Defensor le pide al Papa convocar a la Iglesia a comprometerse contra la violencia a mujeres y niñas
La Paz, ANFEl defensor del Pueblo, Rolando Villena, en una carta enviada al Papa Francisco, le pidió que, durante su estadía en Bolivia, exhorte a los religiosos y religiosas, los movimientos laicos, los colegios y universidades católicas, los movimientos juveniles, y los fieles en general que asuman como prioritaria una acción conjunta, diaria y comprometida a disminuir, y ojalá a erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes.
La autoridad defensorial entregó el pasado martes la carta en la Nunciatura Apostólica, en la que además le pide al líder de la fe católica incluir en este pedido a todas las tradiciones cristianas universales y locales, y credos de otras religiones.
“Acudo a usted, como hombre de paz y articulador de la esperanza que, en su trayectoria de liderazgo espiritual ha demostrado su indignación ante la injusticia y la violencia, pueda exhortar para que la sociedad boliviana en su conjunto, el Estado y quienes detentan el poder, a asumir un compromiso para impulsar una acción conjunta para luchar y, ojala, erradicar la violencia del territorio nacional”, señala partes de la misiva.
En su carta, Villena describe las cifras alarmantes de los 350 feminicidios ocurridos en los tres últimos años, cerca de 50 en lo que va de este año; los más de 70 infanticidios registrados durante 2014, los abusos y violaciones sexuales que superan las cifra de 14.000 por año, lo que coloca a Bolivia como el país latinoamericano con los mayores niveles de violencia física y el segundo en violencia sexual contra las mujeres.
Las personas que sufren más este flagelo social, indica Villena, son las niñas y adolescentes mujeres, que padecen más del 90% de los casos de violaciones, muchas de ellas además son sometidas a torturas y tratos crueles e inhumanos y tienen que padecer el suplicio de ser vejadas por sus propios familiares o su entorno cercano. En más del 80% de los casos, estos crímenes atroces quedan en la impunidad.
“Todas estas aberraciones sociales ponen al descubierto que somos una sociedad profundamente degradada, con familias diezmadas por la violencia (…). Frente a esta situación, un Estado con normativas dispersas y deficientes de gestión pública, les lleva a posiciones insensibles para enfrentar de manera estratégica una crisis estructural”, remarca en su nota el Defensor.
