Grecia: un Gobierno maniatado por la deuda
Tsipras se centra en contener los peores efectos de la crisis y congela promesas estrella
María Antonia Sánchez-Vallejo
Atenas, El País
Desde su victoria en las urnas el 25 de enero, el Gobierno que preside Alexis Tsipras ha gobernado con las manos atadas por los acreedores y la amenaza de insolvencia, ya que el Estado ha recaudado casi mil millones menos de lo previsto y, a la par, no ha recibido desde junio de 2014 ni un euro del segundo rescate (quedan pendientes 7.200 millones, sólo si Atenas presenta un plan de reformas convincente para los acreedores); en el mismo periodo, ha pagado más de 17.000 millones en vencimientos de la deuda. Supeditado pues a las condiciones de los socios -la principal de ellas, que las medidas que adopte no tengan impacto fiscal-, el Ejecutivo ha sacado sin embargo adelante varias leyes que figuraban con letras de molde en su programa electoral.
La primera de ellas ha sido el paquete de ayudas de alimentación, techo y luz para paliar las consecuencias de una crisis humanitaria causada por cinco años de recesión y austeridad, y con un objetivo potencial de 300.000 personas. Hasta el 20 de mayo, se habían inscrito 213.000 en este programa, cuyo plazo finalizó el pasado día 30. El Gobierno ha aprobado también la reapertura de la antigua televisión pública ERT, cerrada por decreto ley hace dos años, con el propósito de recontratar a todos los trabajadores despedidos (2.000) que lo deseen, ya que ello no implica, según el Gabinete, ningún desequilibrio presupuestario pues se financia mediante un canon incluido en el recibo de la luz. También ha dado luz verde a la recontratación de 4.000 empleados públicos en la reserva -entre ellos las famosas limpiadoras del Ministerio de Finanzas que se han convertido en símbolo de la lucha contra la austeridad-, siendo esta una medida especialmente criticada por los acreedores, pues creen que vulnera el compromiso de febrero mediante el que se prorrogó el segundo rescate hasta el 30 de junio.
En el capítulo del debe, y como ha subrayado este sábado el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, en declaraciones a Deutsche Welle, "Atenas ya ha cruzado demasiadas líneas rojas", es decir, incumplido numerosos compromisos electorales. Medidas emblemáticas del denominado Programa de Salónica -la guía rectora de Syriza- han tenido que ser pospuestas o congeladas sine die, por ser objeto directo o indirecto de negociación con los socios. Se trata, por ejemplo, de la supresión de un polémico impuesto inmobiliario (Enfia); de la subida -que pretendía ser automática- del sueldo mínimo de los 586 euros actuales a los 751 previos a la crisis, y que ahora el Gobierno contempla de forma progresiva (si los socios la aceptan); o la concesión de la 13ª paga a los jubilados con pensiones inferiores a 700 euros (el 45% percibe menos de 665), siendo el capítulo de las pensiones uno de los puntos de mayor fricción con los prestamistas internacionales.
El Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en su pretensión inicial de congelar todas las privatizaciones o, incluso, de revisar algunas ya aprobadas. Sigue por tanto adelante la concesión del 51% del puerto del Pireo, mientras está pendiente la privatización de 14 aeropuertos regionales, que aspira a gestionar una empresa alemana.
Finalmente, tras decretar en febrero el cierre progresivo de los centros de detención de inmigrantes, el proyecto de ley para conceder la nacionalidad a la segunda generación de inmigrantes ha llegado esta semana a la Cámara, en plena crisis migratoria en las islas del Egeo.
Atenas, El País
Desde su victoria en las urnas el 25 de enero, el Gobierno que preside Alexis Tsipras ha gobernado con las manos atadas por los acreedores y la amenaza de insolvencia, ya que el Estado ha recaudado casi mil millones menos de lo previsto y, a la par, no ha recibido desde junio de 2014 ni un euro del segundo rescate (quedan pendientes 7.200 millones, sólo si Atenas presenta un plan de reformas convincente para los acreedores); en el mismo periodo, ha pagado más de 17.000 millones en vencimientos de la deuda. Supeditado pues a las condiciones de los socios -la principal de ellas, que las medidas que adopte no tengan impacto fiscal-, el Ejecutivo ha sacado sin embargo adelante varias leyes que figuraban con letras de molde en su programa electoral.
La primera de ellas ha sido el paquete de ayudas de alimentación, techo y luz para paliar las consecuencias de una crisis humanitaria causada por cinco años de recesión y austeridad, y con un objetivo potencial de 300.000 personas. Hasta el 20 de mayo, se habían inscrito 213.000 en este programa, cuyo plazo finalizó el pasado día 30. El Gobierno ha aprobado también la reapertura de la antigua televisión pública ERT, cerrada por decreto ley hace dos años, con el propósito de recontratar a todos los trabajadores despedidos (2.000) que lo deseen, ya que ello no implica, según el Gabinete, ningún desequilibrio presupuestario pues se financia mediante un canon incluido en el recibo de la luz. También ha dado luz verde a la recontratación de 4.000 empleados públicos en la reserva -entre ellos las famosas limpiadoras del Ministerio de Finanzas que se han convertido en símbolo de la lucha contra la austeridad-, siendo esta una medida especialmente criticada por los acreedores, pues creen que vulnera el compromiso de febrero mediante el que se prorrogó el segundo rescate hasta el 30 de junio.
En el capítulo del debe, y como ha subrayado este sábado el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, en declaraciones a Deutsche Welle, "Atenas ya ha cruzado demasiadas líneas rojas", es decir, incumplido numerosos compromisos electorales. Medidas emblemáticas del denominado Programa de Salónica -la guía rectora de Syriza- han tenido que ser pospuestas o congeladas sine die, por ser objeto directo o indirecto de negociación con los socios. Se trata, por ejemplo, de la supresión de un polémico impuesto inmobiliario (Enfia); de la subida -que pretendía ser automática- del sueldo mínimo de los 586 euros actuales a los 751 previos a la crisis, y que ahora el Gobierno contempla de forma progresiva (si los socios la aceptan); o la concesión de la 13ª paga a los jubilados con pensiones inferiores a 700 euros (el 45% percibe menos de 665), siendo el capítulo de las pensiones uno de los puntos de mayor fricción con los prestamistas internacionales.
El Gobierno ha tenido que dar marcha atrás en su pretensión inicial de congelar todas las privatizaciones o, incluso, de revisar algunas ya aprobadas. Sigue por tanto adelante la concesión del 51% del puerto del Pireo, mientras está pendiente la privatización de 14 aeropuertos regionales, que aspira a gestionar una empresa alemana.
Finalmente, tras decretar en febrero el cierre progresivo de los centros de detención de inmigrantes, el proyecto de ley para conceder la nacionalidad a la segunda generación de inmigrantes ha llegado esta semana a la Cámara, en plena crisis migratoria en las islas del Egeo.
