El día que una bengala mató a más de 2
La Paz y Sucre, ABI
Un juez boliviano dictó prisión para el tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Carlos Chávez, también presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), formalizado por la comisión de 6 delitos, entre ellos adosarse el dinero cedido por Brasil destinado a la familia de un chiquillo muerto en el acto por una bengala en un estadio de la andina Oruro en 2013.
Dos y medio años después de que la bengala lanzada por un torcedor del brasileño Corinthians, durante el partido con San José por la Copa Libertadores en Oruro se encastrara en el rostro hasta provocar la muerte de Kevin Beltrán, de 13 años, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, encontró fundada la argumentación de la Fiscalía General del Estado y mandó a guardar a Chávez en la cárcel más hacinada y peligrosa de Bolivia, la de Palmasola, de su natal Santa Cruz.
"La realidad es que Brasil jugó gratis para ayudar a la familia de Kevin y Carlos Chávez y otros dirigentes abusaron de esa buena voluntad y de la gente que pagó su entrada", confirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de la audiencia en que el mandamás caído en desgracia de la FBF fue enviado a la cárcel.
La comisión de fiscales, que llamó a declarar a más de 50 personas vinculadas directa o indirectamente a la FBF, había acusado a Chávez y al menos 3 de sus colaboradores, por la comisión de varios delitos de orden penal, cometidos en Bolivia y que riñen con la legislación local, tales como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.
Tal comisión precisó que Chávez incurrió en estafa agravada cuando dispuso a discreción del dinero recaudado en un partido amistoso apurado por Brasil, que no cobró un céntimo, y Bolivia, a beneficio de la familia de Kevin.
El fiscal superior de la Comisión, Iván Montellano, reveló que el dinero del partido a beneficio de los familiares del chiquillo boliviano que para ver en cancha al San José de sus amores frente al Cotinthians viajó a lo largo de 400 km entre las ciudades de Cochabamba y Oruro, fue utilizado para solventar la nómina de los empleados de la FBF.
La muerte intempestiva de Kevin derivó en la aprehensión de 12 miembros de la barra brava del equipo fluminense, por cuya liberación, tras casi un año de cárcel, la Confederación Brasileña de Fútbol ofreció un partido, entre las selecciones mayores de Bolivia y Brasil, a beneficio de la familia del adolescente boliviano fallecido.
El partido se verificó en arreglo a lo convenido y, según informes preliminares, los familiares de Beltrán no recibieron, hasta la fecha, un céntimo de la recaudación.
"La comisión de Fiscales fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales que existen y esos argumentos fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva para Carlos Chávez y medidas sustitutivas para Alberto Lozada", sostuvo Guerrero.
Los fiscales habían puesto en la mira a Chávez y entre otros de sus inmediatos al tesorero de la FBF, Alberto Lozada, luego que estallara un escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que salpicó a la Conmebol y que se cargó al mismísimo presidente del ente mundial, el suizo Joseph Blatter.
Tras escuchar el dictamen del juez Valdivieso, Chávez, vestido en jeans y una casaca de cuero de color negro, aclaró que no se había quebrado, como dijeron los periodistas que seguían la audiencia judicial que mayor expectación despertó en Bolivia la última década.
Todo lo contrario, "estoy con muchísima bronca; lo mínimo que deben hacer es dejarme en libertad", sostuvo.
Mientras que el titular de la FBF se encaminaba a su celda en la ciudad de Sucre tras poco menos que intimar su liberación, el fiscal Guerrero proporcionaba en La Paz detalles del accionar administrativo de Chávez, al margen ya del ahora encendido caso Kevin Beltrán, que hasta la semana pasada dormía el sueño de los justos.
Es que cuestionados por separado, Chávez y Lozada proporcionaron información dispar de la entidad que administran ininterrumpidamente desde 2006.
El tema de las cuentas bancarias de la FBF abrió enormes dudas en los investigadores sobre que los dirigentes del fútbol boliviano se traían entre manos algo que no cerraba.
"Respecto a las cuentas, Lozada afirma que la FBF tiene 2 cuentas; Chávez señala que son 3, pero el banco da cuenta que son 5 y una inactiva", describió Guerrero que se esforzó para establecer que el caso no trata de una intervención al fútbol federado de Bolivia, sino una retahíla de irregularidades con los pesos del tesoro de la entidad privada más pública y a la vez autónoma del país.
Abrió también sospechas cuando Chávez dijo, durante su declaración informativa, que los contratos suscriptos por él a nombre del fútbol boliviano para la cesión de los millonarios derechos televisivos vista la Eliminatoria para el mundial de Rusia 2018, se habían firmado en Buenos Aires, cosa que reñía con la verdad.
Tres días después que una carta apócrifa salió de la FBF, a los cajones postales de la FIFA y la Conmebol, denunciando una supuesta intervención del Estado al fútbol, Montellano, fiscal jefe de la Comisión que se zambulló en las aguas encrespadas de la administración del fútbol boliviano, reveló que, a pesar de la aseveración de Chávez, aquellos documentos, que implican entre sus cientos de palabras entre 5 ó 6 millones de dólares, fueron firmados simple y llanamente en Santa Cruz y ni siquiera en la ciudad de Cochabamba, donde la FBF tiene sede física y legal.
La pesquisa ató cabos de los ya supuestos manejos sospechosos de la plata de la FBF cuando estableció la existencia de cheques girados a nombre de Alberto Lozada y "de éste a su hijo sin ninguna justificación", refirió Guerrero.
La convicción de la Comisión de Fiscales terminó de fraguar cuando los investigadores conocieron que Chávez, que juró para un segundo mandato bajo el árbol de una plaza pública en la ciudad de Trinidad, en la tórrida Amazonia, más caliente que nunca en el año en el lluvioso enero, presentó una documentación falsa en su declaración informativa.
Todo indica que Chávez hizo aparecer una documentación notariada y, lo peor, que la notaría que supuestamente dio la fe pública del Estado, no conoce de qué se trata y menos que la tiene registrada.
En un procedimiento tipo de los operadores de justicia bolivianos, ordenar el encierro del imputado poco antes de las 18h00m del viernes, cosa que el fin de semana entre barrotes se haga eterno, y ablande las más aceradas convicciones, Chávez fue detenido el viernes último.
El dirigente acudió a la audiencia seguro que nadie, ni siquiera el padre del muchacho muerto, se acordaba los 3 millones de bolivianos y que esa suma habría de quedarse para siempre en el limbo y en la memoria flaca de los bolivianos, murmuran los periodistas y abogados que en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano y donde se ventila el caso, han seguido los incidentes del proceso que cerró su primer capítulo con el encierro impensado de Chávez en Palmasola, por lo menos hasta el viernes cuando se escuchen las apelaciones.
Kevin volvió de la tumba para cobrar el billete, dijo medio en sorna medio en serio, un locutor de radio que apuntó que el dictamen coincidió con las sospechas que recaen sobre Chávez y su entorno directivo por haber recibido, a nombre de la FBF, millonarias sumas, entre 1 y 1,7 millones de dólares, provenientes de un fondo de coimas registrado en las esferas decisorias de la FIFA en su hora negra.
Mucho más allá del mito, en la ciudad de Cochabamba, el padre del malogrado Kevin, Limbert, se salió de sus ropas cuando escuchó por radio decir que Chávez decía que la plata de la recaudación había sido empozada y que era una canallada la acusación en su contra.
"Yo he escuchado en algún medio de comunicación como este Chávez decía que son canalladas contra sus personas, cuando éste es el canalla y no tiene sangre en la cara porque de frente se ha embolsillado una recaudación de más de medio millón de dólares a nombre de mi hijo", rugió el hombre.
Del medio millón de dólares recaudado, Limbert Beltrán juró que no recibió "un sólo centavo".
"Estoy indignado, da bronca escuchar a estos individuos que pese a estar bajo las rejas tratan de justificar lo injustificable", criticó.
La comisión de fiscales pidió el 2 de julio al juez que lleva la causa, el plazo de 120 días más para continuar con la investigación preliminar sobre los manejos económicos FBF.
Guerrero informó el martes por la noche que la Policía "extrema esfuerzos" para dar con el paradero de los dirigentes Pedro Zambrano y Jorge Justiniano, implicados en el manejo irregular de recursos de la FBF.
"Ambas personas tienen orden de aprehensión y esperamos los resultados por parte de la Policía boliviana que los busca a fin de que sean sometidos como corresponde, en el marco de la actuación del Ministerio Público", explicó en rueda de prensa de La Paz.
La bengala lanzada por el torcedor que se cobró la vida de Kevin, parecía que iba a lacerar, a más de Chávez y Lozada, a quien la Fiscalía quiere tras de rejas, a Zambrano y Justiniano que, parece, no encuentran un poco de sombra en el Tamarindo que ese mediodía de enero les dio cobijo cuando, en medio de un revuelo, reprodujeron el poder en la FBF.
Un juez boliviano dictó prisión para el tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Carlos Chávez, también presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), formalizado por la comisión de 6 delitos, entre ellos adosarse el dinero cedido por Brasil destinado a la familia de un chiquillo muerto en el acto por una bengala en un estadio de la andina Oruro en 2013.
Dos y medio años después de que la bengala lanzada por un torcedor del brasileño Corinthians, durante el partido con San José por la Copa Libertadores en Oruro se encastrara en el rostro hasta provocar la muerte de Kevin Beltrán, de 13 años, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, encontró fundada la argumentación de la Fiscalía General del Estado y mandó a guardar a Chávez en la cárcel más hacinada y peligrosa de Bolivia, la de Palmasola, de su natal Santa Cruz.
"La realidad es que Brasil jugó gratis para ayudar a la familia de Kevin y Carlos Chávez y otros dirigentes abusaron de esa buena voluntad y de la gente que pagó su entrada", confirmó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de la audiencia en que el mandamás caído en desgracia de la FBF fue enviado a la cárcel.
La comisión de fiscales, que llamó a declarar a más de 50 personas vinculadas directa o indirectamente a la FBF, había acusado a Chávez y al menos 3 de sus colaboradores, por la comisión de varios delitos de orden penal, cometidos en Bolivia y que riñen con la legislación local, tales como organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples.
Tal comisión precisó que Chávez incurrió en estafa agravada cuando dispuso a discreción del dinero recaudado en un partido amistoso apurado por Brasil, que no cobró un céntimo, y Bolivia, a beneficio de la familia de Kevin.
El fiscal superior de la Comisión, Iván Montellano, reveló que el dinero del partido a beneficio de los familiares del chiquillo boliviano que para ver en cancha al San José de sus amores frente al Cotinthians viajó a lo largo de 400 km entre las ciudades de Cochabamba y Oruro, fue utilizado para solventar la nómina de los empleados de la FBF.
La muerte intempestiva de Kevin derivó en la aprehensión de 12 miembros de la barra brava del equipo fluminense, por cuya liberación, tras casi un año de cárcel, la Confederación Brasileña de Fútbol ofreció un partido, entre las selecciones mayores de Bolivia y Brasil, a beneficio de la familia del adolescente boliviano fallecido.
El partido se verificó en arreglo a lo convenido y, según informes preliminares, los familiares de Beltrán no recibieron, hasta la fecha, un céntimo de la recaudación.
"La comisión de Fiscales fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales que existen y esos argumentos fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la detención preventiva para Carlos Chávez y medidas sustitutivas para Alberto Lozada", sostuvo Guerrero.
Los fiscales habían puesto en la mira a Chávez y entre otros de sus inmediatos al tesorero de la FBF, Alberto Lozada, luego que estallara un escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que salpicó a la Conmebol y que se cargó al mismísimo presidente del ente mundial, el suizo Joseph Blatter.
Tras escuchar el dictamen del juez Valdivieso, Chávez, vestido en jeans y una casaca de cuero de color negro, aclaró que no se había quebrado, como dijeron los periodistas que seguían la audiencia judicial que mayor expectación despertó en Bolivia la última década.
Todo lo contrario, "estoy con muchísima bronca; lo mínimo que deben hacer es dejarme en libertad", sostuvo.
Mientras que el titular de la FBF se encaminaba a su celda en la ciudad de Sucre tras poco menos que intimar su liberación, el fiscal Guerrero proporcionaba en La Paz detalles del accionar administrativo de Chávez, al margen ya del ahora encendido caso Kevin Beltrán, que hasta la semana pasada dormía el sueño de los justos.
Es que cuestionados por separado, Chávez y Lozada proporcionaron información dispar de la entidad que administran ininterrumpidamente desde 2006.
El tema de las cuentas bancarias de la FBF abrió enormes dudas en los investigadores sobre que los dirigentes del fútbol boliviano se traían entre manos algo que no cerraba.
"Respecto a las cuentas, Lozada afirma que la FBF tiene 2 cuentas; Chávez señala que son 3, pero el banco da cuenta que son 5 y una inactiva", describió Guerrero que se esforzó para establecer que el caso no trata de una intervención al fútbol federado de Bolivia, sino una retahíla de irregularidades con los pesos del tesoro de la entidad privada más pública y a la vez autónoma del país.
Abrió también sospechas cuando Chávez dijo, durante su declaración informativa, que los contratos suscriptos por él a nombre del fútbol boliviano para la cesión de los millonarios derechos televisivos vista la Eliminatoria para el mundial de Rusia 2018, se habían firmado en Buenos Aires, cosa que reñía con la verdad.
Tres días después que una carta apócrifa salió de la FBF, a los cajones postales de la FIFA y la Conmebol, denunciando una supuesta intervención del Estado al fútbol, Montellano, fiscal jefe de la Comisión que se zambulló en las aguas encrespadas de la administración del fútbol boliviano, reveló que, a pesar de la aseveración de Chávez, aquellos documentos, que implican entre sus cientos de palabras entre 5 ó 6 millones de dólares, fueron firmados simple y llanamente en Santa Cruz y ni siquiera en la ciudad de Cochabamba, donde la FBF tiene sede física y legal.
La pesquisa ató cabos de los ya supuestos manejos sospechosos de la plata de la FBF cuando estableció la existencia de cheques girados a nombre de Alberto Lozada y "de éste a su hijo sin ninguna justificación", refirió Guerrero.
La convicción de la Comisión de Fiscales terminó de fraguar cuando los investigadores conocieron que Chávez, que juró para un segundo mandato bajo el árbol de una plaza pública en la ciudad de Trinidad, en la tórrida Amazonia, más caliente que nunca en el año en el lluvioso enero, presentó una documentación falsa en su declaración informativa.
Todo indica que Chávez hizo aparecer una documentación notariada y, lo peor, que la notaría que supuestamente dio la fe pública del Estado, no conoce de qué se trata y menos que la tiene registrada.
En un procedimiento tipo de los operadores de justicia bolivianos, ordenar el encierro del imputado poco antes de las 18h00m del viernes, cosa que el fin de semana entre barrotes se haga eterno, y ablande las más aceradas convicciones, Chávez fue detenido el viernes último.
El dirigente acudió a la audiencia seguro que nadie, ni siquiera el padre del muchacho muerto, se acordaba los 3 millones de bolivianos y que esa suma habría de quedarse para siempre en el limbo y en la memoria flaca de los bolivianos, murmuran los periodistas y abogados que en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano y donde se ventila el caso, han seguido los incidentes del proceso que cerró su primer capítulo con el encierro impensado de Chávez en Palmasola, por lo menos hasta el viernes cuando se escuchen las apelaciones.
Kevin volvió de la tumba para cobrar el billete, dijo medio en sorna medio en serio, un locutor de radio que apuntó que el dictamen coincidió con las sospechas que recaen sobre Chávez y su entorno directivo por haber recibido, a nombre de la FBF, millonarias sumas, entre 1 y 1,7 millones de dólares, provenientes de un fondo de coimas registrado en las esferas decisorias de la FIFA en su hora negra.
Mucho más allá del mito, en la ciudad de Cochabamba, el padre del malogrado Kevin, Limbert, se salió de sus ropas cuando escuchó por radio decir que Chávez decía que la plata de la recaudación había sido empozada y que era una canallada la acusación en su contra.
"Yo he escuchado en algún medio de comunicación como este Chávez decía que son canalladas contra sus personas, cuando éste es el canalla y no tiene sangre en la cara porque de frente se ha embolsillado una recaudación de más de medio millón de dólares a nombre de mi hijo", rugió el hombre.
Del medio millón de dólares recaudado, Limbert Beltrán juró que no recibió "un sólo centavo".
"Estoy indignado, da bronca escuchar a estos individuos que pese a estar bajo las rejas tratan de justificar lo injustificable", criticó.
La comisión de fiscales pidió el 2 de julio al juez que lleva la causa, el plazo de 120 días más para continuar con la investigación preliminar sobre los manejos económicos FBF.
Guerrero informó el martes por la noche que la Policía "extrema esfuerzos" para dar con el paradero de los dirigentes Pedro Zambrano y Jorge Justiniano, implicados en el manejo irregular de recursos de la FBF.
"Ambas personas tienen orden de aprehensión y esperamos los resultados por parte de la Policía boliviana que los busca a fin de que sean sometidos como corresponde, en el marco de la actuación del Ministerio Público", explicó en rueda de prensa de La Paz.
La bengala lanzada por el torcedor que se cobró la vida de Kevin, parecía que iba a lacerar, a más de Chávez y Lozada, a quien la Fiscalía quiere tras de rejas, a Zambrano y Justiniano que, parece, no encuentran un poco de sombra en el Tamarindo que ese mediodía de enero les dio cobijo cuando, en medio de un revuelo, reprodujeron el poder en la FBF.