Indonesia rechaza la apelación de francés condenado a muerte
Un tribunal indonesio rechazó el lunes la última apelación de un ciudadano francés condenado a muerte por delitos de narcotráfico.
El tribunal administrativo de Yakarta indicó que no podía revocar el rechazo del presidente a la petición de clemencia para Serge Atlaoui debido a una falta de autoridad judicial.
El caso ha despertado una gran atención en Francia, donde hay una férrea oposición a la pena de muerte. Indonesia, de mayoría musulmana, tiene una dura actitud hacia los delitos de drogas y en 2013 reanudó las ejecuciones. En lo que va de año ha ejecutado a 14 personas condenadas por delitos de drogas. Las autoridades justifican el empleo de la pena capital señalando a los 18.000 jóvenes indonesias que se cree mueren cada año por consumir drogas.
El juez Ujang Abdulá, que preside el tribunal, dijo que la instancia no podía pronunciarse sobre el caso porque conceder clemencia es un derecho del presidente.
Los abogados de Atlaoui hicieron ese último intento con pocas posibilidades de éxito después de que el presidente, Joko "Jokowi" Widodo, rechazase la petición de clemencia en diciembre. La fiscalía tachó la maniobra de un intento de ganar tiempo, pero no intentó obstaculizar la apelación. Las autoridades indonesias se han esforzado por demostrar que no se ha despojado a Atlaoui de ningún derecho reconocido por la ley indonesia.
El reo fue detenido en 2005 por su vinculación con una fábrica de éxtasis a las afueras de Yakarta. Sus abogados dicen que trabajaba como soldador en la planta y no entendía para qué se empleaban los productos químicos de las instalaciones.
La abogada Nancy Yuliana indicó que la batalla legal continuaría, aunque el tribunal señaló que habían agotado todas las opciones legales.
Está previsto que la ejecución se celebre tras el mes sagrado del Ramadán, que en Indonesia termina el 17 de julio, indicó el portavoz de la fiscalía general Tony Spontana.
Indonesia ejecutó en abril a ocho personas condenadas por narcotráfico, lo que afectó a sus relaciones con Australia y Brasil, que tenían ciudadanos entre los fusilados.
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