Da a luz la niña paraguaya de 11 años violada por su padrastro
Las autoridades de Paraguay impidieron la interrupción del embarazo que reclamaban varias ONG y relatores de la ONU
Agencias / Carlos E. Cué
Buenos Aires
La niña paraguaya de 11 años que se quedó embarazada al ser violada por la pareja de su madre ha dado a luz este jueves, devolviendo a la primera plana de la prensa local un caso que ha reabierto el debate sobre el aborto en el país suramericano. Mainumby, el nombre ficticio que las autoridades han dado a la joven madre, ha parido a una niña de 3 kilos y 50 gramos en el Hospital Reina Sofía que gestiona Cruz Roja en Asunción, según ha informado el director de la ONG en la capital, Mario Villalba.
La niña se ha sometido a una césarea "que ha ido como cualquier otra, pero con la diferencia de la edad", ha dicho Villalba a una radio local. Tanto la madre como la bebé están bien y se espera que, de seguir esta evolución, reciban el alta en tres días.
Las dos menores quedarán bajo la tutela de la madre de Mainumby, que está en libertad condicional a la espera de que la justicia paraguaya determine su responsabilidad en las presuntas agresiones sexuales a su hija.
Varias organizaciones que exigieron al Gobierno paraguayo que asumiera su responsabilidad y permitiera a la niña abortar, como la sección local del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) o Amnistía Internacional, se movilizaron para reclamar al Gobierno paraguayo que ayude a la niña y a su madre. Una portavoz de Cladem, en conversación telefónica mientras estaban realizando una protesta contra el presidente de la República, Horacio Cartes, explicó a EL PAÍS que el Gobierno se había comprometido a buscar una casa y un trabajo para la madre de la niña de 11 años y aún no ha cumplido, por lo que ambas están en el hospital y no tienen lugar al que acudir. "Exigimos al Gobierno que se haga cargo de los tres", insistía la portavoz entre los gritos de la protesta.
Las ONG exigen al Ejecutivo que asuma la protección tanto de la niña-mamá como del bebé y también de la abuela. Las ONG han criticado especialmente al Gobierno paraguayo no solo por la "crueldad" de obligar a la niña a seguir adelante con su embarazo pese al peligro físico y al sufrimiento psicológico que suponía, como fruto de una violación, sino también por haber encarcelado a la madre. Tanto Cladem como Aministía Internacional y ONU Mujeres en Paraguay reclamaron la liberación de la madre y finalmente lo lograron. Ellas sostenían que la madre demostró que había cuidado bien de su hija y que fue el sistema de protección paraguayo el que falló porque nadie, ni los médicos ni la fiscalía, hicieron caso a la madre cuando fue a denunciar que su pareja había abusado de la niña. Cuando descubrieron el embarazo, ya estaba avanzado y el Gobierno aún dejó pasar algo más de tiempo para que fuera irreversible.
El caso salió a la luz el pasado 21 de abril, cuando la niña —entonces de 10 años— acudió junto a su madre a un hospital de Asunción con dolores estomacales. Los médicos descubrieron que estaba embarazada y la menor confesó que había sido violada por su padrastro.
El hombre, de 42 años de edad, fue detenido inmediatamente y desde entonces está recluido en la Penitenciaría de Tacumbú, aunque él sostiene que es inocente. La madre también fue arrestada por, supuestamente, encubrir los hechos.
Mainumby recobró el debate sobre las numerosas agresiones sexuales a menores en Paraguay —y en general en América Latina—, así como sobre la respuesta que las autoridades han dado, que en la mayoría de los casos pasa por prohibir el aborto.
En este caso, tanto la niña como su madre y varias ONG y relatores de Naciones Unidas especializados en asuntos sobre mujer reclamaron la interrupción del embarazo, pero el Estado paraguayo se negó, apegándose al tenor de la ley.
La ley sobre el aborto en Paraguay sólo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la gestante corre un grave peligro y no contempla excepciones en casos de violación o de que el feto sea inviable, por lo que más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año. Las ONG reclaman que se cambie la ley y el sistema de control para evitar este drama.
Buenos Aires
La niña paraguaya de 11 años que se quedó embarazada al ser violada por la pareja de su madre ha dado a luz este jueves, devolviendo a la primera plana de la prensa local un caso que ha reabierto el debate sobre el aborto en el país suramericano. Mainumby, el nombre ficticio que las autoridades han dado a la joven madre, ha parido a una niña de 3 kilos y 50 gramos en el Hospital Reina Sofía que gestiona Cruz Roja en Asunción, según ha informado el director de la ONG en la capital, Mario Villalba.
La niña se ha sometido a una césarea "que ha ido como cualquier otra, pero con la diferencia de la edad", ha dicho Villalba a una radio local. Tanto la madre como la bebé están bien y se espera que, de seguir esta evolución, reciban el alta en tres días.
Las dos menores quedarán bajo la tutela de la madre de Mainumby, que está en libertad condicional a la espera de que la justicia paraguaya determine su responsabilidad en las presuntas agresiones sexuales a su hija.
Varias organizaciones que exigieron al Gobierno paraguayo que asumiera su responsabilidad y permitiera a la niña abortar, como la sección local del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) o Amnistía Internacional, se movilizaron para reclamar al Gobierno paraguayo que ayude a la niña y a su madre. Una portavoz de Cladem, en conversación telefónica mientras estaban realizando una protesta contra el presidente de la República, Horacio Cartes, explicó a EL PAÍS que el Gobierno se había comprometido a buscar una casa y un trabajo para la madre de la niña de 11 años y aún no ha cumplido, por lo que ambas están en el hospital y no tienen lugar al que acudir. "Exigimos al Gobierno que se haga cargo de los tres", insistía la portavoz entre los gritos de la protesta.
Las ONG exigen al Ejecutivo que asuma la protección tanto de la niña-mamá como del bebé y también de la abuela. Las ONG han criticado especialmente al Gobierno paraguayo no solo por la "crueldad" de obligar a la niña a seguir adelante con su embarazo pese al peligro físico y al sufrimiento psicológico que suponía, como fruto de una violación, sino también por haber encarcelado a la madre. Tanto Cladem como Aministía Internacional y ONU Mujeres en Paraguay reclamaron la liberación de la madre y finalmente lo lograron. Ellas sostenían que la madre demostró que había cuidado bien de su hija y que fue el sistema de protección paraguayo el que falló porque nadie, ni los médicos ni la fiscalía, hicieron caso a la madre cuando fue a denunciar que su pareja había abusado de la niña. Cuando descubrieron el embarazo, ya estaba avanzado y el Gobierno aún dejó pasar algo más de tiempo para que fuera irreversible.
El caso salió a la luz el pasado 21 de abril, cuando la niña —entonces de 10 años— acudió junto a su madre a un hospital de Asunción con dolores estomacales. Los médicos descubrieron que estaba embarazada y la menor confesó que había sido violada por su padrastro.
El hombre, de 42 años de edad, fue detenido inmediatamente y desde entonces está recluido en la Penitenciaría de Tacumbú, aunque él sostiene que es inocente. La madre también fue arrestada por, supuestamente, encubrir los hechos.
Mainumby recobró el debate sobre las numerosas agresiones sexuales a menores en Paraguay —y en general en América Latina—, así como sobre la respuesta que las autoridades han dado, que en la mayoría de los casos pasa por prohibir el aborto.
En este caso, tanto la niña como su madre y varias ONG y relatores de Naciones Unidas especializados en asuntos sobre mujer reclamaron la interrupción del embarazo, pero el Estado paraguayo se negó, apegándose al tenor de la ley.
La ley sobre el aborto en Paraguay sólo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la gestante corre un grave peligro y no contempla excepciones en casos de violación o de que el feto sea inviable, por lo que más de 600 niñas menores de 14 años dan a luz cada año. Las ONG reclaman que se cambie la ley y el sistema de control para evitar este drama.
