Autoridades argentinas emitieron orden de captura de contratista de YPFB por presunto tráfico de drogas en sus camiones
La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina acusa al empresario cruceño José Luis Sejas, contratista de YPFB y propietario de la empresa Creta SRL, de liderar una organización de transporte de estupefacientes en sus camiones. A raíz de ello la Fiscalía Federal pidió su captura, según informó el periódico La Razón.
Sejas es dueño de la empresa de transporte de carga Corporación Regional de Transportes Asociados (Creta SRL). Según informo el periódico El Deber, el pasado 29 de junio, se inició la causa en enero de 2014, cuando la Gendarmería argentina detectó 600 kilos de cocaína líquida (aproximadamente 60 kilos) en un tanque de combustible de la compañía boliviana desconectado de uno de sus camiones durante un control en la zona de Salvador Mazza, en el departamento de Orán (Salta).
Al analizar la carga del cisterna se pudo constatar que parte del cargamento era tolueno (precursor para elaborar cocaína) en lugar de alcohol, como se había declarado en Aduanas, según datos de fiscales.gob.ar.
El empresario cruceño, estuvo detenido en la ciudad de Orán el 23 de abril, donde fue indagado por el juez federal Raúl Reynoso, quien, tras analizar la declaración y el expediente, lo liberó a condición de que se presente cada 60 días en el Escuadrón 20 de Orán.
El 26 de junio, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y el fiscal general a cargo de la Procunar, Diego Iglesias, pidieron ante la Cámara Federal de esa ciudad el cambio de calificación legal y el dictado de la prisión preventiva para el empresario boliviano.
La Procunar presentó un recurso ante la Cámara Federal de Salta que emitió una resolución que afirma que el boliviano está vinculado a nueve casos de cargamento de distinto tipo y contenido de estupefacientes, causas que datan de 2011, en las que hasta ahora solo eran acusados los choferes de los camiones.
El vínculo de Sejas con el delito quedó expuesto “al analizar en conjunto las causas que parecían ser individuales, lo que ocultaba la existencia de una organización transnacional delictiva de contrabando de droga”. De acuerdo con la resolución de la Cámara Federal de Salta, la Procunar presentó las pruebas colectadas en la causa que sindican al imputado “como autor de la maniobra de contrabando”.
Sejas es acusado de organizar una asociación ilícita dedicada, al menos desde 2011, al tráfico de estupefacientes que ingresaban por la frontera de Argentina con Bolivia con destino a diferentes lugares.
Los fiscales pidieron que se cambie la calificación dictada por el juez federal de Orán el 23 de abril, por el delito de contrabando de estupefacientes, en el grado de partícipe secundario. Iglesias y Villalba solicitaron que el empresario sea considerado autor de los delitos de contrabando agravado de estupefacientes, en concurso real con contrabando, doblemente agravado por tratarse de sustancia peligrosa para la salud (tolueno) y por la presentación de documentos adulterados ante la Aduana.
Con ese cambio, el empresario, titular de Creta SRL y dueño de una flota de 90 camiones, debería ser detenido preventivamente.
Además, Sejas incumplió con las pautas de conducta que le había impuesto el juez Reynoso, al dejarlo en libertad el 25 de abril. Cada 60 días debía presentarse en el Escuadrón 20 de Orán. El primer plazo venció el 25 de junio y Sejas no se presentó, por lo que “el Juzgado Federal N° 1 ya pidió su captura internacional”, según informa el periódico argentino El Tribuno, de Salta.
Entre otros casos, el 14 de mayo, al menos 180 kilos de cocaína de máxima pureza fueron decomisados de un camión de transporte de combustible que había ingresado a Argentina por la zona Salvador Mazza. Éste pertenecía también a la empresa Creta SRL.
Según el periódico La Razón, pese a los antecedentes señalados, la empresa de Sejas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmaron un contrato de servicios para Transporte Internacional y Logística de Diésel Oil e Insumos Aditivos, el 25 de enero de este año.
Tomás Monasterios, diputado de Unidad Demócrata (UD denunció el 2 de julio que una empresa de transporte contratada por la estatal petrolera fue encontrada con droga en Argentina, en varias ocasiones, y su propietario, incluso habría sido detenido en el marco de una investigación.
El presidente de YPFB, Guillermo Achá, señaló ese día que la empresa tiene más de 41 corporaciones de transporte trabajando a su servicio y que los delitos que pudieran cometer son de su responsabilidad.
Según la fotocopia de una nota enviada el 25 de mayo por el presidente de YPFB, Guillermo Achá, al entonces ministro de Gobierno Hugo Moldiz bajo la referencia “Empresa de Transporte Creta SRL.”, se indica que según publicaciones en medios argentinos, se “tomó conocimiento de que varios camiones cisterna” de la empresa “se han visto implicados en tráfico de narcóticos”, por lo que se pidió informes a la firma.
Por su parte, el empresario cruceño cuestionado indicó que las acusaciones son infundadas al no ser el conductor de los camiones utilizados en el tráfico de drogas. Aclaró que no son nueve casos por los que se le acusa, son “solamente seis”.
“No soy dueño del camión, no soy el chofer, no soy absolutamente nada, solo soy el porteador (intermediario)”, declaró a La Razón el empresario sobre las denuncias presentadas por Diego Iglesias, fiscal general de la Procunar.
Indicó que no hay ninguna orden de captura en su contra y que su inasistencia al Escuadrón 20 de Orán, en Salta, Argentina, tuvo el justificativo médico correspondiente presentado el 18 de junio. “No, no hay ninguna orden de aprehensión (...). Presenté el justificativo médico a la Fiscalía de Orán, como corresponde”, indicó.
En el caso del camión que transportaba 600 kilos de cocaína líquida, señaló que el chofer del motorizado “envió una carta a la Fiscalía” de Orán para desvincularlo de cualquier ilícito realizado.
