La inmigración de México a EE UU cayó a la mitad en la última década
Un estudio revela que la crisis en EE UU y la expansión en México contribuyeron a la caída
Cristina F. Pereda
Washington, El País
La inmigración va camino de convertirse en uno de los temas centrales de la campaña electoral estadounidense. El debate, alentado por las controvertidas declaraciones de candidatos republicanos como Donald Trump, contrasta sin embargo con la realidad en la frontera: el número de personas que cruzan desde México, tanto de manera legal como ilegal, se ha reducido más de la mitad en la última década.
Los datos, revelados este jueves por la Universidad de Texas en San Antonio, sitúan en el año 2003 el pico de inmigración desde México. Pero la crisis económica que estalló en Estados Unidos en 2007, la mejora de la economía mexicana en el mismo período y el refuerzo de las medidas migratorias en el lado norte de la frontera, contribuyeron a un descenso importante de la emigración. Entre 2008 y 2012, apenas 819.000 personas cruzaron la frontera, en comparación con 1,9 millones entre 2003 y 2007.
La vigilancia en la frontera entre EE UU y México ha alcanzado niveles históricos durante la presidencia de Barack Obama, pero su efecto en el descenso de la inmigración ilegal no ha servido para convencer a los políticos republicanos de que estas medidas se pueden combinar con otras que ayuden a resolver la situación de 11 millones de ‘sin papeles’ que viven en el país.
Desde los ataques de Trump, que aseguró en la presentación de su campaña que México envía a delincuentes y “violadores” hacia EE UU -este jueves visitará además una localidad en la frontera de Texas- al rechazo de una reforma migratoria por parte de Marco Rubio o la tibieza de Jeb Bush en sus propuestas, el campo republicano se mantiene contrario a cualquier medida que regularice a los indocumentados.
Todos ellos rechazan además el último decreto de Obama en materia de inmigración y que, según datos revelados también este jueves por el Instituto de Política Migratoria, podría beneficiar al 87% de los ‘sin papeles’. La Casa Blanca había informado anteriormente de que menos de cinco de los 11,6 millones de indocumentados podrían acogerse a las medidas que impedían su deportación si cumplían con determinadas condiciones.
Sin embargo, este organismo se apoya en los programas impulsados por la Administración Obama que entraron en vigor el pasado 1 de julio. El más importante de ellos supone la colaboración del Gobierno federal con más de 300 ciudades que ya habían rechazado anteriormente entregar a personas indocumentadas a las autoridades de inmigración. Al dejar de denunciar a los ‘sin papeles’ que carecen de antecedentes penales, el Instituto estima que la cifra de beneficiados asciende al 87% y no a menos de la mitad, como había afirmado el Gobierno.
Frente a este apartado del decreto de Obama, el eje clave de su reforma migratoria permanece bloqueado por una demanda judicial. Todavía no han entrado en funcionamiento por tanto los programas que benefician a los padres indocumentados de niños estadounidense como a los jóvenes ‘soñadores’ que entraron en el país ilegalmente cuando eran menores pero han crecido y estudiado en EE UU. Si el juez da la razón a la Administración Obama, casi cinco millones de ‘sin papeles’ en estas condiciones podrían obtener un permiso de residencia y trabajo temporal que regularice su situación.
Y si esa sentencia llega además en plena campaña electoral, solo la candidata demócrata Hillary Clinton podrá decir que había defendido los intereses de los indocumentados. El rechazo del Partido Republicano y su desconexión de una realidad en la que la mayoría de los inmigrantes no coinciden con su retrato de la migración ilegal puede abrir aún más la brecha entre sus aspiraciones y sus resultados finales en noviembre de 2016.
Washington, El País
La inmigración va camino de convertirse en uno de los temas centrales de la campaña electoral estadounidense. El debate, alentado por las controvertidas declaraciones de candidatos republicanos como Donald Trump, contrasta sin embargo con la realidad en la frontera: el número de personas que cruzan desde México, tanto de manera legal como ilegal, se ha reducido más de la mitad en la última década.
Los datos, revelados este jueves por la Universidad de Texas en San Antonio, sitúan en el año 2003 el pico de inmigración desde México. Pero la crisis económica que estalló en Estados Unidos en 2007, la mejora de la economía mexicana en el mismo período y el refuerzo de las medidas migratorias en el lado norte de la frontera, contribuyeron a un descenso importante de la emigración. Entre 2008 y 2012, apenas 819.000 personas cruzaron la frontera, en comparación con 1,9 millones entre 2003 y 2007.
La vigilancia en la frontera entre EE UU y México ha alcanzado niveles históricos durante la presidencia de Barack Obama, pero su efecto en el descenso de la inmigración ilegal no ha servido para convencer a los políticos republicanos de que estas medidas se pueden combinar con otras que ayuden a resolver la situación de 11 millones de ‘sin papeles’ que viven en el país.
Desde los ataques de Trump, que aseguró en la presentación de su campaña que México envía a delincuentes y “violadores” hacia EE UU -este jueves visitará además una localidad en la frontera de Texas- al rechazo de una reforma migratoria por parte de Marco Rubio o la tibieza de Jeb Bush en sus propuestas, el campo republicano se mantiene contrario a cualquier medida que regularice a los indocumentados.
Todos ellos rechazan además el último decreto de Obama en materia de inmigración y que, según datos revelados también este jueves por el Instituto de Política Migratoria, podría beneficiar al 87% de los ‘sin papeles’. La Casa Blanca había informado anteriormente de que menos de cinco de los 11,6 millones de indocumentados podrían acogerse a las medidas que impedían su deportación si cumplían con determinadas condiciones.
Sin embargo, este organismo se apoya en los programas impulsados por la Administración Obama que entraron en vigor el pasado 1 de julio. El más importante de ellos supone la colaboración del Gobierno federal con más de 300 ciudades que ya habían rechazado anteriormente entregar a personas indocumentadas a las autoridades de inmigración. Al dejar de denunciar a los ‘sin papeles’ que carecen de antecedentes penales, el Instituto estima que la cifra de beneficiados asciende al 87% y no a menos de la mitad, como había afirmado el Gobierno.
Frente a este apartado del decreto de Obama, el eje clave de su reforma migratoria permanece bloqueado por una demanda judicial. Todavía no han entrado en funcionamiento por tanto los programas que benefician a los padres indocumentados de niños estadounidense como a los jóvenes ‘soñadores’ que entraron en el país ilegalmente cuando eran menores pero han crecido y estudiado en EE UU. Si el juez da la razón a la Administración Obama, casi cinco millones de ‘sin papeles’ en estas condiciones podrían obtener un permiso de residencia y trabajo temporal que regularice su situación.
Y si esa sentencia llega además en plena campaña electoral, solo la candidata demócrata Hillary Clinton podrá decir que había defendido los intereses de los indocumentados. El rechazo del Partido Republicano y su desconexión de una realidad en la que la mayoría de los inmigrantes no coinciden con su retrato de la migración ilegal puede abrir aún más la brecha entre sus aspiraciones y sus resultados finales en noviembre de 2016.
