El Gobierno boliviano choca con la prensa “que hace política”
El Ejecutivo de Evo Morales retira publicidad y algunos medios de comunicación denuncian presiones gubernamentales
Fernando Molina
La Paz, El País
El Gobierno de Evo Morales lleva desde principios de mes emitiendo advertencias contra ciertos medios de comunicación, en lo que las organizaciones de periodistas califican como un intento de intimidar a la prensa independiente. El último de estos avisos lo hizo el Ministerio de Trabajo, e iba destinado a todos los que estuviesen pensando en ayudar económicamente a Erbol. Esta cadena de radios católicas está a punto de cerrar por lo que ella considera “una asfixia económica” instigada por las autoridades, que no le conceden publicidad estatal y están, según la empresa, ahuyentando a los anunciantes privados. Por eso, Erbol ha abierto una cuenta bancaria en la que quien quiera puede ingresar.
“Estas recaudaciones tienen la finalidad de mantener la confrontación con el Gobierno, en una abierta acción política de oposición. Los organismos internacionales del imperialismo, como la CIA y otros, pueden utilizar esos mecanismos para continuar con sus ataques en contra del Gobierno del Proceso de Cambio y continuar con sus procedimientos de golpes suaves”, publicó el Ministerio de Trabajo en su web. Y recordó que los contribuyentes de Erbol deberán someterse a controles de “lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
Propaganda selectiva
Las organizaciones de prensa sostienen que la propaganda estatal se concede a los medios por razones políticas. Una afirmación que niegan miembros del área de comunicación, como Sebastián Michel, quien afirma que la pauta oficial se define según el volumen de público de cada empresa. El pasado 9 de agosto, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó, sin embargo, que no se daría publicidad estatal a los medios que “hacen política”, “mienten”, “nos dicen de todo”. Añadió que no había por qué dar “más plata a Samuel Doria Medina, que ya tiene suficiente”. Doria Media es un exitoso empresario y el principal candidato opositor de las elecciones de 2014, que no posee medios de comunicación. En esa misma línea, Evo Morales criticó a los noticiarios por dar “excesiva voz” a los sectores que protestan contra su Gobierno, refiriéndose a un grupo de indígenas guaraníes que piden compensaciones por las actividades petroleras que se realizan cerca de su territorio. El Gobierno los tacha de “chantajistas” que piden más dinero pero olvidan rendir cuentas del que ya obtuvieron.
Reporteros sin Fronteras reaccionó frente a estas declaraciones con un comunicado en el que advierte de los peligros que el uso del presupuesto de publicidad estatal puede representar para la libertad de prensa. Pero el oficialismo señala que en Bolivia se goza de plena libertad de expresión, ya que ésta no depende de la propaganda, sino de que no se persiga ninguna opinión. Los columnistas de algunos periódicos y algunos invitados en los medios audiovisuales todavía arremeten con dureza contra el Gobierno, y no han sido molestados. Sin embargo, en una economía donde las principales empresas y, por tanto, los principales anunciantes, son del Estado, la mayoría de los dueños de los medios prefieren bajar el tono y mantener buenas relaciones con éste, según afirma el periodista Raúl Peñaranda en su libro Control remoto. Peñaranda acaba de recibir el premio Cabot por sostener, según el jurado, una “fuerte posición contra el abuso de poder y la concentración de medios” en el Gobierno de Evo Morales.
Fernando Molina
La Paz, El País
El Gobierno de Evo Morales lleva desde principios de mes emitiendo advertencias contra ciertos medios de comunicación, en lo que las organizaciones de periodistas califican como un intento de intimidar a la prensa independiente. El último de estos avisos lo hizo el Ministerio de Trabajo, e iba destinado a todos los que estuviesen pensando en ayudar económicamente a Erbol. Esta cadena de radios católicas está a punto de cerrar por lo que ella considera “una asfixia económica” instigada por las autoridades, que no le conceden publicidad estatal y están, según la empresa, ahuyentando a los anunciantes privados. Por eso, Erbol ha abierto una cuenta bancaria en la que quien quiera puede ingresar.
“Estas recaudaciones tienen la finalidad de mantener la confrontación con el Gobierno, en una abierta acción política de oposición. Los organismos internacionales del imperialismo, como la CIA y otros, pueden utilizar esos mecanismos para continuar con sus ataques en contra del Gobierno del Proceso de Cambio y continuar con sus procedimientos de golpes suaves”, publicó el Ministerio de Trabajo en su web. Y recordó que los contribuyentes de Erbol deberán someterse a controles de “lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.
Propaganda selectiva
Las organizaciones de prensa sostienen que la propaganda estatal se concede a los medios por razones políticas. Una afirmación que niegan miembros del área de comunicación, como Sebastián Michel, quien afirma que la pauta oficial se define según el volumen de público de cada empresa. El pasado 9 de agosto, el vicepresidente Álvaro García Linera afirmó, sin embargo, que no se daría publicidad estatal a los medios que “hacen política”, “mienten”, “nos dicen de todo”. Añadió que no había por qué dar “más plata a Samuel Doria Medina, que ya tiene suficiente”. Doria Media es un exitoso empresario y el principal candidato opositor de las elecciones de 2014, que no posee medios de comunicación. En esa misma línea, Evo Morales criticó a los noticiarios por dar “excesiva voz” a los sectores que protestan contra su Gobierno, refiriéndose a un grupo de indígenas guaraníes que piden compensaciones por las actividades petroleras que se realizan cerca de su territorio. El Gobierno los tacha de “chantajistas” que piden más dinero pero olvidan rendir cuentas del que ya obtuvieron.
Reporteros sin Fronteras reaccionó frente a estas declaraciones con un comunicado en el que advierte de los peligros que el uso del presupuesto de publicidad estatal puede representar para la libertad de prensa. Pero el oficialismo señala que en Bolivia se goza de plena libertad de expresión, ya que ésta no depende de la propaganda, sino de que no se persiga ninguna opinión. Los columnistas de algunos periódicos y algunos invitados en los medios audiovisuales todavía arremeten con dureza contra el Gobierno, y no han sido molestados. Sin embargo, en una economía donde las principales empresas y, por tanto, los principales anunciantes, son del Estado, la mayoría de los dueños de los medios prefieren bajar el tono y mantener buenas relaciones con éste, según afirma el periodista Raúl Peñaranda en su libro Control remoto. Peñaranda acaba de recibir el premio Cabot por sostener, según el jurado, una “fuerte posición contra el abuso de poder y la concentración de medios” en el Gobierno de Evo Morales.