Encuentran a bolivianos en situación de explotación laboral, en Tucumán
Un operativo de la Gendarmería Nacional de Argentina verificó que ciudadanos bolivianos viven en condiciones de precariedad y trabajan en situación de explotación laboral, en una fábrica de ladrillos de Tucumán, informó La Gaceta.
De acuerdo con la publicación, "se comprobó que en el lugar había 31 personas en condiciones de explotación laboral, de las cuales la mitad eran ciudadanos bolivianos y el resto oriundos de esta provincia, entre ellos varios niños”.
El funcionario judicial, Daniel Weisenberg, indicó que en la fábrica existe "un grupo grande de familias que tiene su viviendas precarias, en algunas casas sin agua y sin baño, con instalaciones eléctricas muy precarias”.
Una de las trabajadoras, Elena Huanca, indicó que en ese lugar vive junto a su familia compuesta por 10 personas. "Tengo tres (hijos) pequeños y cuatro grandes. Ahí está mi hija y ella tiene novio”, explicó.
Ella indicó que consigue agua para tomar de una manguera. Otro de los obreros de origen boliviano, Francisco Montero, afirmó que junto a toda su familia lleva siete años trabajando en ese lugar. Señaló que existen "patrones grandes” que son los encargados de ubicarlos en la fábrica.
"Nosotros somos contratados por los patrones grandes. Nos pagan el pasaje desde Bolivia hasta aquí. Con pasaje gratis venimos”, relató.
Montero aseveró que su ganancia es en función a la cantidad que produce. Por 1.000 ladrillos se paga 400 pesos argentinos, sin embargo, el boliviano dijo que al día gana unos 150 pesos.
Agregó que intenta trabajar incluso los domingos, pero no puede producir ladrillos los días en que llueve.
El propietario del lugar fue identificado como Héctor Daguero. El abogado, Juan Carlos Valor, dijo en su defensa que los bolivianos que trabajan en la fábrica tienen sus documentos y que arriendan el espacio para sus viviendas.
Investigación desde abril
La denuncia fue enviada al Juzgado Federal N° 2 por Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y comprometería a Héctor Daghero quien, según la Justicia, sería el dueño de la propiedad donde funciona la cortada.
La investigación comenzó en abril y, tal como lo explicó Weisenberg, era imprescindible tomar por sorpresa a los empleadores de estos obreros para comprobar que estaban trabajando en condiciones de explotación. "En la cortada había grupos familiares completos. Es decir que también había niños dentro de esta propiedad cuando se realizó el operativo. A pesar de esto todavía no podemos afirmar que haya habido explotación infantil”, precisó.
Uno de los motivos por los cuales la Justicia todavía no se pronunció acerca de esta supuesta explotación infantil es porque ni los acusados ni las víctimas prestaron declaración. Según Weisenberg, era clave actuar con celeridad y sigilo para tener éxito en la medida. Por eso, cuando los oficiales de Gendarmería Nacional, que estuvieron a cargo del allanamiento, llegaron por la mañana a la cortada y encontraron a los 31 obreros en plena tarea.
Para llegar a la cortada se debe ingresar por un angosto camino vecinal. Sobre la ruta, antes de ese acceso, se encuentra la vivienda del intendente de Las Talitas, Luis Morghenstein.
Ese camino está situado en el Kilómetro 9 de la ruta provincial 305. A unos 200 metros de la ruta está la propiedad de Daghero en la que hay varias torres de ladrillo que, en sus bases, tienen fuego encendido que se mantiene con leña. Algunos metros más atrás hay precarias viviendas que -según el funcionario judicial- tienen precarias instalaciones eléctricas y no cuentan con agua potable. "Todavía no hay imputados en la causa. Pero si consideramos que el propietario es mencionado en la investigación, podríamos decir que él es quien está siendo acusado por esta situación”, agregó Weisenberg.
