YPFB insinúa que hay una empresa cruceña implicada en caso de narco-cisternas
El caso de las "narco-cisternas" bolivianas que trasladaron sustancias controladas en territorio argentino bajo el paraguas empresarial de Creta SRL, que a su vez ofrecía sus servicios de transporte a la estatal YPFB, mereció el seguimiento de las autoridades de ese país. En el país y por ello, el diputado Tomás Monasterio (UD) acusó al presidente de la estatal petrolera Guillermo Achá, de ser parte de la asociación delictuosa.
Ahora la autoridad aludida salió al paso para desvirtuar las denuncias, implicar a otra empresa en el delito, y anunciar que se presentará de oficio a declarar ante la Fiscalía. En una amplia entrevista concedida a ANF, la máxima autoridad de YPFB negó que la estatal tenga alguna participación en las actividades ilícitas detectadas contra Creta SRL. Recordó que las cisternas implicadas en el tráfico de sustancias controladas en territorio argentino, según Achá, no cumplían ningún contrato específico con la estatal petrolera, y por el contrario, llevaban alcohol de una "tercera empresa" ubicada en Santa Cruz e iban con destino a Chile.
Los vehículos cuestionados pasaron por Yacuiba. "Debe quedar claro cuál es el objeto de la relación contractual con las empresas de transporte. En cada uno de los contratos, según la frontera de ingreso, está establecida la planta de ingreso y la planta de destino, para hacer el control y fiscalización del transporte de combustible", explicó. Según Achá, un inspector independiente es quien emite el certificado sobre la cantidad y calidad de los combustibles que se transportan en las cisternas contratadas por YPFB, tanto en la planta de origen, como en la de destino, donde otro inspector independiente da fe de que la cisterna llegó con todos los precintos de seguridad, para proceder con la descarga.
"Una vez terminada la descarga en la planta de destino, la relación contractual (con la empresa) fuera de la planta concluye (?). Por eso me sorprenden las declaraciones que hacen mención a que hubiese alguna relación con YPFB, cuando la relación contractual está delimitada con el transporte de combustibles de origen a destino", aclaró Achá.
Una "tercera" empresa Las cisternas contratadas por la estatal pueden después de salir de la planta de destino, tener otra relación contractual con otras empresas para salir de las fronteras, según el ejecutivo de la petrolera. En el caso puntual de las cisternas que trasladaban cocaína y sustancias controladas a Argentina, dijo Achá que "estaban bajo el contrato de una tercera empresa boliviana. Cuando se encontró eso, YPFB no tenía ninguna relación contractual en el tramo que realizaba ese transporte, y no llevaba combustible, ¿cómo es posible asociar entonces a YPFB?".
Achá no quiso precisar el nombre de la empresa boliviana que usó los servicios de las cisternas de Creta SRL, en los que viajaba la droga en territorio argentino. Dijo solamente que se trata de una privada instalada en Santa Cruz, que enviaba alcohol al exterior. "Tengo entendido que llevaba alcohol, eso salió a la palestra, y después de las aclaraciones que hemos hecho de manera paulatina, continúa la pretensión (de Monasterio) de asociar estos hechos con YPFB, de solicitar la renuncia de esta presidencia", dijo.
En Santa Cruz hay cuatro productoras de alcohol: San Aurelio, La Bélgica, Guabirá y Unagro. La denuncia Sin embargo, la denuncia documentada que presentó Monasterio ante la Fiscalía General, da cuenta que los hechos que involucraron a las cisternas de la empresa Creta SRL de propiedad del empresario José Luis Sejas, tenían que ver con el traslado de combustibles. "De los nueve casos reportados en Argentina, sólo uno llevaba alcohol", señaló.
El 10 de marzo de este año, según la denuncia formal, un camión cisterna de la empresa Trans Copabol SRL ligada a la empresa Creta, que prestaba servicios a YPFB mediante el contrato YPFB/DLG 000056, fue hallado en la Refinería "Guillermo Elder Bell" de Palmasola con 300 paquetes de marihuana. El camión cisterna de 35 mil litros de capacidad con placa de circulación 2482 FTX era conducido por el chofer Rodolfo Cortez quien realizaba el servicio internacional de transporte para YPFB desde Paraguay, trasladando gasolina.
El 13 de mayo, otro camión de José Luis Sejas, en un transporte internacional Bolivia-Argentina, fue encontrado en la localidad de Pocitos por la policía antidrogas de ese país sobre la ruta 34 trasladando 32 ladrillos de pasta base de cocaína. En el operativo se aprehendió a Nelson Jaldín. De acuerdo a la Procuración de Narco Criminalidad (Procunar) de Argentina, en ese país, al menos nueve casos de camiones cisterna que transportaban droga, estaban ligados a la empresa Creta SRL de propiedad de Sejas Rosales. Por uno de los casos, dicho empresario fue procesado como partícipe secundario, lo que garantizó su excarcelación, después del embargo de 500 mil pesos argentinos.
El juez federal argentino Raúl Reynoso quedó bajo la mira del órgano judicial, luego de dejar en libertad al empresario, quien además no fue arraigado en territorio argentino. Procunar realizó una comparación de varias investigaciones penales realizadas a camioneros bolivianos imputados y acusados por contrabando de cocaína, y encontró que más de nueve camiones están ligados a Creta SRL, Jac La Sierra, Lan Cargo y Seal Cargo del mismo propietario, Luis Sejas Rosales.
Uno de los hechos más recientes data de mayo de este año, cuando un camión cisterna, nuevamente de Creta SRL fue intervenida en la frontera norte de Salta con más de 180 kilos de cocaína de máxima pureza. De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales de Argentina, según Monasterio, se pudo establecer que el modus operandi de los representantes de las empresas implicadas en hechos ilícitos, en el afán de desvirtuar sospechas, se querellan en contra sus propios trabajadores y choferes, y de ese modo evaden responsabilidades.
"Mi denuncia no es en contra de YPFB, sino en contra del señor Achá, quien está haciendo uso de recursos del Estado y personal de la empresa para quedar limpio de este proceso", dijo Monasterio. Según el asambleísta, personeros del departamento jurídico de la petrolera estuvieron en la Dirección General de Sustancias Controladas y también en Sucre con el fin, en su criterio, de presionar a las autoridades judiciales.
Proceso legal
La denuncia interpuesta por el diputado Tomás Monasterio ante la Fiscalía en junio, sostiene que tanto José Luis Sejas Rosales, como Guillermo Achá Morales, cometieron supuestamente una serie de delitos tipificados en el Código Penal y en la Ley 1008, como el de legitimación de ganancias ilícitas, concurso ideal, concurso real, asociación delictuosa, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, cohecho pasivo, cohecho activo, contratos antieconómicos, además de tráfico de sustancias controladas.
Al respecto Achá dijo que a nivel internacional quedó claro que YPFB no tienen nada que ver con los traslados ilícitos, porque las empresas con las que se tiene contratos de compra y venta de combustibles, conocen todo el procedimiento que se debe cumplir desde la planta de origen hasta la planta de destino. "Hay un proceso iniciado donde yo de manera formal y voluntaria haré mis declaraciones, para explicar los procesos de contratación, y que no hay una relación más allá de lo contractual y que tienes sus limitaciones", dijo.
Consultado si ya fue convocado a prestar sus declaraciones informativas respondió "Tengo a mi departamento legal haciendo el seguimiento. Una vez que se inicie el proceso estaré al día siguiente para hacer las aclaraciones correspondientes". Enfatizó que no permitirá que hechos al margen de la estatal, afecten la imagen de una de las empresas más prósperas y reconocidas a nivel de la región.
