Cameron endurece las medidas contra la inmigración ilegal en Reino Unido
Trabajar indocumentado o emplear a 'sin papeles' será delito, anuncia el líder conservador
Patricia Tubella
Londres, El País
La policía británica podrá confiscar los salarios percibidos por los trabajadores sin papeles, como parte de una ofensiva legislativa anunciada este jueves por el primer ministro, David Cameron, con el principal objetivo de “hacer del Reino Unido un país menos atractivo” para la inmigración ilegal. Trabajar indocumentado o dar empleo a quienes antes no hayan regularizado su situación constituirá un delito.
Los últimos datos oficiales, difundidos coincidiendo con el discurso de Cameron en la sede del Ministerio del Interior, se empecinan en contradecir la promesa electoral del jefe de Gobierno de reducir la inmigración neta anual a 100.000 personas. La cifra de 318.000 inmigrantes registrada en 2014 supone un aumento del 50% respecto al año anterior, que el primer ministro ha achacado a la interferencia de sus antiguos aliados liberal demócratas en el Gobierno. Reelegido el pasado 7 de mayo con una mayoría absoluta que le libra de la necesidad de pactar con otras fuerzas, Cameron promete ahora “una actitud más dura y más justa” ante la inmigración ilegal “que puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos”.
El paquete de medidas anticipado hoy, y que se presentará oficialmente el próximo miércoles durante el tradicional Discurso de la Reina que inaugura la legislatura, tiene su punto más destacado en la amenaza de procesar a los trabajadores indocumentados y a las empresas que los contraten. “Todos aquellos involucrados en el empleo ilegal estarán violando la ley”, ha subrayado el primer ministro en alusión, no sólo a los trabajadores que entran el país de forma irregular, sino también a los ciudadanos no comunitarios que lo hicieron como turistas o estudiantes y se quedaron en territorio británico para trabajar una vez expirado su visado.
El Gobierno conservador proyecta también otorgar poderes a las administraciones municipales para perseguir en los tribunales a quienes alquilen una vivienda a los sin papeles, requerir a los bancos que inspecciones las cuentas de los clientes sospechosos de no haber regularizado su residencia en el Reino Unido y acelerar los trámites de deportación de los indocumentados.
“Un país fuerte es aquel que controla la inmigración, no el que permite situaciones ilegales”, sentenció Cameron en vísperas de su viaje a Letonia para discutir con sus colegas de la Unión Europea un endurecimiento de las reglas en este terreno. Londres pretende restringir el acceso de los inmigrantes comunitarios al Estado del bienestar británico “para reducir los incentivos de las personas que quieren instalarse en este país”. Ese será el primer paso en sus esfuerzos por renegociar el estatus del Reino Unido en el seno de la UE antes del referéndum sobre la adhesión a la casa común europea que prometió convocar en 2017 si ganaba las elecciones.
Londres, El País
La policía británica podrá confiscar los salarios percibidos por los trabajadores sin papeles, como parte de una ofensiva legislativa anunciada este jueves por el primer ministro, David Cameron, con el principal objetivo de “hacer del Reino Unido un país menos atractivo” para la inmigración ilegal. Trabajar indocumentado o dar empleo a quienes antes no hayan regularizado su situación constituirá un delito.
Los últimos datos oficiales, difundidos coincidiendo con el discurso de Cameron en la sede del Ministerio del Interior, se empecinan en contradecir la promesa electoral del jefe de Gobierno de reducir la inmigración neta anual a 100.000 personas. La cifra de 318.000 inmigrantes registrada en 2014 supone un aumento del 50% respecto al año anterior, que el primer ministro ha achacado a la interferencia de sus antiguos aliados liberal demócratas en el Gobierno. Reelegido el pasado 7 de mayo con una mayoría absoluta que le libra de la necesidad de pactar con otras fuerzas, Cameron promete ahora “una actitud más dura y más justa” ante la inmigración ilegal “que puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos”.
El paquete de medidas anticipado hoy, y que se presentará oficialmente el próximo miércoles durante el tradicional Discurso de la Reina que inaugura la legislatura, tiene su punto más destacado en la amenaza de procesar a los trabajadores indocumentados y a las empresas que los contraten. “Todos aquellos involucrados en el empleo ilegal estarán violando la ley”, ha subrayado el primer ministro en alusión, no sólo a los trabajadores que entran el país de forma irregular, sino también a los ciudadanos no comunitarios que lo hicieron como turistas o estudiantes y se quedaron en territorio británico para trabajar una vez expirado su visado.
El Gobierno conservador proyecta también otorgar poderes a las administraciones municipales para perseguir en los tribunales a quienes alquilen una vivienda a los sin papeles, requerir a los bancos que inspecciones las cuentas de los clientes sospechosos de no haber regularizado su residencia en el Reino Unido y acelerar los trámites de deportación de los indocumentados.
“Un país fuerte es aquel que controla la inmigración, no el que permite situaciones ilegales”, sentenció Cameron en vísperas de su viaje a Letonia para discutir con sus colegas de la Unión Europea un endurecimiento de las reglas en este terreno. Londres pretende restringir el acceso de los inmigrantes comunitarios al Estado del bienestar británico “para reducir los incentivos de las personas que quieren instalarse en este país”. Ese será el primer paso en sus esfuerzos por renegociar el estatus del Reino Unido en el seno de la UE antes del referéndum sobre la adhesión a la casa común europea que prometió convocar en 2017 si ganaba las elecciones.
