La división política acerca el espionaje de la NSA a un limbo legal
El Senado debe decidir si acaba con el almacenamiento de datos telefónicos antes de que expire la disposición que lo habilita
Joan Faus
Washington, El País
El espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en sus siglas inglesas) se acerca a un limbo legal. El 1 de junio expira la disposición que habilita al Gobierno estadounidense a recopilar datos telefónicos y el Congreso está dividido entre desmantelar el programa o renovarlo. Los legisladores deben actuar antes de iniciar este fin de semana un receso semanal. En paralelo, la Administración del demócrata Barack Obama ultima planes de contigencia en caso de que la disposición legal expire.
El Congreso, de mayoría republicana, vive una pugna entre los partidarios de proteger las libertades individuales y los defensores de primar la seguridad nacional. La disputa ha diluido las siglas partidistas y supone el debate más intenso y potencialmente vinculante sobre los límites del espionaje desde que el exanalista Edward Snowden destapase hace casi dos años los largos tentáculos de la NSA.
La división legislativa se ha afianzado desde que hace dos semanas un tribunal federal de apelaciones declaró ilegal el programa de almacenamiento masivo de metadatos (información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo) de todas las llamadas telefónicas en EE UU al considerar que no fue aprobado por el Congreso. El tribunal determinó que la sección 215 de la Patriot Act —la ley aprobada tras los atentados del 11-S de 2001— que permitía al FBI recopilar datos con fines antiterroristas no se puede interpretar como una autorización a la NSA a almacenar todas las llamadas.
La sección 215 quedará invalidada si no se renueva o sustituye antes de finales de mes, lo que ha forzado el debate actual en el Capitolio. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada por un amplio margen una propuesta de ley —llamada USA Freedom Act— que modificaría la Patriot Act al prohibir a la NSA continuar con el almacenamiento masivo de llamadas. La ley cuenta con el apoyo del presidente Barack Obama —va en línea con los cambios que prometió tras las revelaciones de Snowden— y haría que sean las compañías telefónicas, en vez de la NSA, las que retengan durante un periodo de tiempo los metadatos. El Gobierno tendría acceso a ellos mediante una orden judicial y el sistema ganaría en transparencia.
Pero en el Senado no existe el amplio consenso de la cámara baja a favor de la Freedom Act. La cúpula republicana en el Senado, que ya frenó el año pasado una iniciativa similar, teme, ante el auge del Estado Islámico, que la propuesta de ley limite la capacidad de perseguir a sospechosos de terrorismo.
El pleno del Senado votará este viernes o el sábado la Freedom Act, pero es una incógnita si conseguirá los 60 votos a favor, sobre un total de 100, que necesita para avanzar. Si los lograra, la ley quedaría aprobada (a falta de la firma de Obama) y supondría la reforma más ambiciosa del funcionamiento de la NSA desde las revelaciones de Snowden. Sería la mayor victoria del exanalista exiliado en Rusia y los defensores de las libertades individuales.
En caso de que la ley no se apruebe —lo que parece más que posible a juzgar por las declaraciones de algunos senadores—, el liderazgo republicano en el Senado propone una solución temporal: una extensión de dos meses de la sección 215, es decir que todo siga igual a la espera de un debate más profundo. Sin embargo, esa alternativa parece contar con menos respaldo de los senadores y en caso de aprobarse, debería ser ratificada por la Cámara de Representantes dado que no la ha votado. Y allí se añade otro problema: la Cámara inició su receso la noche del jueves, lo que significa que, a no ser que se adoptara una polémica artimaña de voto único de su cúpula, no podría votar esa extensión de dos meses hasta el lunes 1 de junio cuando finaliza el receso.
Entonces, la sección 215 ya habría caducado y el Gobierno no podría recopilar ni pedir datos telefónicos. Si al reanudar sus actividades, la Cámara votase rápidamente la extensión podría suponer un cierre de pocas horas del programa de almacenaje de datos, pero no está nada claro que los representantes quisieran dar apoyo a esa extensión cuando votaron ampliamente a favor de acabar con la recopilación de llamadas. El desenlance, en cualquier caso, podría ser bochornoso: la primera potencia mundial tendría su capacidad de espionaje telefónico limitada por culpa de la parálisis política.
Si la sección 215 caducase, la NSA no podría iniciar ningún análisis de datos telefónicos, pero podría continuar con las investigaciones ya en curso. Sea cual sea el desenlance, como contingencia, el Gobierno debería empezar este viernes a reducir sus operaciones de almacenaje de datos, lo que podría llevar a un “lapso” del programa, según explicó el jueves la Casa Blanca. Esa advertencia parece buscar presionar a los senadores a aprobar la Freedom Act para acabar con el almacenamiento masivo. El suspense está servido.
Washington, El País
El espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA en sus siglas inglesas) se acerca a un limbo legal. El 1 de junio expira la disposición que habilita al Gobierno estadounidense a recopilar datos telefónicos y el Congreso está dividido entre desmantelar el programa o renovarlo. Los legisladores deben actuar antes de iniciar este fin de semana un receso semanal. En paralelo, la Administración del demócrata Barack Obama ultima planes de contigencia en caso de que la disposición legal expire.
El Congreso, de mayoría republicana, vive una pugna entre los partidarios de proteger las libertades individuales y los defensores de primar la seguridad nacional. La disputa ha diluido las siglas partidistas y supone el debate más intenso y potencialmente vinculante sobre los límites del espionaje desde que el exanalista Edward Snowden destapase hace casi dos años los largos tentáculos de la NSA.
La división legislativa se ha afianzado desde que hace dos semanas un tribunal federal de apelaciones declaró ilegal el programa de almacenamiento masivo de metadatos (información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo) de todas las llamadas telefónicas en EE UU al considerar que no fue aprobado por el Congreso. El tribunal determinó que la sección 215 de la Patriot Act —la ley aprobada tras los atentados del 11-S de 2001— que permitía al FBI recopilar datos con fines antiterroristas no se puede interpretar como una autorización a la NSA a almacenar todas las llamadas.
La sección 215 quedará invalidada si no se renueva o sustituye antes de finales de mes, lo que ha forzado el debate actual en el Capitolio. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada por un amplio margen una propuesta de ley —llamada USA Freedom Act— que modificaría la Patriot Act al prohibir a la NSA continuar con el almacenamiento masivo de llamadas. La ley cuenta con el apoyo del presidente Barack Obama —va en línea con los cambios que prometió tras las revelaciones de Snowden— y haría que sean las compañías telefónicas, en vez de la NSA, las que retengan durante un periodo de tiempo los metadatos. El Gobierno tendría acceso a ellos mediante una orden judicial y el sistema ganaría en transparencia.
Pero en el Senado no existe el amplio consenso de la cámara baja a favor de la Freedom Act. La cúpula republicana en el Senado, que ya frenó el año pasado una iniciativa similar, teme, ante el auge del Estado Islámico, que la propuesta de ley limite la capacidad de perseguir a sospechosos de terrorismo.
El pleno del Senado votará este viernes o el sábado la Freedom Act, pero es una incógnita si conseguirá los 60 votos a favor, sobre un total de 100, que necesita para avanzar. Si los lograra, la ley quedaría aprobada (a falta de la firma de Obama) y supondría la reforma más ambiciosa del funcionamiento de la NSA desde las revelaciones de Snowden. Sería la mayor victoria del exanalista exiliado en Rusia y los defensores de las libertades individuales.
En caso de que la ley no se apruebe —lo que parece más que posible a juzgar por las declaraciones de algunos senadores—, el liderazgo republicano en el Senado propone una solución temporal: una extensión de dos meses de la sección 215, es decir que todo siga igual a la espera de un debate más profundo. Sin embargo, esa alternativa parece contar con menos respaldo de los senadores y en caso de aprobarse, debería ser ratificada por la Cámara de Representantes dado que no la ha votado. Y allí se añade otro problema: la Cámara inició su receso la noche del jueves, lo que significa que, a no ser que se adoptara una polémica artimaña de voto único de su cúpula, no podría votar esa extensión de dos meses hasta el lunes 1 de junio cuando finaliza el receso.
Entonces, la sección 215 ya habría caducado y el Gobierno no podría recopilar ni pedir datos telefónicos. Si al reanudar sus actividades, la Cámara votase rápidamente la extensión podría suponer un cierre de pocas horas del programa de almacenaje de datos, pero no está nada claro que los representantes quisieran dar apoyo a esa extensión cuando votaron ampliamente a favor de acabar con la recopilación de llamadas. El desenlance, en cualquier caso, podría ser bochornoso: la primera potencia mundial tendría su capacidad de espionaje telefónico limitada por culpa de la parálisis política.
Si la sección 215 caducase, la NSA no podría iniciar ningún análisis de datos telefónicos, pero podría continuar con las investigaciones ya en curso. Sea cual sea el desenlance, como contingencia, el Gobierno debería empezar este viernes a reducir sus operaciones de almacenaje de datos, lo que podría llevar a un “lapso” del programa, según explicó el jueves la Casa Blanca. Esa advertencia parece buscar presionar a los senadores a aprobar la Freedom Act para acabar con el almacenamiento masivo. El suspense está servido.
