Morales demanda que abogados de Belaunde pierdan títulos profesionales
El presidente, Evo Morales, pidió hoy que los abogados del empresario peruano Martín Belaunde pierdan sus títulos profesionales, de comprobarse que coadyuvaron en la fuga de éste.
"El (Jorge) Valda, el Quispe y otro abogado de Santa Cruz, yo digo si hay pruebas fehacientes y así inclusive confesos de la corrupción, quién sabe habría que tomar una medida drástica, que pierdan su título de profesión", pidió el mandatario en una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia del canal estatal.
Tras su fuga y posterior captura en el municipio de Magdalena en Beni, el pasado 28 de mayo, se inició un proceso legal contra todos aquellos familiares, abogados y funcionarios públicos que habrían ayudado a Belaunde a escapar del país.
Entre ellos se encontraba su abogado Jorge Valda, también Rodrigo Quispe, ciudadano que alojó al peruano en su domicilio en Magdalena, y Freddy Vicovic, abogado asociado a Valda en Santa Cruz. Además de estas personas, funcionarios de la Policía y Migración también están siendo investigados y detenidos.
A criterio de Morales, Belaunde "ha sido objeto de extorsión de abogados", incluso los juristas del exsenador Roger Pinto (que huyó a Brasil) estarían involucrados en el caso.
"Las últimas informaciones que me dieron en esos días de la expulsión de Belaunde, (que) abogados y asesores del Pinto, que se escapó al Brasil, que hubieran pedido medio millón de dólares sólo para garantizar la salida de Bolivia hacia Brasil, pero no de garantizar refugio", señaló el Presidente.
El 28 de mayo, Fernando Tiburcio, abogado brasileño del exsenador Roger Pinto, reveló que Martín Belaunde se comunicó con él, a pedido de su abogado Jorge Valda, para conversar sobre la posibilidad de que su familia pueda refugiarse en Brasil.
Morales concluyó que en la fuga de Belaunde no sólo estuvo implicada una red de funcionarios y abogados bolivianos, sino también una red internacional que pretendió ayudarlo a escapar del país.
Belaunde ingresó al país el pasado 1 de diciembre por Desaguadero y tramitó un refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia. No obstante, ante la negativa a dicha solicitud y los trámites de extradición emprendidos por el gobierno de Perú, fugó del país la madrugada del 24 de mayo y fue capturado cuatro días después en la población de Magdalena, Beni.
El empresario es acusado en su país por ser un supuesto mando medio de la organización criminal liderada por el expresidente regional de Áncash en Perú, César Álvarez. Se le atribuye la comisión de los delitos de complicidad en peculado y coautor de asociación ilícita.
