El poder social se fragmenta en Ecuador el primero de mayo
La tradicional marcha obrera se dividirá en dos: una representada por el sindicalismo opositor y otra oficialista
Soraya Constante
Quito, El País
El primero de mayo se ha convertido en una excusa más para evidenciar la polarización del país. La tradicional marcha obrera se dividirá en dos partes: una que representa al sindicalismo opositor y otra al oficialismo representado por nuevas organizaciones sociales y gremiales apadrinadas por el partido de Gobierno, Alianza País. Una de ellas es la novísima Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que recibió su personería jurídica en enero. Su presidente, Oswaldo Chica, que pertenecía al Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, dice que aglutina a medio millón de trabajadores. "Para nosotros el primero de mayo es una fiesta, vamos a celebrar que se haya terminado con la tercerización, que el salario durante este Gobierno haya crecido en más del 200%, y la reciente Ley de Justicia Laboral que permitirá que las amas de casa tengan una jubilación digna", sostiene. "Somos un nuevo sindicalismo, no somos de pararnos en la esquina y tirar piedras".
La misión de la CUT es hacer contrapeso al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que integra a cuatro centrales sindicales y que ha estado presente en la lucha social desde 1975. Edgar Sarango, líder del FUT, dice que la estrategia de división de las organizaciones sociales ha sido empleada en anteriores Gobiernos, por lo que no se muestra sorprendido ni preocupado. "La historia juzgará a los dirigentes que se hayan acondicionado al Gobierno, no nos preocupa porque todo es político y pasajero, nuestra plataforma de lucha es permanente". Su reivindicación pasa por exigir un nuevo código laboral, que beneficie a todos los trabajadores, no "medidas parche" como la Ley de Justicia Laboral.
A la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha sido la protagonista histórica del derrocamiento de los antecesores de Rafael Correa, también le ha surgido un clon: La Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana, que nació en diciembre bajo el amparo de los indígenas que forman parte del Gobierno. Esta organización, que reúne a más de 16 colectivos, está en proceso de construcción, pero tiene claro que no quiere confrontar con el Ejecutivo. Franklin Columba, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinos, Indígenas y Negras, valora el diálogo con el presidente y se muestra comprensivo con su gestión. "Todavía hay cosas pendientes, el plan intercultural, la medicina ancestral, la justicia indígena, pero hay que tener paciencia, sabemos que ocho años de Gobierno no es tiempo suficiente", dice.
La Red de Maestros por la Revolución Educativa, que apareció en febrero, es otra de las organizaciones que cierran filas en torno al Gobierno. Esta quiere anular a la Unión Nacional de Educadores (UNE), que era la voz de los más de 140.000 maestros del país. Wilmer Santacruz, líder de esta red, muestra su simpatía con el Gobierno sin ningún tapujo. "Sería una irresponsabilidad no reconocer los avances que se han hecho en educación, por eso queremos que el Gobierno y el gremio avancen juntos. Nuestro objetivo es velar por los derechos de los maestros y garantizar que en las aulas se reciba una educación de calidad", dice.
Hasta el momento 65.000 docentes integran la Red de Maestros y están recibiendo capacitación gratuita. Entre sus objetivos está que hasta 2020 todos los docentes consigan un título de tercer nivel y hasta 2030 todos tengan títulos de cuarto nivel. "La ciudadanía está confiando en nosotros, porque vamos a garantizar la educación", dice Santacruz y deslegitima a la UNE. "La Unión Nacional de Educadores se ha caracterizado por mantener las prácticas de lanzar piedras, el insulto, el manipular estudiantes, los paros, las huelgas, solo imagínese que desde 1975 a 2010, hubo 711 días de paralización, es decir, casi dos años sin clases".
El primero de mayo las nuevas organizaciones sociales partirán desde el sur de la ciudad y llegarán a una plaza del Centro Histórico, donde se reunirán con el presidente Rafael Correa. La propaganda gubernamental que estos días inunda los medios de comunicación invita a todos a ir la concentración oficialista para celebrar "la revolución laboral". Todo bajo el lema que surgió hace unos meses de: "Somos más, muchísimos más".
La marcha de los sindicatos opositores, en cambio, partirá del Instituto de Seguridad Social, en el norte de la ciudad, y también avanzará hacia el centro de la ciudad. Ellos exigen un nuevo Código de Trabajo, que las pensiones jubilares conserven el 40% del apoyo estatal y que la afiliación de las amas de casa cuente con financiamiento del Estado y tenga acceso a todas las prestaciones sociales.
Quito, El País
El primero de mayo se ha convertido en una excusa más para evidenciar la polarización del país. La tradicional marcha obrera se dividirá en dos partes: una que representa al sindicalismo opositor y otra al oficialismo representado por nuevas organizaciones sociales y gremiales apadrinadas por el partido de Gobierno, Alianza País. Una de ellas es la novísima Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que recibió su personería jurídica en enero. Su presidente, Oswaldo Chica, que pertenecía al Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, dice que aglutina a medio millón de trabajadores. "Para nosotros el primero de mayo es una fiesta, vamos a celebrar que se haya terminado con la tercerización, que el salario durante este Gobierno haya crecido en más del 200%, y la reciente Ley de Justicia Laboral que permitirá que las amas de casa tengan una jubilación digna", sostiene. "Somos un nuevo sindicalismo, no somos de pararnos en la esquina y tirar piedras".
La misión de la CUT es hacer contrapeso al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que integra a cuatro centrales sindicales y que ha estado presente en la lucha social desde 1975. Edgar Sarango, líder del FUT, dice que la estrategia de división de las organizaciones sociales ha sido empleada en anteriores Gobiernos, por lo que no se muestra sorprendido ni preocupado. "La historia juzgará a los dirigentes que se hayan acondicionado al Gobierno, no nos preocupa porque todo es político y pasajero, nuestra plataforma de lucha es permanente". Su reivindicación pasa por exigir un nuevo código laboral, que beneficie a todos los trabajadores, no "medidas parche" como la Ley de Justicia Laboral.
A la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha sido la protagonista histórica del derrocamiento de los antecesores de Rafael Correa, también le ha surgido un clon: La Alianza Indígena por la Revolución Ciudadana, que nació en diciembre bajo el amparo de los indígenas que forman parte del Gobierno. Esta organización, que reúne a más de 16 colectivos, está en proceso de construcción, pero tiene claro que no quiere confrontar con el Ejecutivo. Franklin Columba, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinos, Indígenas y Negras, valora el diálogo con el presidente y se muestra comprensivo con su gestión. "Todavía hay cosas pendientes, el plan intercultural, la medicina ancestral, la justicia indígena, pero hay que tener paciencia, sabemos que ocho años de Gobierno no es tiempo suficiente", dice.
La Red de Maestros por la Revolución Educativa, que apareció en febrero, es otra de las organizaciones que cierran filas en torno al Gobierno. Esta quiere anular a la Unión Nacional de Educadores (UNE), que era la voz de los más de 140.000 maestros del país. Wilmer Santacruz, líder de esta red, muestra su simpatía con el Gobierno sin ningún tapujo. "Sería una irresponsabilidad no reconocer los avances que se han hecho en educación, por eso queremos que el Gobierno y el gremio avancen juntos. Nuestro objetivo es velar por los derechos de los maestros y garantizar que en las aulas se reciba una educación de calidad", dice.
Hasta el momento 65.000 docentes integran la Red de Maestros y están recibiendo capacitación gratuita. Entre sus objetivos está que hasta 2020 todos los docentes consigan un título de tercer nivel y hasta 2030 todos tengan títulos de cuarto nivel. "La ciudadanía está confiando en nosotros, porque vamos a garantizar la educación", dice Santacruz y deslegitima a la UNE. "La Unión Nacional de Educadores se ha caracterizado por mantener las prácticas de lanzar piedras, el insulto, el manipular estudiantes, los paros, las huelgas, solo imagínese que desde 1975 a 2010, hubo 711 días de paralización, es decir, casi dos años sin clases".
El primero de mayo las nuevas organizaciones sociales partirán desde el sur de la ciudad y llegarán a una plaza del Centro Histórico, donde se reunirán con el presidente Rafael Correa. La propaganda gubernamental que estos días inunda los medios de comunicación invita a todos a ir la concentración oficialista para celebrar "la revolución laboral". Todo bajo el lema que surgió hace unos meses de: "Somos más, muchísimos más".
La marcha de los sindicatos opositores, en cambio, partirá del Instituto de Seguridad Social, en el norte de la ciudad, y también avanzará hacia el centro de la ciudad. Ellos exigen un nuevo Código de Trabajo, que las pensiones jubilares conserven el 40% del apoyo estatal y que la afiliación de las amas de casa cuente con financiamiento del Estado y tenga acceso a todas las prestaciones sociales.
