Seis años del caso Terrorismo entre el fracaso fiscal y denuncias de montaje
Este jueves 16 de abril se cumplen seis años de un operativo policial que se cumplió en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde murieron tres extranjeros y dos fueron detenidos. Con el tiempo, el Gobierno los acusó de ser parte de una célula terrorista y que llegaron a Bolivia con fines separatistas. Esa acusación, dio lugar a una “cacería” de líderes cívicos y políticos cruceños.
Pero a 72 meses del polémico caso Terrorismo I, el mismo fiscal que investigó tres años el caso, Marcelo Soza Álvarez, se encuentra refugiado en Brasil, tras revelar -desde Brasilia- que el caso fue un montaje del gobierno para descabezar a la oposición cruceña.
El exfiscal entregó -el 25 de abril de 2014- el documento titulado Declaración al Consejo Nacional del Refugiado – Conare de Brasil, acompañado de 118 pruebas, entre ellas extracto de llamadas, grabaciones y fotografías que respaldan un supuesto montaje y seguimiento al caso que realizaba el presidente Evo Morales.
En ese informe se menciona además cómo “el caso era manejado desde la vicepresidencia del Estado, a cargo de Álvaro García Linera, su hermano Raúl García, y agentes del Ministerio de Gobierno, que fabricaron un testigo como Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, quien de hombre clave pasó a ser delator del gobierno”.
Soza –desde Brasil- retó meses atrás a Morales y García Linera someterse a la prueba del polígrafo para que el pueblo boliviano conozca quién miente; sobre la teoría que todo el caso fue armado desde el gobierno. Las pruebas fueron las declaraciones del mismo Villa Vargas, quien admitió que el atentando a la casa del Cardenal Julio Terrazas fue una obra suya, junto a policías por instrucción del Ministerio de Gobierno.
El exrepresentante del Ministerio Público reveló ante el Conare brasileño que el otro testigo -traído desde la Argentina por el exministro Sacha Llorenti- fue Juan Kudelka para implicar al ex líder cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic, también refugiado en Brasil.
En todo caso, el fin era salir libre por acuerdo con Llorenti; algo que no ocurrió porque Kudelka pasó 5 años y medio en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Traslado
A casi un año de la fuga de Soza, el teniente de Policía José Juan Laguna -excustodio de Soza que también pidió refugió a Brasil alegando persecución política- declaró a Erbol que el principal cabecilla del caso terrorismo I, el húngaro-boliviano, Eduardo Rozsa Flores, fue traído desde España por el ex comandante general de la Policía, Jorge Santiestaban.
El 6 de junio de 2014, el ex director de Régimen Interior, Boris Villegas, quien condujo los operativos policiales de detención a los acusados, afirmó que “todo lo declarado por el ex fiscal, Marcelo Soza, ante el Conare de Brasil, es verdad”.
Denuncia de encubrimiento
La senadora Carmen Eva Gonzales, a tiempo de evaluar los seis años del caso terrorismo, mostró su extrañeza por qué la Fiscalía General del Estado incurrió en acciones de encubrimiento al no investigar el caso del “video soborno”, las denuncias de montaje y quién trajo a Rozsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, abatidos en el hotel Las Américas.
En un denominado “video soborno” que presentó la parlamentaria se observa al exagente del Ministerio de Gobierno, Carlos Núñez del Prado “entregando a Villa Vargas “El Viejo” 33.000 dólares para que huya a la Argentina tras firmar una declaración donde acusa a varios líderes cruceños”. Sin embargo, el mismo Villa Vargas confesó que ese dinero le fue confiscado por los mismos agentes
“Lo mismo ocurre –dijo Gonzales– con la Cancillería donde David Choquehuanca se niega a certificar la “Carta al Pueblo de Bolivia” que entregó Marcelo Soza, en la que ratifica el montaje. Además de los informes forenses -enviados por el Gobierno de Irlanda- que señalan que Dwyer fue ejecutado”.
Gonzales manifestó que la comisión de fiscales en lugar de investigar los hechos se dedicó a ofrecer a los imputados juicios abreviados y darles sentencias “benévolas”, con el fin de tener el discurso de que todo está probado, tal como se difundió en una reciente separata financiada por el Gobierno, en el que el fiscal Sergio Céspedes, “se explaya en elucubrar sobre algo que sólo existe en la cabeza del gobierno”.
Lamentó que hasta la fecha, “la fiscalía tampoco haya tomado la decisión de investigar al gobernador electo de Santa Cruz, Rubén Costas, acusado por Mario Tadic y Elöd Töasö, de haberlos traído junto a Eduardo Rozsa Flores para activar el caso terrorismo y desatar la persecución a líderes y empresarios cruceños opositores al gobierno, entre ellos, Guido Nayar, Branko Marinkovic, entre otros”.
Gonzales anunció que tomará acciones de fiscalización para evitar que la fiscalia sea cómplice de ese montaje gubernamental con fines políticos que destruyeron familias en Santa Cruz.
