Estados Unidos revisa su política ante secuestros
El presidente Obama se apresta a anunciar que el Gobierno ya no amenazará judicialmente a las familias que intenten pagar un rescate para liberar a un rehén estadounidense en el extranjero
Silvia Ayuso
Washington, El País
El Gobierno de Estados Unidos se va a seguir negando a pagar un rescate para lograr la liberación de un ciudadano norteamericano secuestrado en el extranjero por grupos como los terroristas Estado Islámico (EI) o Al Qaeda. Pero dejará de amenazar con iniciar un proceso judicial a los familiares del rehén si estos deciden actuar por su cuenta e intentan comprar la libertad del retenido.
Este es uno de los cambios fundamentales en la política estadounidense respecto a secuestros que se espera haga oficial el presidente, Barack Obama, este miércoles mediante una orden ejecutiva. The New York Times y Foreign Policy han adelantado ya sin embargo los detalles más relevantes.
Entre ellos está además otra aclaración importante para las familias: aunque el Gobierno federal seguirá prohibiendo hacer concesiones a los secuestradores, sí puede comunicarse y negociar con estos, o ayudar en ello a los familiares de los rehenes que tratan de lograr la liberación del cautivo estadounidense.
La confusión reinante en torno a lo que se puede hacer y lo que no para tratar de liberar a un familiar secuestrado, y las amenazas de consecuencias judiciales en caso de pagar un rescate -aunque en los últimos años no se hayan hecho efectivas- son cuestiones denunciadas públicamente durante el último año por parientes de estadounidenses cautivos.
Lo han hecho los padres del periodista estadounidense James Foley, el primer rehén occidental del EI brutalmente ejecutado, el año pasado, mediante una decapitación que fue grabada en un vídeo. Y lo hizo también la madre de Peter Theo Curtis, liberado a finales de agosto tras permanecer dos años en manos de Jabhat al Nusra, un grupo afiliado a Al Qaeda. Nancy Curtis afirmó que el Departamento de Estado la amenazó con procesarla si intentaba pagar un rescate por su hijo, mientras que el FBI se ofreció a ayudarla en ese proceso.
Curtis recuperó la libertad en una operación en la que Catar actuó como mediador. Washington “facilitó la conversación entre la familia de Curtis y el Gobierno Catarí”, explicó en su momento el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Las muertes a manos de sus secuestradores de Foley, el también periodista Steven Sotloff y el cooperante Peter Kassig llevaron a Obama a ordenar a finales de 2014 la revisión de las prácticas oficiales frente a los secuestros. También se ha conocido desde entonces la muerte bajo custodia de sus captores los estadounidenses Luke Somers, en Yemen, Kayla Muller en Siria y Warren Weinstein en la frontera entre Afganistán y Pakistán.
La política de no hacer conesiones
EE UU y Reino Unido son los dos únicos países que se niegan firmemente a pagar rescates o a hacer cualquier tipo de concesiones a cambio de sus ciudadanos secuestrados, bajo el argumento de que ello no hace más que fomentar este tipo de prácticas. El hecho sin embargo de que otros países, como los europeos, sí lo hagan aunque no lo reconozcan de forma pública ha llevado a cuestionar la falta de unidad, sobre todo en vista de que otros rehenes apresados por los mismos grupos que los estadounidenses sí han regresado sanos a sus hogares.
Las críticas arreciaron por el hecho de que EE UU sí que accedió, hace un año, a negociar la liberación de uno de los suyos, el soldado Bowe Bergdahl, capturado durante cinco años en Afganistán, a cambio de cinco talibanes presos en Guantánamo.
Los argumentos oficiales de que se trataba de un militar y no de un civil, y que por ello rigen normas distintas, no acabaron de convencer a los que siguieron viendo en ello una incongruencia en el principio de no “no negociar” que tan públicamente ha defendido.
En el curso de la revisión de esta política, Obama se ha reunido en los pasados meses con algunos familiares de secuestrados, entre ellos con la madre de Foley, Diane, y con los padres de Sotloff, según los reportes. Pero muestra de que todavía perduran muchas susceptibilidades es el hecho de que muchas familias de secuestrados habrían rechazado participar en el proceso.
Entre los cambios que se espera anuncie Obama, está la creación de una “célula de fusión” en la sede del FBI que coordine los esfuerzos para recuperar a rehenes de las diversas agencias y que cuente con un “coordinador para las familias” que las mantenga informadas. Obama también pretende crear un equipo en la Casa Blanca que supervise la política de rehenes, además de nombrar a un enviado especial del Departamento de Estado que se encargará de los contactos oficiales con otros gobiernos en casos de secuestros.
No parece sin embargo que Obama esté dispuesto a nombrar un “zar” para los secuestros que tenga la autoridad máxima en esta materia. Algo que sí pretenden conseguir los senadores Ben Cardin, demócrata, y John Cornyn, republicano, que este martes presentaron un proyecto de ley para crear esta figura, denominada en el texto “coordinador interagencias de recuperación de rehenes”. Su función será la de dar una “respuesta unificada” del gobierno e informar directamente a los familiares de los secuestrados.
“Tenemos que hacer más para aquellos (familiares de secuestrados) que esperan respuestas y tenemos que garantizar también unidad en este tema del Gobierno”, sostuvo Cornyn.
Washington, El País
El Gobierno de Estados Unidos se va a seguir negando a pagar un rescate para lograr la liberación de un ciudadano norteamericano secuestrado en el extranjero por grupos como los terroristas Estado Islámico (EI) o Al Qaeda. Pero dejará de amenazar con iniciar un proceso judicial a los familiares del rehén si estos deciden actuar por su cuenta e intentan comprar la libertad del retenido.
Este es uno de los cambios fundamentales en la política estadounidense respecto a secuestros que se espera haga oficial el presidente, Barack Obama, este miércoles mediante una orden ejecutiva. The New York Times y Foreign Policy han adelantado ya sin embargo los detalles más relevantes.
Entre ellos está además otra aclaración importante para las familias: aunque el Gobierno federal seguirá prohibiendo hacer concesiones a los secuestradores, sí puede comunicarse y negociar con estos, o ayudar en ello a los familiares de los rehenes que tratan de lograr la liberación del cautivo estadounidense.
La confusión reinante en torno a lo que se puede hacer y lo que no para tratar de liberar a un familiar secuestrado, y las amenazas de consecuencias judiciales en caso de pagar un rescate -aunque en los últimos años no se hayan hecho efectivas- son cuestiones denunciadas públicamente durante el último año por parientes de estadounidenses cautivos.
Lo han hecho los padres del periodista estadounidense James Foley, el primer rehén occidental del EI brutalmente ejecutado, el año pasado, mediante una decapitación que fue grabada en un vídeo. Y lo hizo también la madre de Peter Theo Curtis, liberado a finales de agosto tras permanecer dos años en manos de Jabhat al Nusra, un grupo afiliado a Al Qaeda. Nancy Curtis afirmó que el Departamento de Estado la amenazó con procesarla si intentaba pagar un rescate por su hijo, mientras que el FBI se ofreció a ayudarla en ese proceso.
Curtis recuperó la libertad en una operación en la que Catar actuó como mediador. Washington “facilitó la conversación entre la familia de Curtis y el Gobierno Catarí”, explicó en su momento el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Las muertes a manos de sus secuestradores de Foley, el también periodista Steven Sotloff y el cooperante Peter Kassig llevaron a Obama a ordenar a finales de 2014 la revisión de las prácticas oficiales frente a los secuestros. También se ha conocido desde entonces la muerte bajo custodia de sus captores los estadounidenses Luke Somers, en Yemen, Kayla Muller en Siria y Warren Weinstein en la frontera entre Afganistán y Pakistán.
La política de no hacer conesiones
EE UU y Reino Unido son los dos únicos países que se niegan firmemente a pagar rescates o a hacer cualquier tipo de concesiones a cambio de sus ciudadanos secuestrados, bajo el argumento de que ello no hace más que fomentar este tipo de prácticas. El hecho sin embargo de que otros países, como los europeos, sí lo hagan aunque no lo reconozcan de forma pública ha llevado a cuestionar la falta de unidad, sobre todo en vista de que otros rehenes apresados por los mismos grupos que los estadounidenses sí han regresado sanos a sus hogares.
Las críticas arreciaron por el hecho de que EE UU sí que accedió, hace un año, a negociar la liberación de uno de los suyos, el soldado Bowe Bergdahl, capturado durante cinco años en Afganistán, a cambio de cinco talibanes presos en Guantánamo.
Los argumentos oficiales de que se trataba de un militar y no de un civil, y que por ello rigen normas distintas, no acabaron de convencer a los que siguieron viendo en ello una incongruencia en el principio de no “no negociar” que tan públicamente ha defendido.
En el curso de la revisión de esta política, Obama se ha reunido en los pasados meses con algunos familiares de secuestrados, entre ellos con la madre de Foley, Diane, y con los padres de Sotloff, según los reportes. Pero muestra de que todavía perduran muchas susceptibilidades es el hecho de que muchas familias de secuestrados habrían rechazado participar en el proceso.
Entre los cambios que se espera anuncie Obama, está la creación de una “célula de fusión” en la sede del FBI que coordine los esfuerzos para recuperar a rehenes de las diversas agencias y que cuente con un “coordinador para las familias” que las mantenga informadas. Obama también pretende crear un equipo en la Casa Blanca que supervise la política de rehenes, además de nombrar a un enviado especial del Departamento de Estado que se encargará de los contactos oficiales con otros gobiernos en casos de secuestros.
No parece sin embargo que Obama esté dispuesto a nombrar un “zar” para los secuestros que tenga la autoridad máxima en esta materia. Algo que sí pretenden conseguir los senadores Ben Cardin, demócrata, y John Cornyn, republicano, que este martes presentaron un proyecto de ley para crear esta figura, denominada en el texto “coordinador interagencias de recuperación de rehenes”. Su función será la de dar una “respuesta unificada” del gobierno e informar directamente a los familiares de los secuestrados.
“Tenemos que hacer más para aquellos (familiares de secuestrados) que esperan respuestas y tenemos que garantizar también unidad en este tema del Gobierno”, sostuvo Cornyn.
