Los opositores a Rousseff organizan otra protesta para pedir su destitución
Los grupos que defienden el fin de la era del PT en el poder de Brasil prevén una convocatoria a la que se sumarán más de 200 ciudades.
La adhesión es menor que en protestas anteriores
Marina Rossi
São Paulo, El País
Los movimientos opositores al Gobierno de Dilma Rousseff volverán este domingo a las calles, por tercera vez este año, para pedir la destitución de la presidenta. En medio de una crisis política y económica que desestabiliza el país, los organizadores están convocando a los brasileños a protestar contra el Partido de los Trabajadores y pedir que la presidenta salga “de cualquier forma”: por proceso de destitución, casación o renuncia.
Según el grupo Ven a la Calle, los actos se organizarán en 257 ciudades. La previsión es mucho menor que la del 10 de abril, dos días antes de la última gran manifestación. Entonces, más de 400 localidades se sumaron a las protestas. Una vez más, se prevé que São Paulo lidere las manifestaciones, con una asistencia masiva de gente en la avenida Paulista.
Que la participación pueda ser menos se explica, en gran medida, por las dudas que están surgiendo con relación a un posible proceso de destitución de la presidenta. Los brasileños están comenzando a preguntarse si la salida de Rousseff sería una buena opción, en un momento en el que ni el Gobierno ni la oposición representan perspectivas de futuro, según considera Renato Meirelles, del Instituto Data Popular.
Otro factor ha reducido la asistencia a las protestas. Aunque los organizadores proclamen la lucha contra la corrupción como el tema central para derrocar al Gobierno, han evitado mencionar algunos nombres involucrados en las denuncias de corrupción, como el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Se sospecha que Cunha haya aceptado sobornos de cinco millones de dólares de proveedores de Petrobras. “Tenemos prioridades. En este momento, es la destitución de Dilma Rousseff”, afirma Fabio Ostermann, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL).
El grupo ha presentado y protocolizado una solicitud de proceso de destitución de la presidenta basándose en las pedaladas (maniobras) fiscales utilizadas para cerrar las cuentas del Gobierno en 2014. El grupo se reunió algunas veces con Cunha, que debería aceptar la solicitud en la Cámara para proceder a la votación de la misma.
Ven a la Calle, otro movimiento que convoca a la marcha del domingo, habla en tres frentes: “fuera corruptos”, “fuera Dilma” y “Lula nunca más”. Y no hace ninguna mención a otros partidos o políticos. “Con el PT en el Gobierno, la corrupción, que siempre ha existido, ha pasado a institucionalizarse más. Por eso clamamos que Dilma dimita, para que esta transición sea lo menos dañina posible para el país”, afirma Rogerio Chequer, portavoz de Ven a la calle.
Para algunos observadores, esta posibilidad es casi remota. “El perfil de la presidenta, que es una mujer vanidosa y muy soberbia, no me hace creer que ella vaya a dimitir”, afirma David Fleischer, politólogo. “Ella no ha admitido ni los errores de su primer Gobierno. Me parece muy difícil una dimisión”.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ya había anunciado su apoyo a la marcha del domingo en un programa del partido que se emitió en cadena nacional la semana pasada. El senador Aécio Neves, derrotado en las elecciones del año pasado, así como la bancada joven en el Congreso, han grabado vídeos para las redes sociales en los que incentivan a la gente a salir a las calles el domingo.
De todos modos, la crisis económica es un pretexto para que la gente se sume a los actos, opinan los organizadores. “Estamos viendo ahora los efectos de las principales políticas del PT en los últimos años”, dice Rogerio Chequer. “El aislamiento de Brasil, el descontrol de la inflación y la elevación de las tasas de interés, el exceso de gastos públicos... todo esto no es una coincidencia”, dice. A causa del descontento con la economía, los líderes creen que el perfil económico y social de los manifestantes puede cambiar. “Es un proceso gradual, pero ya estamos observando la participación de las clases más populares en las manifestaciones”, dice Chequer.
El politólogo David Fleischer comparte esta opinión. “El descontento de la población ha crecido. La situación económica es mucho peor desde abril [fecha de la última manifestación], y el descontento es mucho mayor que en junio de 2013”, dice, citando las primeras protestas populares de la Era del PT, hace dos años. Sin embargo, en aquel momento, la furia popular era generalizada contra la política y contra el coste de las obras del Mundial de Fútbol. Además, se pedía la reducción del precio de la tarifa de los autobuses urbanos.
Renato Meirelles cree que el problema de la economía está aumentando y podría fomentar la adhesión a las protestas, pero solo en teoría. “El descontento económico alcanza a todos los sectores de la población. Pero, en la práctica, depende de la capacidad de la oposición de proponer algo que vaya más allá de un proceso de destitución”, dice.
El Gobierno, por ahora, hace el seguimiento de la cuestión. El Palacio del Planalto teme que los actos crezcan en el interior de Brasil y, sobre todo, en el noreste, bastión histórico de los votantes del PT. Con el Gobierno en la cuerda floja, el ruido de las calles puede inflamar a sus opositores y llevar adelante el proceso de destitución, justo después del análisis de las cuentas públicas del Gobierno Dilma. Si el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) las rechaza, allanará el camino de la solicitud de proceso de destitución en el Congreso.
Esta semana, sin embargo, se abrieron nuevos caminos en esta historia. En primer lugar, el TCU, que debería tener un veredicto final la semana que viene, decidió ampliar el plazo para que el gobierno aclare las “pedaladas”. Este jueves, el Supremo Tribunal Federal dictaminó que las cuentas presidenciales tendrán que ser analizadas en sesiones de la Cámara y del Senado, no solo por parte de los diputados. De ese modo, quien deberá poner esas votaciones en la agenda será Renan Calheiros (PMDB-AL), que hizo un acuerdo de caballeros con el Gobierno por el bien de la estabilidad.
Hasta entonces, le correspondería al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dirigir ese trámite. Cunha anunció la ruptura con el Gobierno hace un mes, cuando el testimonio del informante que lo acusa de pedir sobornos se hizo público. El diputado culpó al Planalto de esa maniobra, que habría expuesto su nombre públicamente. Tanto Cunha como Calheiros están en la lista de políticos investigados en la operación Lava Jato, que ha provocado un terremoto en el mundo político brasileño.
La adhesión es menor que en protestas anteriores
São Paulo, El País
Los movimientos opositores al Gobierno de Dilma Rousseff volverán este domingo a las calles, por tercera vez este año, para pedir la destitución de la presidenta. En medio de una crisis política y económica que desestabiliza el país, los organizadores están convocando a los brasileños a protestar contra el Partido de los Trabajadores y pedir que la presidenta salga “de cualquier forma”: por proceso de destitución, casación o renuncia.
Según el grupo Ven a la Calle, los actos se organizarán en 257 ciudades. La previsión es mucho menor que la del 10 de abril, dos días antes de la última gran manifestación. Entonces, más de 400 localidades se sumaron a las protestas. Una vez más, se prevé que São Paulo lidere las manifestaciones, con una asistencia masiva de gente en la avenida Paulista.
Que la participación pueda ser menos se explica, en gran medida, por las dudas que están surgiendo con relación a un posible proceso de destitución de la presidenta. Los brasileños están comenzando a preguntarse si la salida de Rousseff sería una buena opción, en un momento en el que ni el Gobierno ni la oposición representan perspectivas de futuro, según considera Renato Meirelles, del Instituto Data Popular.
Otro factor ha reducido la asistencia a las protestas. Aunque los organizadores proclamen la lucha contra la corrupción como el tema central para derrocar al Gobierno, han evitado mencionar algunos nombres involucrados en las denuncias de corrupción, como el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Se sospecha que Cunha haya aceptado sobornos de cinco millones de dólares de proveedores de Petrobras. “Tenemos prioridades. En este momento, es la destitución de Dilma Rousseff”, afirma Fabio Ostermann, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL).
El grupo ha presentado y protocolizado una solicitud de proceso de destitución de la presidenta basándose en las pedaladas (maniobras) fiscales utilizadas para cerrar las cuentas del Gobierno en 2014. El grupo se reunió algunas veces con Cunha, que debería aceptar la solicitud en la Cámara para proceder a la votación de la misma.
Ven a la Calle, otro movimiento que convoca a la marcha del domingo, habla en tres frentes: “fuera corruptos”, “fuera Dilma” y “Lula nunca más”. Y no hace ninguna mención a otros partidos o políticos. “Con el PT en el Gobierno, la corrupción, que siempre ha existido, ha pasado a institucionalizarse más. Por eso clamamos que Dilma dimita, para que esta transición sea lo menos dañina posible para el país”, afirma Rogerio Chequer, portavoz de Ven a la calle.
Para algunos observadores, esta posibilidad es casi remota. “El perfil de la presidenta, que es una mujer vanidosa y muy soberbia, no me hace creer que ella vaya a dimitir”, afirma David Fleischer, politólogo. “Ella no ha admitido ni los errores de su primer Gobierno. Me parece muy difícil una dimisión”.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ya había anunciado su apoyo a la marcha del domingo en un programa del partido que se emitió en cadena nacional la semana pasada. El senador Aécio Neves, derrotado en las elecciones del año pasado, así como la bancada joven en el Congreso, han grabado vídeos para las redes sociales en los que incentivan a la gente a salir a las calles el domingo.
De todos modos, la crisis económica es un pretexto para que la gente se sume a los actos, opinan los organizadores. “Estamos viendo ahora los efectos de las principales políticas del PT en los últimos años”, dice Rogerio Chequer. “El aislamiento de Brasil, el descontrol de la inflación y la elevación de las tasas de interés, el exceso de gastos públicos... todo esto no es una coincidencia”, dice. A causa del descontento con la economía, los líderes creen que el perfil económico y social de los manifestantes puede cambiar. “Es un proceso gradual, pero ya estamos observando la participación de las clases más populares en las manifestaciones”, dice Chequer.
El politólogo David Fleischer comparte esta opinión. “El descontento de la población ha crecido. La situación económica es mucho peor desde abril [fecha de la última manifestación], y el descontento es mucho mayor que en junio de 2013”, dice, citando las primeras protestas populares de la Era del PT, hace dos años. Sin embargo, en aquel momento, la furia popular era generalizada contra la política y contra el coste de las obras del Mundial de Fútbol. Además, se pedía la reducción del precio de la tarifa de los autobuses urbanos.
Renato Meirelles cree que el problema de la economía está aumentando y podría fomentar la adhesión a las protestas, pero solo en teoría. “El descontento económico alcanza a todos los sectores de la población. Pero, en la práctica, depende de la capacidad de la oposición de proponer algo que vaya más allá de un proceso de destitución”, dice.
El Gobierno, por ahora, hace el seguimiento de la cuestión. El Palacio del Planalto teme que los actos crezcan en el interior de Brasil y, sobre todo, en el noreste, bastión histórico de los votantes del PT. Con el Gobierno en la cuerda floja, el ruido de las calles puede inflamar a sus opositores y llevar adelante el proceso de destitución, justo después del análisis de las cuentas públicas del Gobierno Dilma. Si el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) las rechaza, allanará el camino de la solicitud de proceso de destitución en el Congreso.
Esta semana, sin embargo, se abrieron nuevos caminos en esta historia. En primer lugar, el TCU, que debería tener un veredicto final la semana que viene, decidió ampliar el plazo para que el gobierno aclare las “pedaladas”. Este jueves, el Supremo Tribunal Federal dictaminó que las cuentas presidenciales tendrán que ser analizadas en sesiones de la Cámara y del Senado, no solo por parte de los diputados. De ese modo, quien deberá poner esas votaciones en la agenda será Renan Calheiros (PMDB-AL), que hizo un acuerdo de caballeros con el Gobierno por el bien de la estabilidad.
Hasta entonces, le correspondería al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dirigir ese trámite. Cunha anunció la ruptura con el Gobierno hace un mes, cuando el testimonio del informante que lo acusa de pedir sobornos se hizo público. El diputado culpó al Planalto de esa maniobra, que habría expuesto su nombre públicamente. Tanto Cunha como Calheiros están en la lista de políticos investigados en la operación Lava Jato, que ha provocado un terremoto en el mundo político brasileño.
