Feminicidio en Bolivia: la justicia tarda y no llega; los procesos se prolongan por años
La Paz, ANF
La retardación de justicia constituye uno de los problemas más críticos en el procesamiento de los casos de feminicidio, según la investigación “Feminicidio en Bolivia. Acceso a la justicia y desafíos del Estado boliviano”.
La investigación, auspiciada por Alianza por la Solidaridad, recoge testimonios de los familiares de las víctimas, realiza entrevistas a policías, fiscales y jueces y se adentra en un análisis exhaustivo de los cuadernos de investigación, los expedientes de control jurisdiccional y del juicio oral, así como de los actuados en las diferentes etapas judiciales. Concluye que “salvo excepciones, los procesos tardan varios años y sufren demoras en todas sus etapas, principalmente en la preparatoria”.
El estudio de casos se realizó en coordinación con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Paz y Esperanza, a cargo del seguimiento de los procesos en las ciudades de El Alto, Quillacollo y Santa Cruz, respectivamente.
La sistematización de la información, a cargo de la abogada Mónica Bayá, conluye que las limitaciones y obstáculos de acceso a la justicia lejos de lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables contribuyen a perpetuar la impunidad.
La retardación de justicia constituye uno de los problemas más críticos en el procesamiento de los casos de feminicidio, según la investigación “Feminicidio en Bolivia. Acceso a la justicia y desafíos del Estado boliviano”.
La investigación, auspiciada por Alianza por la Solidaridad, recoge testimonios de los familiares de las víctimas, realiza entrevistas a policías, fiscales y jueces y se adentra en un análisis exhaustivo de los cuadernos de investigación, los expedientes de control jurisdiccional y del juicio oral, así como de los actuados en las diferentes etapas judiciales. Concluye que “salvo excepciones, los procesos tardan varios años y sufren demoras en todas sus etapas, principalmente en la preparatoria”.
El estudio de casos se realizó en coordinación con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Paz y Esperanza, a cargo del seguimiento de los procesos en las ciudades de El Alto, Quillacollo y Santa Cruz, respectivamente.
La sistematización de la información, a cargo de la abogada Mónica Bayá, conluye que las limitaciones y obstáculos de acceso a la justicia lejos de lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables contribuyen a perpetuar la impunidad.