Proyecto de estatuto autonómico de Oruro es el único que incluye a la población en la lucha contra la inseguridad ciudadana
A diferencia de los estatutos autonómicos de La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, el de Oruro busca que la inseguridad ciudadana sea enfrentada de manera integral. En dicha lucha se espera que no sólo participen las autoridades nacionales y departamentales, sino también la población.
El artículos 61 del estatuto autonómico de Oruro, que será sometido a referendo aprobatorio el próximo 12 de julio, establece que la Gobernación precautelará la seguridad ciudadana con políticas, planes y programas en coordinación con el gobierno central, las entidades territoriales autónomas y la sociedad civil.
Además, en su artículo 62 establece que la gobernación de Oruro no sólo aprobará la ejecución de estos planes de prevención, sujetos al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, sino también impulsará mecanismos que “aseguren la activa participación de la sociedad civil en la formulación de planes, programas y proyectos en sujeción al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana”.
En materia de seguridad ciudadana, a diferencia de Oruro, el estatuto de Chuquisaca señala que ésta es una responsabilidad prioritaria y es de atribución concurrente entre el nivel central del Estado y las gobernaciones.
El caso de Potosí y Cochabamba no es indiferente. “El Gobierno Autónomo Departamental desarrollará planes, programas y proyectos departamentales de seguridad ciudadana, en concurrencia con el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas del Departamento, en el marco de las políticas nacionales”, señala, por ejemplo, el artículo 86 del estatuto cochabambino.
La Paz, por su lado, también alienta a la implementación de políticas de seguridad ciudadana sólo con el gobierno nacional. Sin embargo, agrega dos excepciones: que en las unidades educativas se promuevan talleres de prevención y cuidados frente a este mal y que los pueblos indígenas se complementen a través de la seguridad comunitaria.
