País
La paz, esa bajo la que sueñan vivir desde hace más de 50 años generaciones de colombianos, resulta cada vez menos quimérica. El Gobierno y la guerrilla de las FARC dieron este miércoles un paso crucial en la consolidación de las negociaciones que se iniciaron hace casi tres años para poner fin a un conflicto que ha provocado más de 220.000 muertes y ha dejado siete millones de víctimas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, en presencia del mandatario anfitrión, Raúl Castro, anunciaron la creación de un mecanismo judicial que juzgará a todos los actores del conflicto. Además, el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla se dieron seis meses para la firma definitiva del acuerdo de paz.
Santos, acompañado por representantes de diversas formaciones políticas, entre las que no se encontraba el uribismo, los mayores críticos con el proceso, viajó a La Habana antes de partir a Nueva York, donde asistirá a la Asamblea General de la ONU. Es la primera vez que el presidente colombiano acude a la capital cubana en estos tres años de negociaciones con las FARC. “Haré escala en La Habana para reunión clave con negociadores con el fin de acelerar el fin del conflicto. La paz está cerca”, tuiteó a primera hora de la mañana el presidente colombiano.
Los avances en el proceso han sido constantes desde finales del mes de julio, cuando la guerrilla anunció un nuevo cese al fuego unilateral y el Gobierno respondió con la suspensión de bombardeos. Desde entonces, apenas se han registrado ataques entre ambos. La negociación del apartado de justicia ha sido el punto más enrevesado de todos los que se han acordado hasta la fecha con la guerrilla.
El acuerdo que ultiman el Gobierno y la guerrilla, según fuentes de ambas partes conocedoras del texto, conllevaría la creación de un sistema de justicia basado en el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, que juzgaría a todos los actores implicados en el conflicto armado de Colombia, combatientes y no combatientes, es decir, guerrilleros, militares, políticos y también financiadores del paramilitarismo. Este nuevo mecanismo no dependerá del poder judicial colombiano y estará formado por jueces colombianos y extranjeros, aún por concretar, según las mismas fuentes, que celebran haber logrado un equilibrio con lo exigido por la Corte Penal Internacional, cuya base, el Estatuto de Roma, está refrendada por Colombia.
Según lo negociado entre el Gobierno y la guerrilla, cuanta más verdad se ofrezca ante el nuevo mecanismo judicial se aplicarán penas o sanciones –dependiendo de la fuente consultada esta emplea uno u otro término- más restaurativas, con menos restricción de libertad y derechos. Estas penas estarían relacionadas con el apartado de reparación de las víctimas, por ejemplo, con la sustitución de cultivos ilícitos, la construcción de infraestructura en zonas afectadas o garantizar el retorno de los desplazados por el conflicto. En ningún caso este tipo de penas implicaría cárcel alguna. Solo en caso de que no se aporte verdad y reconozca responsabilidad la persona acusada será juzgada y en caso de resultar culpable podría ser condenado a cárcel.
Qué penas deberían cumplir los guerrilleros ha sido uno de los aspectos más controvertidos a la hora de negociar el apartado de justicia transicional. Desde un primer momento, se ha dado por descontado que las FARC no aceptarían una condena que implicase cárcel. “Nadie negocia para acabar entre rejas”, ha llegado a decir el presidente Santos. Este, sin embargo, era uno de los reclamos más claros que hacía la oposición, encarnada por Álvaro Uribe. En una entrevista reciente con este periódico el expresidente aseguró que al menos los líderes de la guerrilla deberían ir a prisión. Desde la Casa de Nariño se garantiza que habrá privación de libertad. Las fuentes conocedoras del acuerdo incidente en que el sistema asegura que no habrá impunidad para ningún actor del conflicto siempre y cuando aporten verdad y asuman responsabilidad.
El apartado de justicia es uno de los tres aspectos que se negociaban en el punto referido a las víctimas. Los otros dos eran el de la verdad, consolidado con la creación de la Comisión de la Verdad el pasado mes de junio, y el de reparación, que será el siguiente en abordarse y que ya estaría acordado casi en un 90%, según fuentes conocedoras del proceso. A partir de ahora, los equipos negociadores tratarán de cerrar el último punto de los seis que forman el acuerdo: el de la implementación, verificación y refrendación, así como garantizar la no repetición del conflicto.
Más de 218.000 muertos y millones de desplazados
Sally Palomino, Bogotá
El conflicto armado de Colombia ha dejado más de 218.000 víctimas mortales. De ellas, 177.307 eran civiles y el resto, combatientes, según los datos el Centro de Memoria Histórica colombiano.
La guerra que ha marcado la historia reciente del país ha afectado de una u otra forma a unos siete millones de personas, según indica el Registro Único de Víctimas.
Ese mismo registro, que realiza cálculos desde 1984, estima en 6.414.700 las personas desplazadas por la violencia.
Además, cerca de 55.000 personas han resultado afectadas por algún acto terrorista y otras 11.000 han padecido las consecuencias de las minas antipersona. El registro de víctimas calcula también que más de 130.000 personas han sufrido amenazas durante el conflicto, cerca de 75.000 han perdido algún bien y más de 21.000 han sido secuestradas.
En los diferentes registros se habla, además, de 25.000 desaparecidos y 1.754 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
