TRIBUNA / El narco en Argentina
El kirchnerismo ha creado las condiciones para el crecimiento del tráfico de drogas
Ezequiel Vázquez-Ger, El País
Cuando en un país el Gobierno violenta deliberadamente las leyes, obstaculiza la justicia, la corrompe e intenta controlarla; cuando la corrupción se convierte en la norma y no en la excepción; cuando a la prensa le cuesta cada vez más hacer su trabajo, y cuando ante todo esto, la gente parece no hacer nada, significa que el país está corrompido. Y un país de instituciones corrompidas es el lugar perfecto para que las mafias coopten el poder.
El último informe anual del Departamento de Estado sobre narcóticos internacionales incluye a Argentina en la lista de países que preocupan a Estados Unidos. El reporte indica que en el país se origina el tráfico de precursores químicos, tales como la efedrina, que sirve para la elaboración de drogas sintéticas; y es al mismo tiempo un país de tránsito de droga producida en Bolivia, Perú y Colombia. Y aunque en los pasillos de la política esto era algo que ya se hablaba, lo que hasta el pasado domingo no sabíamos con precisión es que los negocios ilegales detrás del oficialismo llegan a territorios mucho más peligrosos que la corrupción, como lo es el narcotráfico.
El pasado domingo, en su programa Periodismo para Todos, el periodista Jorge Lanata reprodujo dos entrevistas en las que testigos señalaron al actual Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, como la cabeza de una organización criminal que traficaba efedrina desde Argentina hacia México, y como el autor intelectual del asesinato de tres personas en 2008.
Las represalias mafiosas al reportaje periodístico no tardaron en llegaron. Ayer, Jorge Lanata denunció que el edificio en donde él vive en Buenos Aires fue apedreado, y que se encontraron casquillos de bala en el lugar. Un claro mensaje que intenta decirle al periodista que ni él está seguro.
Si bien es la primera vez que testigos de primera mano vinculan a Fernández con el narcotráfico, la Diputada Elisa Carrió ya lo había denunciado años atrás. Sus denuncias nunca llegaron a buen puerto. La causa judicial en torno a la ruta de la efedrina, que acabó con la prisión de algunas personas, nunca avanzó hasta llegar a Aníbal Fernández.
Esto no sorprende. Durante doce años el kirchnerismo ha operado dentro del sistema judicial para asegurarse que nadie pueda investigarlos. Y si bien en Argentina el control del Ejecutivo sobre las Cortes no es total, Cristina Kirchner sí ha logrado impunidad en las causas que más le molestan.
Cada vez que un Juez o un fiscal han avanzado más de lo permitido en una causa que vincula directamente a la familia presidencial, el Gobierno ha desplegado un aparato mediático y político dirigido a acabar con ellos
Cada vez que un Juez o un fiscal han avanzado más de lo permitido en una causa que vincula directamente a la familia presidencial, el Gobierno ha desplegado un aparato mediático y político dirigido a acabar con ellos. Veamos algunos ejemplos:
Ocurrió con el Fiscal José María Campagnoli cuando intentó investigar la “Ruta del Dinero K”, a través de la cual decenas de millones de dólares de la corrupción salían del país y reingresaban a través de complejas operaciones financieras.
Le ocurrió al Fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de acusar a la presidenta de encubrimiento en el caso AMIA, amaneció “suicidado” en su apartamento.
Y volvió a ocurrir días atrás con el Juez Claudio Bonadío, quién fue desplazado de su cargo tras ordenar el allanamiento de la inmobiliaria de la familia Kirchner en el marco de la causa “Hotesur” que investiga el lavado de dinero a través del negocio hotelero. De forma irónica, tras ser apartado de la causa Bonadío dijo: “si aparezco suicidado, busquen al asesino, no es mi estilo”.
En este contexto de conmoción política, el domingo se desarrollaran las elecciones primarias para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales en octubre. Inexplicablemente, las causas de corrupción, los problemas del narcotráfico, los avances sobre la prensa, o los ataques a la justicia, no parecen ser la prioridad de la mayoría de los precandidatos. La destrucción de las instituciones del país no está en el centro de la agenda política, al menos por el momento.
La única candidata que ha denunciado reiteradamente este y otros casos es Elisa Carrió. Fue gracias a su perseverancia, que hoy se conocen muchos de estos temas. Si bien resulta poco probable que Carrió pueda salir victoriosa, la sociedad Argentina necesita que su voz contra la impunidad, contra la corrupción y por la justicia continúe escuchándose.
Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas.
Ezequiel Vázquez-Ger, El País
Cuando en un país el Gobierno violenta deliberadamente las leyes, obstaculiza la justicia, la corrompe e intenta controlarla; cuando la corrupción se convierte en la norma y no en la excepción; cuando a la prensa le cuesta cada vez más hacer su trabajo, y cuando ante todo esto, la gente parece no hacer nada, significa que el país está corrompido. Y un país de instituciones corrompidas es el lugar perfecto para que las mafias coopten el poder.
El último informe anual del Departamento de Estado sobre narcóticos internacionales incluye a Argentina en la lista de países que preocupan a Estados Unidos. El reporte indica que en el país se origina el tráfico de precursores químicos, tales como la efedrina, que sirve para la elaboración de drogas sintéticas; y es al mismo tiempo un país de tránsito de droga producida en Bolivia, Perú y Colombia. Y aunque en los pasillos de la política esto era algo que ya se hablaba, lo que hasta el pasado domingo no sabíamos con precisión es que los negocios ilegales detrás del oficialismo llegan a territorios mucho más peligrosos que la corrupción, como lo es el narcotráfico.
El pasado domingo, en su programa Periodismo para Todos, el periodista Jorge Lanata reprodujo dos entrevistas en las que testigos señalaron al actual Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, como la cabeza de una organización criminal que traficaba efedrina desde Argentina hacia México, y como el autor intelectual del asesinato de tres personas en 2008.
Las represalias mafiosas al reportaje periodístico no tardaron en llegaron. Ayer, Jorge Lanata denunció que el edificio en donde él vive en Buenos Aires fue apedreado, y que se encontraron casquillos de bala en el lugar. Un claro mensaje que intenta decirle al periodista que ni él está seguro.
Si bien es la primera vez que testigos de primera mano vinculan a Fernández con el narcotráfico, la Diputada Elisa Carrió ya lo había denunciado años atrás. Sus denuncias nunca llegaron a buen puerto. La causa judicial en torno a la ruta de la efedrina, que acabó con la prisión de algunas personas, nunca avanzó hasta llegar a Aníbal Fernández.
Esto no sorprende. Durante doce años el kirchnerismo ha operado dentro del sistema judicial para asegurarse que nadie pueda investigarlos. Y si bien en Argentina el control del Ejecutivo sobre las Cortes no es total, Cristina Kirchner sí ha logrado impunidad en las causas que más le molestan.
Cada vez que un Juez o un fiscal han avanzado más de lo permitido en una causa que vincula directamente a la familia presidencial, el Gobierno ha desplegado un aparato mediático y político dirigido a acabar con ellos
Cada vez que un Juez o un fiscal han avanzado más de lo permitido en una causa que vincula directamente a la familia presidencial, el Gobierno ha desplegado un aparato mediático y político dirigido a acabar con ellos. Veamos algunos ejemplos:
Ocurrió con el Fiscal José María Campagnoli cuando intentó investigar la “Ruta del Dinero K”, a través de la cual decenas de millones de dólares de la corrupción salían del país y reingresaban a través de complejas operaciones financieras.
Le ocurrió al Fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de acusar a la presidenta de encubrimiento en el caso AMIA, amaneció “suicidado” en su apartamento.
Y volvió a ocurrir días atrás con el Juez Claudio Bonadío, quién fue desplazado de su cargo tras ordenar el allanamiento de la inmobiliaria de la familia Kirchner en el marco de la causa “Hotesur” que investiga el lavado de dinero a través del negocio hotelero. De forma irónica, tras ser apartado de la causa Bonadío dijo: “si aparezco suicidado, busquen al asesino, no es mi estilo”.
En este contexto de conmoción política, el domingo se desarrollaran las elecciones primarias para elegir a los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales en octubre. Inexplicablemente, las causas de corrupción, los problemas del narcotráfico, los avances sobre la prensa, o los ataques a la justicia, no parecen ser la prioridad de la mayoría de los precandidatos. La destrucción de las instituciones del país no está en el centro de la agenda política, al menos por el momento.
La única candidata que ha denunciado reiteradamente este y otros casos es Elisa Carrió. Fue gracias a su perseverancia, que hoy se conocen muchos de estos temas. Si bien resulta poco probable que Carrió pueda salir victoriosa, la sociedad Argentina necesita que su voz contra la impunidad, contra la corrupción y por la justicia continúe escuchándose.
Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas.
