Un empresario cercano a los Kirchner obtuvo 800 millones de dólares en contratos
Lázaro Báez está implicado en la causa Hotesur, la que más inquieta al Gobierno, en la que se investiga si blanqueó dinero a través de falsas pernoctaciones en hoteles de los Kirchner
Carlos E. Cué
Buenos Aires, El País
El caso Hotesur, el que más quebraderos de cabeza ha provocado a los Kirchner porque afecta directamente a las empresas de esta familia en Santa Cruz, la provincia donde empezaron su carrera política, sigue ofreciendo datos escandalosos. Según un informe oficial enviado por el Gobierno y publicado hoy por La Nación, Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, implicado en esa causa porque presuntamente pagaba por centenares de estancias en habitaciones en los hoteles de los Kirchner que nunca fueron ocupadas, logró contratos con la administración pública de más de 800 millones de dólares en los últimos 10 años. Hay contratos de todo tipo, según la información oficial citada por el diario, desde hospitales a carreteras o cloacas, todas concentradas en Santa Cruz, la provincia que dominan los Kirchner. En el mismo día en que se publicaba la información, un juez también falló a favor de Margarita Stolbizer, diputada de la oposición y principal denunciante del caso, para que el Gobierno le entregue toda la información sobre la empresa Hotesur.
Los jueces habían reclamado esta información al Gobierno para tratar de comprobar si Hotesur, la empresa de la familia de la presidenta, funcionaba como un centro de lavado de dinero para que el empresario devolviera los supuestos favores logrados en los contratos públicos. Sin embargo, a pesar de que es el caso que más complicaciones presenta para los Kirchner, los jueces también han tomado recientemente decisiones que complican mucho el futuro de la causa y sobre todo van en contra de lo que desean los denunciantes, en especial la diputada de la izquierda y candidata presidencial Stolbizer, que ha sido la que con más fuerza ha perseguido enjuiciar a los Kirchner por esta causa.
La más importante de todas llegó en julio cuando, en una decisión muy polémica, fue apartado de la causa el juez Claudio Bonadío, que la había retomado poco antes con mucha fuerza y había ordenado inspecciones en las empresas de los Kirchner. En medio de enormes presiones políticas en uno y otro sentido y en plena campaña electoral, la Cámara Federal de Buenos Aires decidió quitarle la causa a Bonadío por “pérdida de imparcialidad” y entregársela a otro colega, Daniel Rafecas, que no parece dispuesto a ir tan rápido como el anterior.
La batalla judicial es clave para las elecciones de octubre en las que Cristina Fernández de Kirchner, pese a que no se presenta, tiene una presencia notable. La oposición insiste en las denuncias de corrupción aunque las encuestas detectan que este asunto no parece prioritario para los votantes.
Los Kirchner y el empresario Báez han hecho varios intentos para que la causa salga de Buenos Aires y vuelva a Santa Cruz, con mucha menos repercursión mediática y una presión aún mayor sobre los jueces, pero hoy mismo llegó el último fracaso de esos intentos con el rechazo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a hacerse cargo de una derivada del caso.
Carlos E. Cué
Buenos Aires, El País
El caso Hotesur, el que más quebraderos de cabeza ha provocado a los Kirchner porque afecta directamente a las empresas de esta familia en Santa Cruz, la provincia donde empezaron su carrera política, sigue ofreciendo datos escandalosos. Según un informe oficial enviado por el Gobierno y publicado hoy por La Nación, Lázaro Báez, el empresario más cercano a los Kirchner, implicado en esa causa porque presuntamente pagaba por centenares de estancias en habitaciones en los hoteles de los Kirchner que nunca fueron ocupadas, logró contratos con la administración pública de más de 800 millones de dólares en los últimos 10 años. Hay contratos de todo tipo, según la información oficial citada por el diario, desde hospitales a carreteras o cloacas, todas concentradas en Santa Cruz, la provincia que dominan los Kirchner. En el mismo día en que se publicaba la información, un juez también falló a favor de Margarita Stolbizer, diputada de la oposición y principal denunciante del caso, para que el Gobierno le entregue toda la información sobre la empresa Hotesur.
Los jueces habían reclamado esta información al Gobierno para tratar de comprobar si Hotesur, la empresa de la familia de la presidenta, funcionaba como un centro de lavado de dinero para que el empresario devolviera los supuestos favores logrados en los contratos públicos. Sin embargo, a pesar de que es el caso que más complicaciones presenta para los Kirchner, los jueces también han tomado recientemente decisiones que complican mucho el futuro de la causa y sobre todo van en contra de lo que desean los denunciantes, en especial la diputada de la izquierda y candidata presidencial Stolbizer, que ha sido la que con más fuerza ha perseguido enjuiciar a los Kirchner por esta causa.
La más importante de todas llegó en julio cuando, en una decisión muy polémica, fue apartado de la causa el juez Claudio Bonadío, que la había retomado poco antes con mucha fuerza y había ordenado inspecciones en las empresas de los Kirchner. En medio de enormes presiones políticas en uno y otro sentido y en plena campaña electoral, la Cámara Federal de Buenos Aires decidió quitarle la causa a Bonadío por “pérdida de imparcialidad” y entregársela a otro colega, Daniel Rafecas, que no parece dispuesto a ir tan rápido como el anterior.
La batalla judicial es clave para las elecciones de octubre en las que Cristina Fernández de Kirchner, pese a que no se presenta, tiene una presencia notable. La oposición insiste en las denuncias de corrupción aunque las encuestas detectan que este asunto no parece prioritario para los votantes.
Los Kirchner y el empresario Báez han hecho varios intentos para que la causa salga de Buenos Aires y vuelva a Santa Cruz, con mucha menos repercursión mediática y una presión aún mayor sobre los jueces, pero hoy mismo llegó el último fracaso de esos intentos con el rechazo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a hacerse cargo de una derivada del caso.
