Peña Nieto lanza un pulso a los sindicatos de educación
Una medida contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Jan Martínez Ahrens
México, El País
La reforma educativa, uno de los grandes proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, ha entrado esta semana en su punto crítico. En una decisión sin precedentes, el Gobierno mexicano ha arremetido contra su principal foco de resistencia, la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, sin dar respiro a sus dirigentes, les ha retirado el control de las instituciones educativas que tenían bajo su poder, ha congelado sus cuentas bancarias y ha desplegado al ejército y la policía para imponer el orden. La contundencia de la acción ha dejado, de momento, sin iniciativa al belicoso sindicato. Aunque se prevé una escalada de tensión, el camino para implantar la histórica reforma parece haber quedado despejado.
El golpe de autoridad ha dado oxígeno a Peña Nieto. Los buenos resultados de las elecciones de junio, que el PRI ganó sin excesivo desgaste, habían quedado ya en el olvido y sobre el escenario político solo había espacio para los cataclismos. La fuga de El Chapo, el fracaso del primer concurso petrolífero y el declive del peso, en mínimos históricos frente al dólar, tenían al Gobierno contra las cuerdas. En este horizonte, la sorpresiva jugada contra la CNTE le ha permitido al presidente, en un gesto que trae a la memoria su espectacular arranque de mandato, recuperar la iniciativa política en un terreno en el que goza de amplio respaldo.
En un país con 55 millones de pobres (46% de la población) y cuyos resultados educativos se sitúan a la cola de la OCDE, la reforma es vista como una necesidad nacional. Nacida del consenso, el Parlamento le dio un abrumador apoyo y las encuestas le otorgan un fuerte respaldo. Pero su implantación ha chocado con uno de los tradicionales poderes fácticos mexicanos.
La coordinadora, de extrema izquierda, surgió a finales de los setenta como escisión del sindicato mayoritario de profesores. Su núcleo se asentó en los empobrecidos Estados del sur: Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Amparado durante años por el PRI, a quien aseguraba la paz social, su fuerza fue en aumento hasta el punto de que en 1992, el gobierno priista de Oaxaca les cedió el control del Instituto Estatal de Educación Pública.
Al mando de la maquinaria administrativa, la coordinadora, con 110.000 maestros afiliados, agigantó su influencia. Decidía los puestos, controlaba los pagos (aún en cheque) y manejaba la información sobre ausencias docentes, un punto clave para un colectivo obligado a participar en las continuas manifestaciones de la coordinadora. El instituto estatal, convertido en la médula del sindicato, creció hasta contar con 4.000 empleados, la mitad afiliados, frente a los 500 que tiene en Estados similares.
En un universo mísero y clientelar, donde las plazas de maestros se compran y heredan, la coordinadora ejerció además el control indirecto sobre los programas sociales. De su venia, dependía la acreditación de la asistencia escolar de los alumnos, un requisito indispensable para que las familias más pobres puedan acceder a las ayudas.
La aprobación de la reforma educativa desbarató este entramado. La nueva normativa, al imponer el concurso obligatorio, acaba con la compraventa de puestos y su heredad. También abre las puertas a opositores de otros Estados e impide la concesión automática de plaza a los maestros procedentes de las llamadas escuelas normales, el vivero preferido del sindicato. En una segunda vuelta de tuerca, la normativa establece la evaluación obligatoria del profesorado y la pérdida de plaza docente en caso de que suspendan tres veces.
Ha insistido en que las evaluaciones docentes no implican el despido, sino el paso a labores administrativas
La reacción de la coordinadora y de la conocida Sección 22, su brazo ejecutor en Oaxaca, fue fulminante. Durante las comicios de junio movilizó a decenas de miles de maestros y lanzó sus huestes contra oficinas electorales, carreteras y aeropuertos. La ofensiva, azuzada por el miedo a las evaluaciones, alcanzó tal grado de violencia que el Gobierno suspendió temporalmente estos exámenes en todo México. Pasadas las elecciones los restableció y aguardó al inicio de las vacaciones escolares, en la segunda quincena de julio, para dar el golpe definitivo.
En un plan milimétricamente diseñado, la mañana del martes desplegó al Ejército, la Marina y la Policía Federal, y anunció a través del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el desmantelamiento del principal baluarte del sindicato, el Instituto Estatal de Educación Pública. La purga, que implica la creación de un nuevo organismo del que quedan excluidos aquellos que hayan tenido cargos sindicales, se ha combinado con la congelación de cuentas bancarias de la Sección 22, la apertura de investigaciones patrimoniales y la preparación de órdenes de detención para aquellos líderes que presenten resistencia.
En contrapartida, el Gobierno ha lanzado un mensaje conciliador a los maestros. Para desactivar el principal detonante de la protesta, ha insistido en que las evaluaciones docentes no implican el despido, sino el paso de los maestros suspendidos a labores administrativas. Y a los padres de alumnos les ha eximido durante un año de la acreditación de asistencia escolar para recibir ayuda social. Como remate, ha lanzado un plan de inversión educativa para Oaxaca de 60 millones de dólares.
Esta estrategia ha dejado en fuera de juego a la CNTE. El polémico líder de la Sección 22, Rubén Núñez, ha evitado de momento las habituales tomas de edificios y bloqueos de carreteras, y ha puesto la estrategia de respuesta en manos de una asamblea que se celebrará este fin de semana. En este compás de espera, el Gobierno ha dejado claro que las medidas adoptadas son una "decisión de Estado" y que no hay vuelta atrás. En el pulso, Peña Nieto se juega una de sus últimos cartuchos.
México, El País
La reforma educativa, uno de los grandes proyectos del presidente Enrique Peña Nieto, ha entrado esta semana en su punto crítico. En una decisión sin precedentes, el Gobierno mexicano ha arremetido contra su principal foco de resistencia, la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, sin dar respiro a sus dirigentes, les ha retirado el control de las instituciones educativas que tenían bajo su poder, ha congelado sus cuentas bancarias y ha desplegado al ejército y la policía para imponer el orden. La contundencia de la acción ha dejado, de momento, sin iniciativa al belicoso sindicato. Aunque se prevé una escalada de tensión, el camino para implantar la histórica reforma parece haber quedado despejado.
El golpe de autoridad ha dado oxígeno a Peña Nieto. Los buenos resultados de las elecciones de junio, que el PRI ganó sin excesivo desgaste, habían quedado ya en el olvido y sobre el escenario político solo había espacio para los cataclismos. La fuga de El Chapo, el fracaso del primer concurso petrolífero y el declive del peso, en mínimos históricos frente al dólar, tenían al Gobierno contra las cuerdas. En este horizonte, la sorpresiva jugada contra la CNTE le ha permitido al presidente, en un gesto que trae a la memoria su espectacular arranque de mandato, recuperar la iniciativa política en un terreno en el que goza de amplio respaldo.
En un país con 55 millones de pobres (46% de la población) y cuyos resultados educativos se sitúan a la cola de la OCDE, la reforma es vista como una necesidad nacional. Nacida del consenso, el Parlamento le dio un abrumador apoyo y las encuestas le otorgan un fuerte respaldo. Pero su implantación ha chocado con uno de los tradicionales poderes fácticos mexicanos.
La coordinadora, de extrema izquierda, surgió a finales de los setenta como escisión del sindicato mayoritario de profesores. Su núcleo se asentó en los empobrecidos Estados del sur: Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Amparado durante años por el PRI, a quien aseguraba la paz social, su fuerza fue en aumento hasta el punto de que en 1992, el gobierno priista de Oaxaca les cedió el control del Instituto Estatal de Educación Pública.
Al mando de la maquinaria administrativa, la coordinadora, con 110.000 maestros afiliados, agigantó su influencia. Decidía los puestos, controlaba los pagos (aún en cheque) y manejaba la información sobre ausencias docentes, un punto clave para un colectivo obligado a participar en las continuas manifestaciones de la coordinadora. El instituto estatal, convertido en la médula del sindicato, creció hasta contar con 4.000 empleados, la mitad afiliados, frente a los 500 que tiene en Estados similares.
En un universo mísero y clientelar, donde las plazas de maestros se compran y heredan, la coordinadora ejerció además el control indirecto sobre los programas sociales. De su venia, dependía la acreditación de la asistencia escolar de los alumnos, un requisito indispensable para que las familias más pobres puedan acceder a las ayudas.
La aprobación de la reforma educativa desbarató este entramado. La nueva normativa, al imponer el concurso obligatorio, acaba con la compraventa de puestos y su heredad. También abre las puertas a opositores de otros Estados e impide la concesión automática de plaza a los maestros procedentes de las llamadas escuelas normales, el vivero preferido del sindicato. En una segunda vuelta de tuerca, la normativa establece la evaluación obligatoria del profesorado y la pérdida de plaza docente en caso de que suspendan tres veces.
Ha insistido en que las evaluaciones docentes no implican el despido, sino el paso a labores administrativas
La reacción de la coordinadora y de la conocida Sección 22, su brazo ejecutor en Oaxaca, fue fulminante. Durante las comicios de junio movilizó a decenas de miles de maestros y lanzó sus huestes contra oficinas electorales, carreteras y aeropuertos. La ofensiva, azuzada por el miedo a las evaluaciones, alcanzó tal grado de violencia que el Gobierno suspendió temporalmente estos exámenes en todo México. Pasadas las elecciones los restableció y aguardó al inicio de las vacaciones escolares, en la segunda quincena de julio, para dar el golpe definitivo.
En un plan milimétricamente diseñado, la mañana del martes desplegó al Ejército, la Marina y la Policía Federal, y anunció a través del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el desmantelamiento del principal baluarte del sindicato, el Instituto Estatal de Educación Pública. La purga, que implica la creación de un nuevo organismo del que quedan excluidos aquellos que hayan tenido cargos sindicales, se ha combinado con la congelación de cuentas bancarias de la Sección 22, la apertura de investigaciones patrimoniales y la preparación de órdenes de detención para aquellos líderes que presenten resistencia.
En contrapartida, el Gobierno ha lanzado un mensaje conciliador a los maestros. Para desactivar el principal detonante de la protesta, ha insistido en que las evaluaciones docentes no implican el despido, sino el paso de los maestros suspendidos a labores administrativas. Y a los padres de alumnos les ha eximido durante un año de la acreditación de asistencia escolar para recibir ayuda social. Como remate, ha lanzado un plan de inversión educativa para Oaxaca de 60 millones de dólares.
Esta estrategia ha dejado en fuera de juego a la CNTE. El polémico líder de la Sección 22, Rubén Núñez, ha evitado de momento las habituales tomas de edificios y bloqueos de carreteras, y ha puesto la estrategia de respuesta en manos de una asamblea que se celebrará este fin de semana. En este compás de espera, el Gobierno ha dejado claro que las medidas adoptadas son una "decisión de Estado" y que no hay vuelta atrás. En el pulso, Peña Nieto se juega una de sus últimos cartuchos.
