Bolivia y Perú se acusan por la demora en la extradición
Después de la huida de Martín Belaunde, los gobiernos de Bolivia y Perú comenzaron a cruzar acusaciones sobre la lentitud en la extradición del exasesor del presidente peruano Ollanta Humala.
La Cancillería boliviana afirma que las autoridades del vecino país no aceleraron los trámites, pero el procurador anticorrupción de Perú, Joel Segura, denunció trabas legales para el lento proceso de entrega del empresario y exasesor presidencial, investigado por presuntos hechos de corrupción en su país.
El canciller boliviano, David Choquehuanca, declaró el martes que la Embajada de Perú en Bolivia fue comunicada el 14 de mayo con el auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la extradición de Belaunde, quien cumplía detención domiciliaria.
También dijo que se solicitó la confirmación de "personal responsable del traslado del extraditable (Belaunde), el lugar y la fecha de entrega. Al presente (hasta el martes pasado) aún no se recibió ningún pronunciamiento oficial del Gobierno peruano”, dijo Choquehuanca.
El procurador anticorrupción del vecino país, Joel Segura, indicó que el Gobierno peruano desplegó todas las acciones legales para lograr la extradición de Belaunde Lossio, pero había recursos pendientes en el Tribunal Constitucional de Bolivia que impedían concretar la entrega del empresario peruano antes de su fuga ocurrida el domingo.
En declaraciones a la radio Programas de Perú, explicó que pese a que la solicitud de extradición ya había sido aceptada, las apelaciones presentadas por la defensa del empresario representaron un gran obstáculo para el Estado peruano, toda vez que Bolivia "nos pedía que el Tribunal Constitucional definiera los procesos pendientes”.
También dijo que las cancillerías de Perú y Bolivia coordinaban acciones conjuntas para determinar la fecha de extradición del otrora asesor de Ollanta Humala.
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, ratificó que la extradición de Belaunde estaba en manos de las autoridades peruanas, pues solamente quedaba por definir el lugar y la fecha de entrega.
Actualmente se desconoce el paradero del exasesor del presidente Humala; no obstante, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el prófugo aún no salió del país.
El martes por la noche, el ciudadano peruano declaró que fue secuestrado y no huyó por su voluntad, pero habría logrado escapar de sus captores en pleno movimiento del vehículo.
Sobre esta versión, el presidente del Senado dijo que se trata de una "novela”, por lo que pidió "que venga y se entregue, o que se entregue al Perú. Las personas prófugas no merecen ser acreditadas, no hay porqué creerles, por qué deberíamos creerle a un señor que está prófugo, es un mentiroso”, dijo.
El empresario peruano habría fugado, según la versión del Gobierno boliviano, el domingo al promediar las 3:00.
Bolivia asumió la responsabilidad
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, respaldó a los integrantes de su Gabinete y descartó que alguno de ellos tenga "responsabilidad política” en la fuga de Martín Belaunde Lossio, según publica el diario peruano La República.
En conferencia de prensa, Cateriano aseguró que la responsabilidad política ya fue asumida por el Gobierno de Bolivia.
"Ha renunciado un ministro de Estado (Hugo Moldiz) y ha sido relevado un jefe de la Policía (Luis Enrique Cerruto). Acá (en el Perú) no hay responsabilidades políticas, porque los ministros han actuado con diligencia”, dijo.
"Todos los ministros involucrados en las gestiones cuentan con la confianza del Presidente de la República (...), reafirmo que el Gobierno puso todos los esfuerzos a su alcance para lograr la extradición”, agregó, según La República.
Por ahora, Martín Belaunde Lossio sigue prófugo. El martes aseguró, desde la clandestinidad, que fue secuestrado, pero logró escapar, y no se entregará a la justicia peruana.
El empresario fugó el año pasado de Perú hacia Bolivia, donde estuvo con detención domiciliaria hasta que las autoridades de ese país ordenaron su extradición. Es investigado por presuntos vínculos con el caso La Centralita.
